Destrucción y devaluación del empleo en el sector financiero

La EPA del primer trimestre del año informó que en nuestro país aún tenemos una tasa de paro del 14,70% (sigue doblando la tasa media europea): 3.354.200 desempleados y desempleadas, de los que 1.570.500 son hombres y 1.783.800 son mujeres.

Del total de desempleados y desempleadas que arroja la EPA 1er Trimestre-19, 1.239.400 corresponden al sector servicios, entre los que se encuadran los sectores de la actividad que organizamos en el Sector Financiero, Seguros y Oficinas.

Mientras que la población activa crece en 155.000 personas en el último año, datos del Banco Central Europeo, dicen que en el sector financiero: Banca, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito (en términos de convenios colectivos), hemos pasado de los 276.497 trabajadoras y trabajadores que había en 2008, a los 179.055 a cierre de 2018; lo que supone una pérdida de 97.442 puestos de trabajo (un 35,24% de tasa de destrucción de empleo).

En lo que llevamos de año 2019, hay que sumar los 3.223 que contempla el ERE de Banco de Santander, firmado el pasado día 17 de junio y los 2.023 de Caixabank, del ERE firmado el día 8 de mayo. Es decir que ya hemos rebasado los 100.000 empleos destruidos desde que comenzó la crisis, cuyos efectos aún se hacen sentir en el empleo y sus condiciones.

La destrucción de empleo en el sector financiero en España, ha sido el doble que la media europea: el 17,65%. Y el doble que en Alemania: el 18%. Dicho de otro modo; uno de cada cuatro empleos destruidos en el sector financiero europeo corresponde a nuestro país.

Datos a fecha de 2017, del informe anual de estructuras financieras que emite el Banco Central Europeo (BCE), en España había a esa fecha un trabajador de banca por cada 249 habitantes; casi el doble que en Alemania, donde había a la misma fecha 131 habitantes por trabajador del sector financiero; 166 en Francia, los 205 de Italia; o los 174 de la media.

Como se puede comprobar, todos los datos indican que en nuestro país, las reformas laborales; herramientas que se diseñaron para que el capital saliese de la crisis cargando los costes, de su crisis, en las espaldas de los trabajadores y trabajadoras, se han aplicado con extrema brutalidad, particularmente en el Sector Financiero.

Esta destrucción masiva de empleo es una de las consecuencias de la transformación del sector Financiero; aunque además de transformación hay que hablar de hiperconcentración. Tanto es así que ya se puede decir, sin miedo a exagerar, que vivimos en una situación de oligopolio financiero (5 entidades aglutinan más del 70% del volumen de negocio por activos). Una transformación/concentración alimentada, o regada como le gusta decir a Mario Draghi, con dinero público.

Como ya hemos señalado en otros artículos desde FeSMC-UGT, la concentración bancaria no es un “invento” que nace con la crisis de 2008. Ya en los años 70 del pasado siglo, el Estado saneó el Banco Valladolid y el Banco Cantábrico, entre otros, con un coste para las arcas públicas de 158,9 MM €.

En los 80, fueron 17 las entidades saneadas, entre ellas en Banca Catalana, con un coste, sólo en esta operación, de 502,4 MM € y Banco Urquijo Unión con un coste de 232,6 MM €. Sin mencionar los más de 4.000 MM € en los que se cifró la expropiación de RUMASA, cuyo Grupo empresarial incluía 18 entidades bancarias, que fueron engullidas por “los siete grandes” de la época: Banesto, Bilbao, Hispano, Central, Popular, Santander y Vizcaya.

En los 90, destaca por encima de todo lo anterior la intervención de BANESTO, que tuvo un coste para el erario público de 1.168 MM €.

La suma total del coste para el Estado, en las tres últimas décadas del s. XX, del saneamiento de entidades bancarias y cajas de ahorro, fue de 5.763,6 MM €. Una enorme cifra de dinero, que queda “insignificante”, al lado de la ingente cantidad de dinero público que se ha puesto a disposición del saneamiento bancario en los últimos diez años: 167.458 millones de euros, en: Capital para el saneamiento (61.366 MM€), Avales otorgados por el FROB (EPA) (28.667 MM€), Emisiones de deuda avaladas por el Tesoro Público (51.532 MM€), Adquisición de activos por la SAREB (22.794 MM€) y líneas de liquidez (3.099 MM€).

El Estado viene por tanto inyectando dinero de las arcas públicas, para sanear un sector que es sistémico, es decir que es fundamental para el sistema económico, pero que dicho sector está dejando un rastro de destrucción de empleo y exclusión como jamás habíamos conocido; baste recordar que, junto a lo ya dicho en materia de destrucción de empleo, el 50% de los municipios del Estado español carecen de servicio bancario.

Las instituciones del Estado deberían intervenir, pero no para continuar dotando de fondos públicos a entidades privadas, sino para dotarse de un polo de Banca Pública que permita disponer de una herramienta de distribución de crédito al Instituto de Crédito Oficial (ICO), a partir de la red de oficinas de Bankia, cuya entidad es mayoritariamente propiedad del Estado, dando utilidad así a los 24.000 millones de euros destinados a sanear Bankia y BMN (esta última hoy integrada en Bankia). Es probable que si el Estado diese servicio bancario en la “España vaciada”, ayudase a esas zonas a recuperar el pulso económico perdido. En todo caso prestaría un servicio bancario necesario pero ausente para un importantísimo número de ciudadanos y ciudadanas. Incluso cabe pensar que la banca privada volvería a verse motivada a abrir oficinas en las zonas que hoy ha abandonado, con la consiguiente contratación y creación de empleo, al calor del negocio que muchos clientes están demandando y que no es otro que la banca tradicional.

La banca es un servicio que la sociedad necesita, no es solo un servicio para una minoría privilegiada con capacidad de inversión.