Ángela Vallina

Eurodiputada de Izquierda Unida

Los derechos de la mujer son los derechos de todos y todas porque decir otra cosa sería hacerse trampas al solitario: los derechos lo son por su universalidad y, cuando ésta no se cumple, de lo que hablamos es de privilegios. De privilegios y de su contrario, las cargas y desventajas que recaen en los excluidos, que en este caso son excluidas, es decir, algo más de la mitad de la humanidad.

Este año, se conmemora en la Unión Europea (UE) el 30 aniversario de la constitución de la Comisión de Derechos de la Mujer y, para quién pretenda buscar una contradicción por acotar, por sexo, unos derechos, ya le adelanto que pierde el tiempo: no se trata de una Comisión para el privilegio sino, exactamente, para combatirlo porque, lamentablemente, en el mundo y en esta Europa, que se proclama como el espacio de la defensa de los derechos universales del hombre (y de la mujer, que hasta en esta declaración inicial se nos invisibiliza), millones de mujeres, como yo, como usted, como sus madres, hermanas, hijas, continúan sometidas a un modelo que trata de subyugarlas, limitarlas y coartarlas.

Hay una violencia estructural hacia la mujer, y no hablo solo de los asesinatos, de la violencia machista, ni de la tortura -permítaseme la licencia, porque sólo así puede comprenderse en palabras el drama de tantas y tantas mujeres maltratadas- dentro de la pareja, o fuera, por su maridos, compañeros o ex compañeros sentimentales.

Han sido 30 años de avances y retrocesos, tanto desde una perspectiva legislativa como sociológica, porque hoy parece que los recursos para acabar con la discriminación se intentan desviar hacia otros lugares con la excusa de la crisis, y porque hoy las estadísticas ponen de manifiesto que, todavía existen jóvenes machitos que consideran a la mujer como un ser que debe plegarse al hombre en su vida.

No debe extrañarnos. La discriminación de la mujer viene de largo. La religión dio cobertura, primero, a la irracional justificación de la dependencia y del sometimiento de un sexo al otro; las leyes, luego, amparon la visión patriarcal y machista, bajo un entramado heteronormativo, orientado a la invisibilizacion de las mujeres y a la privación de sus derechos, dentro y fuera del hogar. Junto a ello, el propio sistema productivo potenció el status quo, relegando a la mujer, salvo excepciones, a papeles secundarios, con peores salarios, limitando su carrera profesional o, directamente, expulsándola, o impidiéndole acceder al mundo laboral, cuando se quedaba embarazada. Recuerden a la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, y su impresentable reconocimiento de que prefería contratar a mujeres que no estuvieran en edad fértil.

Y, en política, igual, porque la gran parte de los partidos estaban y están impregnados de ese machismo depredador, estrecho de miras y entregado a la defensa de intereses ajenos a los de la ciudadanía, entregado al poder económico que se aprovecha de la discriminación de las mujeres. Tratan de ocultarlo, pero las palabras de sus líderes y lideresas les delatan, en comentarios sexistas y de dudoso gusto o con deslices verbales que traslucen su desprecio a la igualdad y, mucho peor, en sus hechos.

En España, la llegada del PP ha supuesto una involución clara, en la que a los recortes de los derechos -la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo tiene que ver con eso- se sumaron los recortes económicos. Pretender hablar de la defensa del "nasciturus" para justificar algo meramente ideológico-religioso es aún más sarcástico cuando, en este país, sufren la pobreza millones de niños y niñas (2.306.000 de menores viven por debajo del umbral de la pobreza, un escalofriante 27% de la infancia). Parece que, cuando ya están vivos, ese interés superior desaparece y nada les importa echar a sus madres del trabajo o la aprobar reformas laborales que permiten que hoy, de los 12 millones de personas pobres, 2 millones tengan un empleo.

En nuestro país los recortes son aún más sangrantes. No podemos olvidar que frente a otros países del entorno como Francia, y no digamos ya del norte europeo, las mujeres partíamos de una situación de desventaja mayor. No fue hasta 1974 cuando se aprueba la ley en la que las mujeres pudieron empezar a liberarse, en cierta medida, del yugo masculino, al serles reconocido el derecho a ser propietarias de su propio patrimonio y a gestionarlo. Hasta entonces, para vender su herencia, por ejemplo, tenía que lograr antes la autorización de su marido. Parecerá increíble, pero eso sucedía en España hace sólo 40 años. Y qué decir de la lucha que han tenido que enfrentar las asociaciones feministas para alcanzar el reconocimiento y lograr, muy poco a poco, mayores cotas de igualdad. Y digo mayores y no plenas, porque para lograr la igualdad efectiva, más allá de las leyes, todavía falta un largo trecho por recorrer.

Lo malo es que la involución de la que hablo no afecta sólo a España, sino también a la Unión Europea. Esta semana pasada, en las jornadas para conmemorar las tres décadas desde la constitución de la Comisión de Derechos de la Mujeres de la UE, pudimos comprobar que los avances son lentos, demasiado lentos, como reconocía el propio presidente del Parlamento, Martin Shulz, quien aseguraba que, a este ritmo -no sabemos cual, si el anterior a la crisis o el actual- faltarían 81 años para alcanzar la igualdad entre los dos sexos. Y lo decía en un lamento falso, pues la socialdemocracia, junto a los conservadores, han tenido el timón de Europa desde su fundación y, por tanto, también la capacidad para que hoy no tuviéramos que seguir reivindicando nuestros derechos.

La desigualdad no es una plaga bíblica, ni un castigo ni, mucho menos, el natural estado de las cosas. La desigualdad que existe entre hombres y mujeres responde a motivaciones ideológicas y para acabar con ella es necesaria la voluntad política algo que, desgraciadamente, no vemos y tiene responsables. Pondré un solo ejemplo, el de la Comisión Europea, donde de los 28 Comisarios solo 9 son mujeres. Y aquí no sirve decir que se ha elegido a cada uno de ellos en función de su valía. Es falso: ha respondido a los equilibrios de poder económico y político de un mundo, una Europa y una España, que estuvo y está gobernada desde patrones sexistas, discriminadores y que se resiste a modificar el patrón heteronormativo, en lo público y en lo privado.

Europa puede y debe cambiar de rumbo porque las mujeres, y los hombres, no pueden esperar esos 81 años que, con tanta indolencia, dice el líder de la socialdemocracia en Bruselas, todavía faltan para lograr la efectiva igualdad. Basta de mentiras y falsedades, porque hay muchas cosas que se pueden hacer ya mismo, cumpliendo la paridad, para empezar, en la Comisión Europea; con la aprobación de la directiva europea de maternidad; o la directiva para garantizar la presencia igualitaria de mujeres en los consejos de administración de las grandes empresas. ¿Por qué no lo han hecho? Porque no creen en la igualdad.

En España, también es posible, acabando con los recortes y las mentiras: el Gobierno del PP presupuestó 20 millones de euros para violencia de género, por más que en el foro de ONG's Beijing, celebrado hace nada en Ginebra, la representación española asegurase, sin sonrojo, que se destinan 1.000 millones de euros.

Por las mujeres y por los hombres, por usted y por mi, lectora, por sus hijas, madres y esposas, lectores y lectoras, tenemos que ser capaces de cambiar la situación. Y tenemos que hacerlo en nuestra vida cotidiana, en las instituciones, en la calle y en las organizaciones y, cómo no, también con nuestros votos, porque no somos lo mismo unas fuerzas que otras. De nosotros y nosotras, de la gente, depende lograr la igualdad efectiva.