Ramón Gorriz Vitalla, secretario confederal de CCOO, y Carlos Martín Urriza, representante de CCOO en el Consejo Superior de Estadística

CCOO ha sido una de las principales impulsoras del Índice de Precios del Trabajo (IPT) en el Consejo Superior de Estadística. Tras 15 años reclamándolo en los sucesivos Planes Estadísticos Nacionales, al fin se realiza una operación que trata de estimar la variación “pura” del salario en nómina, manteniendo fija la estructura del empleo entre períodos. Un IPC, pero del trabajo, que informa sobre cómo cambia el salario del mismo empleo u oficio a lo largo del tiempo, y que arroja mucha luz sobre cuál ha sido la evolución salarial en los últimos años.

Pero antes de entrar a comentar sus clarificadores resultados, hay que hacer un paréntesis para agradecer a los trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Estadística (INE) el esfuerzo que han realizado para ponerlo en marcha en un momento de fuerte aumento de su carga de trabajo, como consecuencia del recorte de plantillas que afecta a todo el Sistema Estadístico Público y que amenaza con dañar la calidad de su producción, dejándonos ciegos para interpretar qué está pasando en nuestra economía y sociedad. Llevamos también varios años reclamando en el Consejo conocer la evolución de esas plantillas, pero el inmovilismo de su Dirección parece abocarnos a un deterioro de la calidad de la estadística pública, si no aparece alguien con otra sensibilidad.

El IPT pone de manifiesto que –como advertimos desde CCOO– la devaluación salarial estaba siendo más profunda de lo que mostraba la evolución del salario medio, que está afectado por los cambios en la composición del empleo. Por ejemplo, al principio de la crisis, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, el salario medio experimentó importantes incrementos que se explicaban, en su mayor parte, por el despido masivo de contratados temporales, lo que hacía crecer el salario medio por una cuestión puramente matemática, pero que algunos utilizaron para cargar las tintas contra los salarios y animar una reforma laboral que hiciera girar aún más los costes de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores y trabajadoras, como finalmente ha sucedido. Como se observa en el gráfico adjunto el Índice de Precio del Trabajo por hora, expresado en términos reales (descontada la variación de los precios), ha evolucionado siempre por debajo del salario medio entre 2009 y 2014, acumulándose una pérdida de poder de compra en todo el período del 8,6%, mientras que el salario medio registra una ganancia del 0,8%.

La reforma laboral se diseñó para provocar una devaluación salarial más profunda que la que ya estaba produciendo el mercado. El IPT muestra claramente que también a muchos trabajadores que han conservado su empleo se les ha recortado el salario, aprovechando la posibilidad de rebaja unilateral que la reforma introduce en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores, y que junto al abaratamiento del despido (que ha aumentado la presión sobre los salarios de entrada), han sido las dos principales vías para recortar los salarios. Esta “sobre-devaluación” provocada por la política económica del Gobierno y su reforma laboral ha disparado los márgenes y beneficios empresariales, que han aumentado en 7.100 millones de euros entre 2010 y 2015, mientras que la remuneración de los asalariados se reducía en 31.100 millones, por la destrucción de empleo y la devaluación salarial. Por eso ha llegado el momento de volver a reequilibrar las cosas, de que las empresas destinen sus beneficios preferentemente a la inversión y la creación de empleo, y los salarios crezcan entre el 1,8% y el 3% en 2017, por encima de la productividad, para que ganen poder de compra y los márgenes empresariales vuelvan a normalizarse.