María Espinosa, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid y Jesús Santos,concejal portavoz del grupo municipal Ganar Alcorcón

Ambos miembros de la Secretaría de Unidad Popular de Podemos Comunidad de Madrid

Imagínate que haces un bote común con tus vecinas y vecinos de comunidad para pagar los gastos comunes (agua, luz, mantenimiento, infraestructura…). Nombráis un administrador, que tiene los poderes no sólo de gestionar el dinero común, sino de contratar estos servicios. Este administrador es rápidamente “cortejado” por directivos de sucursales bancarias, propietarios de grandes cadenas de producción o dueños de constructoras. De repente, hacéis zapping en la televisión y veis a vuestro administrador en el palco del Santiago Bernabéu o del Vicente Calderón, lo veis ocupando un asiento en una magnífica cena de gala de alto “standing”. Llega un día donde, el administrador, os dice contrariado que, el elevado precio de los gastos comunes exige obtener más fondos pero, ¡que no se preocupe nadie! Ha hablado con su amigo Ramiro, de un conocido banco de la ciudad, y está dispuesto a dejar un préstamo en “buenísimas condiciones” para seguir haciendo frente a los gastos. Entonces, la comunidad se endeuda. Y a medida que pasan los años no sólo las cuentas son opacas, sino que cada vez son más deficitarias... Pedir nuevos créditos, para pagar los antiguos créditos, empieza a convertirse en costumbre.

Llega un momento en el que las vecinas y vecinos, enfadadas por la gestión, se organizan y promueven nombrar a una nueva administradora. No es fácil porque muchas y muchos no quieren meterse en un jaleo, pero pongamos que finalmente lo consiguen. Esa nueva administradora descubre la realidad del déficit: su antecesor había cometido, de espaldas a la comunidad, gastos exagerados e innecesarios, había utilizado el fondo común para hacer negocios con esos amigos, con los que se iba de fiesta, de cena de gala o al fútbol. Esos cambios de fachada no eran tan urgentes y necesarios como el administrador argumentaba, y los precios de la obra que contrataron con su amigo, están muy por encima de lo normal. El coste de mantenimiento de las zonas comunes ha sido el doble de lo que uno puede encontrar de media en el mercado. Las bombillas son las más caras que uno podría encontrar, y son de la fábrica de ese compadre suyo con el que se pasaba los fines de semana cuidando bonsais. Cualquiera que revisara las cuentas pensaría, además, que han sido gestionadas para que el dinero acabase en los bolsillos de todos esos empresarios, abocando a la comunidad a una deuda millonaria con entidades bancarias que, ahora, no están dispuestas a dejar de reclamar lo que aseguran que “les pertenece”.

Cambien ustedes “la comunidad de vecinos” por “su ayuntamiento”, y “el administrador” por “el alcalde”. Esta historia, cambiando los objetos de negocios y los protagonistas, se ha repetido una y otra vez en nuestro país. Es el día a día de La Trama, en su versión municipal. Un tóxico matrimonio entre el mundo empresarial-bancario y las instituciones públicas, donde unos pocos utilizan el fondo de todos, para enriquecerse. Y las consecuencias de esta práctica son ya de sobra conocidas: vergonzosos casos de corrupción, ayuntamientos al borde de la quiebra, entidades locales sin capacidad de acción, recortes de inversión pública justificada por su “insostenibilidad” y deudas millonarias que sirven para chantajear la acción política local.

Es de sentido común afirmar que estas prácticas municipales son objeto de fraude. La voluntad popular ha sido intoxicada por la cooptación de intereses empresariales y maridaje con el mundo de las élites. ¿Por qué deberíamos reconocer entonces esa deuda?

Esa es la razón por la que, desde las fuerzas del cambio, llevamos años reclamando que se haga una profunda auditoría de la deuda de los municipios, para poder determinar cuál de ella es legítima y cuál no lo es. No es igual aquella deuda contraída en referencia al correcto funcionamiento de unas instituciones que buscan satisfacer necesidades ciudadanas que aquella que ha sido producto de un saqueo sistemático de nuestras instituciones. Las diferentes leyes estatales han blindado a los prestamistas y proveedores (véase la Ley Montoro) pero han olvidado las necesidades ciudadanas

El impulso de la Red Municipalista Contra la Deuda Ilegítima y los Recortes surge para aunar fuerzas en esta dirección. La auditoría de la deuda y la lucha por declarar ilegítima toda aquella que ha sido consecuencia del saqueo y la corrupción son reclamas democráticas básicas para poder asegurar que nuestros ayuntamientos no quedan secuestrados por la red en la que los agentes de la trama han encerrado a nuestras administraciones locales. En esta tarea se encontrarán las compañeras y compañeros de Podemos en los municipios que, desde las candidaturas de unidad popular, los ayuntamientos del cambio y la lucha social, trabajan por liberar nuestras instituciones del secuestro al que han sido sometidas tras décadas de saqueo y malas artes administrativas.

Pero no nos quedamos aquí. No hemos venido para reparar los errores de nuestros antecesores, sino a gobernar de otra manera. Es urgente replantear el actual modelo de gestión municipal. Debemos enterrar en nuestro país aquellos modelos opacos que impidan a la ciudadanía gestionar y detectar este tipo de prácticas en nuestros ayuntamientos. Es el momento de que el control ciudadano y la democracia participativa se hagan un hueco para que nuestras ciudades se rijan por los principios de transparencia y rendición de cuentas. De esta manera, dándole al pueblo el control de las instituciones, empezaremos a vacunarnos contra los peores casos de corrupción que han azotado a nuestra democracia contemporánea.

Tal vez así, los ayuntamientos nunca más sean carteras de negocios para contratistas, constructoras y banqueros y puedan ser, de una vez por todas, espacios donde se resuelvan las necesidades de nuestras vecinas y vecinos.