La democracia española, la del Estado Social y de Derecho, como consagra la Constitución de 1978 en su artículo primero, se construyó sobre las vidas y las experiencias de miles de personas, que fueron apartadas, encarceladas, torturadas y asesinadas por el simple hecho de ser gais, lesbianas, bisexuales o trans. Sus testimonios, como el de Octavio García, condenado a trabajos forzados en Tefía, Gran Canaria, por el simple delito de ser homosexual, son la muestra de cómo acababan quienes se apartaban de la norma, no escrita, de la heterosexualidad obligatoria. Con la vida partida, el futuro diezmado y la marca insoportable de la deshonra, eran incapaces de construir un futuro digno y un desarrollo de sí mismos en libertad plena. La medicina, la Iglesia y la ley se aliaron en un trinomio de la vergüenza que condenaba en vida a gais, lesbianas, bisexuales y transexuales por enfermos, pecadores o delincuentes. Era tal el pulso del Estado a nuestras identidades, que durante la misma transición se planteaba encerrar en centros reformatorios, psiquiátricos y campos de trabajo a gais y transexuales, para apartarlos de las calles por considerar que éramos peligrosos.

El Estado español tiene una deuda histórica de reconciliación con la verdad, de reconocimiento, pero, sobre todo, de pedir perdón por las atrocidades del pasado y poner fin a las violencias que todavía nos acosan. Una herida que solo se cerrará con el reconocimiento de los derechos, a través de una norma específica, de las personas y para las personas LGTBI. Un perdón que solo llegará a través de la palabra escrita, hecha ley, que ponga nuestros derechos, por una vez en la historia, en los textos legales para su disfrute pleno y reclamación.

Seamos conscientes del momento histórico, único, cuyas mayorías parlamentarias permitirán la aprobación de una norma del reconocimiento de derechos de todas las identidades bajo el paraguas de las siglas LGTBI, cuya lucha siempre ha ido de la mano y ha sido colectiva. Un momento de extrema importancia, que probablemente tardemos en volver a ver, dadas las dinámicas políticas en las que estamos imbuidos, de crispación y aumento del apoyo social de la extrema derecha. Por eso hay que abordar con responsabilidad, de todas las partes, la oportunidad histórica de tener una norma que ampare y reconozca todos los derechos y poner todo el esfuerzo en que ésta sea irrecurrible o al menos, invalidable por el Tribunal Constitucional. No es momento, por tanto, de pensamientos individualistas y propios, sino de seguir en la construcción de una causa común, con las fortalezas que eso supone y con la legitimidad que eso nos da.

La norma que está siendo elaborada, nacida del consenso del Gobierno de coalición, bajo el título dd Ley para la igualdad efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, pondrá a España en el lugar que se merece, cumpliendo los más altos estándares internacionales y europeos, reconociendo la libre autodeterminación del género de las personas trans, que no es más que el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad recogido en nuestra Constitución en su artículo 10, y que, a día de hoy, muchas personas trans ven cercenado limitado o tutelado, por un Estado que les sigue tratando como enfermas. La ley despatologizará sus vivencias y modificará el trámite para lograr su pleno reconocimiento en una ciudadanía de primera. Pero también será una ley integral que regulará los derechos que tenemos gais, lesbianas y bisexuales y que garantizará, por ejemplo, el acceso a la reproducción asistida de mujeres lesbianas en las mismas condiciones que el resto de la población, la inscripción de sus hijos e hijas e igualdad de condiciones que con las parejas heterosexuales, la prohibición de las terapias de aversión para convertirnos en lo que no somos y que todavía hoy se practican, o el derecho de todo niño o niña a criarse y desarrollarse en espacios educativos libres de odio y de violencia. Una ley que regulará el tratamiento de la administración con las personas LGTBI desde principios de respeto, autonomía y garantía de derechos y que pondrá a las personas en el centro de las políticas públicas, entre otras medidas. Por fin, personas trans, pero también lesbianas, gais y bisexuales vamos a ser ciudadanía de primera. Oponerse a esto, sea cual sea la motivación, es situarse en la papelera de la Historia.

La futura ley LGTBI no es una isla en medio de un océano ni viene a provocar un maremoto que se lleve lo logrado y lo conseguido, por nadie. La norma formará parte del derecho español vigente y que se imbricará en nuestro ordenamiento jurídico, con otras tan importantes que desarrollan derechos y que responden a luchas tan fundamentales como la lucha por el reconocimiento de derechos de las mujeres que ha logrado el movimiento feminista. Pero también porque la ley recoge la perspectiva de otras realidades, como la de las personas migrantes, con discapacidad o que sufren otras discriminaciones basadas en diferentes motivos. Porque, quien la elabora tiene el convencimiento firme de que la igualdad de unas, nunca, es un obstáculo para la igualdad de otras. Porque el reconocimiento de derechos amplio no vulnera ni elimina y borra, desde el punto de vista jurídico ni social, los logros y el reconocimiento de otros, como hemos en numerosos casos a lo largo de nuestra reciente historia democrática. Y porque el anteproyecto, además, se sustanciará en una ley después de un trámite parlamentario, con todo lo que eso implica de reforma, mejora y pulido.

El feminismo y la causa LGTBI tienen el mismo fin: la erradicación del machismo, que nos impone, desde distintas formas y estrategias, quienes debemos ser y qué papeles tenemos que ocupar, en base a reglas no escritas pero grabadas en la conciencia colectiva. Desde nuestro origen, el feminismo ha sido un aliado de la lucha por nuestros derechos. Fueron ellas quienes se pusieron con nosotras, las personas LGTBI, en la primera línea de las manifestaciones en la incipiente democracia española, en Barcelona, Sevilla o Madrid. Desde entonces hemos recorrido un camino juntas, y juntas lo seguiremos recorriendo. Porque los derechos de las personas LGTBI, como los de las mujeres, han venido para quedarse. Y eso es innegociable.

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, después de un enorme lío, ha llegado a un acuerdo. Por responsabilidad y con enorme generosidad. Ahora toca estar a la altura. Los derechos LGTBI serán ley.