"Habrá palos y esta vez pillarán ellos. Arderán las calles", así convocaba el fundador de Desokupa al pretendido desalojo de El Kubo y La Ruïna, dos centros sociales del pudiente barrio de la Bonanova de Barcelona usurpados a la SAREB, que los tuvo en abandono hasta su okupación en 2016 y 2019 respectivamente. Daniel Esteve era el autor de tamaña incitación a los desórdenes públicos (presunta, porque seria delito), en lo que siempre según su propio relato, iba a ser el desalojo forzoso perpetrado por su empresa.

Cuesta creer que el servicio esta vez era por amor al arte, aunque el banco malo se ha apresurado a desmentir toda colaboración con ellos. Todo apunta a que con los miles de consumidores de sus contenidos en redes sociales -y coincidiendo con el inicio de la campaña electoral-, esta vez el encargo, aún sin propietario conocido, era más propagandístico y movilizador. La jornada terminó en una concentración dispersa y pizza gratis para los más jóvenes, muchos medios, un puñado de youtubers y cuatro viejas glorias de las gradas futbolísticas. Juntos al grito de "puta Ada Colau" en una foto que recuerda más al resurgir de la vieja Fuerza Nueva que a un movimiento ciudadano renovador.

La cosa quedaría en anécdota, si no fuera porqué desde Socialistas, hasta el fondo a la derecha de Vox y Ciudadanos, han visto una ola surfeable. Pocos desalojos adquieren trascendencia nacional y menos sin estar programados por un juzgado o las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este caso, la extrema derecha ha encontrado un polvorín al que prender chispa por situarse en primer plano. Aunque lo de los okupas empiece a oler a rancio, sigue siendo un recurso para algunos; sin ir más lejos Junts, ERC, PSC y Ciudadanos pactaron en febrero en Catalunya la única ley conjunta en los últimos siete años. Una ley "anti-okupas", con más lírica que texto dispositivo, que "no servirá de gran cosa, sino para cambiar el marco mental", según el propio Ciudadanos.

Los datos no parecen señalar un problema de orden público, con una caída de la usurpación de inmuebles de hasta un 20% respecto al año anterior y una cifras nada relevantes en política criminal; 46 sucesos diarios frente a los 174 robos con violencia o 1.760 hurtos. Incluso los 0,6 allanamientos de morada diarios (okupación de casas no abandonadas), muy por debajo, por ejemplo, de los 2,75 delitos contra la hacienda pública. Lo cierto es que la okupación de inmuebles es mucho menor que los 40.000 desahucios anuales (los oficiales). La transformación progresiva del fenómeno de los centros sociales -dando paso a hogares de familias con necesidades-, apunta más hacia la autogestión de una crisis habitacional, descargada en los bancos y su infinito parque de vivienda vacía, frente a la incapacidad del Estado por satisfacer el problema con alquileres sociales o asequibles.

Años atrás, con cifras más ostentosas, las empresas del gremio de la coacción a morosos proliferaron en España, cabe decir que ante cierta dejadez de cuerpos policiales y estamentos judiciales. El oficio no tiene mucha enjundia, consiste en una especie de cobrador del frac pero con un puñado de fornidos individuos con cara de pocos amigos, que se las ingenian para convencer al desafortunado por las malas o por las menos malas de que la mejor opción es abandonar el lugar.

Un puñado de delitos suelen intervenir en esos quehaceres si la cosa sale mal; amenazas, lesiones, coacciones, extorsión, allanamiento de morada, realización arbitraria del propio derecho, asociación ilícita e incluso el tipo específico y literal de las coacciones sobre la vivienda, que establece penas superiores "cuando la coacción ejercida tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda". En la mayoría de los casos el morador se rinde rápido, ante el miedo y la presión, abandonando el lugar "voluntariamente" cual despertar con una cabeza de caballo.

Las empresas del gremio acumulan ciertas denuncias y pocas condenas, a pesar que cada vez son más los magistrados que consideran que "la actitud intimidante, corpulencia y mecanismos de presión asociados perturban el justo sosiego de los ciudadanos a los que se dirigen" (Audiencia Provincial de Madrid, sección 29), lo cierto es que la mayoría de jueces son reacios al reproche penal. Es francamente sorprendente desde el punto de vista jurídico; porque la impunidad de estas prácticas coactivas, representa la incapacidad de los poderes del Estado para resolver una cuestión menor como la usurpación de una propiedad y por tanto la cesión del uso de la fuerza, aun en su estadio simbólico, en el propietario. Al más puro estilo de Texas.

En el caso presente -la Bonanova- el cóctel resulta especialmente peligroso. El inicio de la campaña electoral ha puesto el foco en el dedo que señala, otorgando legitimidad a las formas más noventeras de la extrema derecha; cazadora bomber y botas Martens. Esta vez contra Ada Colau y la permisividad con los okupas, antes fue contra el independentismo y en el pasado contra pordioseros y transexuales, pero lo cierto es que los barrios altos de las capitales españolas son un polvorín para la violencia neonazi. Sin ir más lejos, este 13 de junio se juzga a los cuatro de la Plaza Artós por destrozarle el tímpano a un chico con una barra de hierro, en 2019, a escasos metros de la Bonanova, bajo el mismo grito de "¡A por ellos!". En ese caso algunos medios también se apresuraron en tratarlo de "enfrentamientos entre radicales", aunque todo el mundo pudo ver el video de la brutal e injustificada agresión a un joven camino de su casa, y la respuesta al final fue unánime; la Fiscalía y las acusaciones, Ayuntamiento incluido, pedimos cinco años de prisión para cada uno de los agresores.

Este domingo Abascal visita el barrio, como si de Ceuta se tratara. A nadie importa ya si la usurpación de inmuebles no es significativa, o si abandonó lo reivindicativo para parchear un problema de familias en pobreza a costa de bancos y multinacionales. Lo que está en juego es la capacidad política de la izquierda de enfrentar lo que ya es explícito y creciente desde Trump; la ultraderecha ganando terreno cultural en las calles y en los medios, generando un imaginario en los jóvenes donde rasgos racistas, machistas u homófobos, y apelar a la violencia es ser rebelde, aceptable y contracultural. Si pasan o no pasan, desde Barcelona y hacia todos los pueblos del Estado.