Jorge Moruno

Sociólogo

El trabajo que se crea en España no es empleo, pues no cumple con las características propias del empleo (seguridad, salario suficiente, certidumbre en el tiempo, acceso a derechos…), por lo que la afirmación del PP, “no hay mejor política social que crear empleo”, es falsa. Aunque el problema productivo español viene de lejos y ha pedaleado durante años en el aire del crédito, podemos observar que entre enero y septiembre de 2016 hubo un promedio de 76.213 afiliados más en la Seguridad Social con respecto a los nueves primeros meses de 2011, pero los ingresos durante ese periodo se han reducido en 831 millones de euros. La realidad española es más sangrante pero los síntomas del resquebrajamiento de la sociedad del empleo pueden observarse, en mayor o menor grado, en los distintos países europeos y EEUU.

Más afiliados con menos ingresos, peores salarios, más déficit, más recortes, más recesión, más deuda. Tanto Cáritas como la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, alertan de la desconexión que se da entre el crecimiento de la economía y la reducción de la desigualdad, dado que según sus cálculos casi la mitad de los españoles vivirá en situación precaria o en riesgo de caer en la pobreza aunque se supere la crisis. Cuando existe un paro crónico y estructural, cuando la naturaleza del propio crecimiento consiste en destrozar las bases y reglas sobre las cuales tenía lugar la sociedad del empleo, y la precariedad se eleva a modelo social, ¿qué salida hay toda vez que el empleo en forma, escala y modo ha dejado de ser la clave de bóveda en nuestra sociedad?

El establishment dice 'mejor un trabajo que no tener ninguno', aunque eso impida acceder a una vivienda, formar una familia, programar medianamente la vida, contar con una garantía de ingresos suficientes, tener derechos y poder obtener reconocimiento social, sensación de utilidad y realización personal en lo que haces. Vamos a ser claros: la sociedad estructurada alrededor del empleo estable y seguro está en decadencia, y todo intento por volver a un modelo de regulación social parecido al de los años 60-70, está condenado al fracaso. ¿Esto quiere decir que no es necesario llevar a cabo un cambio de modelo productivo (ecológico) y buscar nuevas fuentes de empleo? ¿Quiere decir que no hay que subir salarios y pelear por los puestos de trabajo? No, no quiere decir eso, ambas son necesariamente complementarias, pero la transformación general que tiene lugar en nuestras sociedades a todos los niveles es de tal magnitud, que obliga a pensar en un cambio en la forma de organizar la convivencia y los criterios de ciudadanía más allá del empleo.

En palabras de la OIT, “el modelo de empleo estándar es cada vez menos representativo del mundo del trabajo actual”, o en boca del Secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Luca Visentini, “el trabajo ya no garantiza una vida decente.” Sin embargo, esto nada tiene que ver con la idea del “fin del trabajo”, a no ser que pensemos que empleo es sinónimo de trabajo, y no lo es. Temporalidad, precariedad, inseguridad, disponibilidad total, emprendeudores, subcontratas, informalidad, becarios, freelance, prácticas etc… esa es la deformación del trabajo contemporáneo, el verdugo de las mil caras que impacta sobre todas las esferas de la vida (servicios públicos, movilidad, vivienda, cuidados, deuda…)

El pleno empleo como faro a seguir correspondía a una sociedad que se guiaba por otros horizontes y en donde los beneficios de hoy significaban los empleos de mañana. Sabemos que un retorno al pasado no es posible, pero sin duda la salida no pasa por incentivar un modelo de competencia encarnizada en el que todos nos lanzamos a la carrera frenética por emprender y “perseguir los sueños”, en busca de las oportunidades que puede ofrecer el mercado dinamizando así la economía: en España el 61% de las empresas sin asalariados no supera los cinco años de vida. De hecho, tal y como muestra el economista Ha-Joon Chang, según indica la OCDE mientras que en Bangladesh el 75% de la mano de obra no agrícola trabaja por cuenta propia, en Noruega lo hace el 6,7% y en EEUU el 7,5%. Las posibilidades de que un habitante de Benín sea empresario multiplica por trece las de que lo sea un noruego. No son más “avanzados” los países que cuentan con altas tasas de trabajadores por cuenta ajena.

Si la sociedad del pleno empleo ya no es una opción, ¿cómo podemos pensar el papel del trabajo, el bienestar y la actividad en nuestra sociedad? Plantear hace quince años un ingreso garantizado universal, individual e incondicional a toda la población por el mero hecho de existir era mucho más sorprendente que hacerlo hoy, y dentro de un tiempo lo será todavía menos. Existen varios modelos de financiación; el economista Daniel Raventós ha propuesto uno basado en una reforma del IRPF, pero también se proponen otros a modo de compensación a la sociedad en forma de dividendos pagados por algunas empresas. En cualquier caso el principal escollo es cultural e ideológico, no económico. Ya existen distintos proyectos en varios países de ingreso garantizado: en la ciudad de Utrecht en Holanda, en Finlandia y recientemente en Ontario, Canadá. En Suiza se celebró un referéndum que se resolvió con resultado desfavorable.

Pero para que el ingreso garantizado adopte una tonalidad transformadora, es necesario disputar el sentido político y las implicaciones de su implantación. Existen opciones que lo conciben como un cheque que sustituye a los servicios públicos, lo cual sería profundamente regresivo. Otras lecturas lo limitan al aumento de la capacidad social para incentivar el consumo. Sin embargo, lo interesante del ingreso garantizado reside en la capacidad de formar parte de todo un diseño institucional de derechos cristalizados en redes colaborativas y públicas, que hagan las veces de fondo de inversión en la sociedad para evitar que el acceso al bienestar lo decida el mercado. Necesitamos asumir otra forma de valorar la utilidad más allá del beneficio económico y apostar por democratizar el uso del tiempo alterando las relaciones de poder. La relación entre crisis de la sociedad del empleo y disputa política es total: o se consiguen garantías contra la angustia e inseguridad, y una proyección a los deseos y anhelos, o lo hará la extrema derecha. Perfilar una sociedad cada vez más productiva que implante una política del tiempo orientada a garantizar el derecho a trabajar todos para trabajar menos, junto con el derecho a realizar y realizarse haciendo y consumiendo muchas otras actividades libres de la dominación abstracta que privatiza el tiempo: una sociedad basada en el derecho al bienestar.