En la vida, incumplir los compromisos adquiridos es el camino más corto hacia el descrédito. En política también, salvo para los que practican el cínico adagio del “promete que algo queda”.

Por lo tanto, si se adquiere el compromiso de derogar la reforma laboral del PP, si lo conviertes en tu santo y seña, si lo proclamas a los cuatro vientos, si lo plasmas en un documento que, bajo el título de Un nuevo acuerdo para España, recoge negro sobre blanco “derogaremos la reforma laboral” y “recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012”, si llenas la (maldita) hemeroteca de solemnes y fervorosas promesas, incluso en sede Parlamentaria, y llegado el momento no cumples, lo que queda es el descrédito y la decepción.

La que ha provocado el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos tras reducir a meros retoques su compromiso de derogar la reforma laboral del PP que, más allá de pequeños cambios, queda intacta en lo substancial, muy en particular en aquello que la define: el abaratamiento del despido, que no se toca. Hoy, con el consejo de ministros y de ministras más progresista de la historia, despedir sigue siendo igual de fácil e igual de barato que cuando gobernaba Mariano Rajoy.

Un lavado de cara non soluciona los problemas estructurales de nuestro mercado laboral, ni la pérdida de derechos de los trabajadores y de las trabajadoras a lo largo de las últimas décadas, ni la dramática tasa de paro juvenil, ni los bajos salarios que hace tiempo convirtieron el ser mileurista en una aspiración para la gente joven y la no tan joven, ni la brecha salarial de las mujeres, ni la emigración, que en Galiza se ha llevado por delante a 218.000 personas entre 16 y 34 años en apenas doce años, un drama social, económico y demográfico para mi País.

No pretendo negar lo positivo, pero esto no va de ver el vaso medio vacío o medio lleno, no va de consolarse porque, oye, “menos da una piedra”. Se trata de una oportunidad perdida, se trata de un compromiso incumplido, se trata de una claudicación ante una de las partes -la patronal- y ante Bruselas, una claudicación que mantiene condiciones de precariedad a cambio de unas ayudas en forma de fondos Next Generation, cuantiosos sí, pero que básicamente quedarán en manos de un puñado de multinacionales, de grandes corporaciones, pero que no llegarán a la clase trabajadora, ni se destinarán a mejorar la vida de la mayoría social.

En política no estamos para aceptar lo que no podemos cambiar, sino que, como diría Angela Davies, estamos para cambiar lo que non podemos aceptar. Así lo entendemos también en el BNG y por eso non podemos apoyar un parcheo que deja intacto lo más lesivo de la reforma laboral del PP: que mantiene la facilidad para los despidos colectivos pues siguen al arbitrio de la empresa; que mantiene la opción de mandarte a la calle por una caída del beneficio empresarial, aunque este siga siendo millonario; que mantiene que, salvo en el salario, el convenio de empresa puede imponer peores condiciones que el convenio sectorial.

No podemos apoyar un acuerdo que ni siquiera recupera derechos como los salarios de tramitación en los despidos improcedentes, ni permite que convenios provinciales o autonómicos mejoren los de ámbito estatal, que consolida la movilidad laboral, que no respeta las categorías profesionales. Todo eso sigue ahí, intocable.

Y lo peor, o desde luego algo que debería preocuparnos, es que es tal la dificultad de las nuevas generaciones para entrar en el mercado de trabajo, tal es la precariedad y la explotación que soportan, que muchas de estas cuestiones que hasta hace poco eran derechos ahora son ya percibidos por las más jóvenes como una especie de delicatessen laboral. Que asumes más categoría y responsabilidad, pero con el mismo salario, lo normal; que hoy estás aquí y pasado mañana te mandan a cualquier otro sitio, aunque ponga tu vida patas arriba, lo normal; ¡que trabajas muchas horas y no llegas a fin de mes, lo normal!

Por eso es tan grave la claudicación de PSOE y Unidas Podemos, porque es un gobierno que se define como progresista quien consolida y bendice la contrarreforma laboral de la derecha manteniéndola intacta más allá de retoques. Unos retoques que, por encima, actuarán como analgésico, ocultando los síntomas, pero sin curar la enfermedad de nuestro mercado laboral, que por encima pondrán sordina al debate de la precariedad, de los bajos salarios, de la temporalidad, del despido barato, de los derechos perdidos.

Pues, al fin y al cabo, quienes hasta hace bien poco proclamaban “no basta con retocar la reforma laboral, hay que derogarla”, ahora se sientan en los escaños del Gobierno y, con igual desparpajo, dicen que la derogación no es posible y nos venden como “histórico” un acuerdo que ha sido bendecido hasta por la ex ministra de Trabajo del PP.

De hecho, uno de los aspectos que más se ha destacado en el eufórico relato del Gobierno es la firma a tres partes, algo inédito en 40 años de reformas laborales. ¿Pero es que a nadie se le ha ocurrido pensar que si eso ha sido así durante cuatro décadas es porque o se defiende a la clase trabajadora o se está con la CEOE? La derecha tiene claro con quien está y lo demostró sin complejos en su reforma de 2012 imponiendo un cambio de paradigma, esa vez sí, en las relaciones laborales.

Pensábamos que la izquierda también tenía claro a quien debía defender y que cumpliría sus promesas electorales, pero lamentablemente no ha sido así. Lo honesto sería, cuando menos, reconocerlo, admitir que se hizo lo posible, pero que el statu quo fue más fuerte y que no se pudo ir más allá de un pequeño paso, en definitiva, lo honesto sería contar la verdad para que nadie se llame a engaño en lugar de empeñarse en magnificar el exiguo resultado con grandilocuencia vacua. Y por más que la bancada azul se empeñe en ganar el relato, ahí fuera, en la vida real, los trabajadores, las trabajadoras saben que despedirlas es hoy igual de fácil y de barato, gracias a una derogación que nunca existió.