En 2019, ante el rápido deterioro de la naturaleza, la ONU pidió hacer una reorganización de todo el sistema que “abarque factores tecnológicos, económicos y sociales”. Después vino el coronavirus, el sistema se desmoronó, y empezamos a exigir, de forma generalizada, mucho más protagonismo de las instituciones públicas para abordar la crisis, y esta reorganización se hizo todavía más urgente.

Esta demanda de la ONU llegó tarde y, por lo tanto, ya se había recorrido un largo trecho: muchas políticas públicas implementadas –con las ciudades al frente–; muchos movimientos sociales con propuestas disruptivas que han hecho mella en la opinión pública y las administraciones; y también muchos planes de acción, entre los que cabe destacar El Nuevo Pacto Verde (Green New Deal), elaborado en 2008 por The New Green Deal Project, y que plantea unir, bajo un mismo paraguas, propuestas políticas para la justicia verde, económica y social.

La unión de estos tres ejes –justicia económica, social y medioambiental– es crucial para hacer frente a la reorganización a la que hizo referencia la ONU. Nuestra economía actual está diseñada para mover enormes cantidades de dinero que alimenten la producción y el consumo, pero no está diseñada para que interese saber adónde va este dinero, para qué se usa, ni cuál es el impacto que tiene en el medioambiente y las personas. Afortunadamente, la economía no es una ley natural inamovible (aunque a muchos les haya interesado vendernos esta película), y por tanto, llegados a este nivel de injusticia, es urgente un cambio que la dote de principios sociales y medioambientales.

Tenemos enfrente una crisis económica que ha llevado a muchas personas de todo el planeta a situaciones de enorme dificultad. Sin ir más lejos, en nuestras ciudades: acceso prohibitivo a la vivienda, precio de los alimentos en aumento y trabajo escaso y precario. Mientras tanto, y aunque la emergencia sanitaria sigue sin estabilizarse y la crisis climática hace estragos en Canadá, el 1% sigue aprovechando estas crisis para enriquecerse más y más. El colapso es tan grave, que incluso algunos líderes políticos globales nos sorprenden positivamente abogando por políticas públicas que aborden las tres dimensiones anteriores. Por ejemplo, la Unión Europea con los fondos Next Generation, a los que sólo se podrá acceder si el proyecto es ecológico, digital y resiliente; o G20 implantando un impuesto global a los beneficios de las empresas multinacionales. Aun así, y más allá de las buenas intenciones iniciales, habrá que estar atentas a su puesta en marcha para que se consiga mover parte del poder económico de los mercados financieros y las bolsas de valores a las instituciones escogidas democráticamente.

En el objetivo de conseguir que el dinero vuelva a los bolsillos del 99% de la población, las ciudades tienen un papel principal. El dinero se ha ido desplazando de los círculos pequeños de ciudades y regiones, al sistema financiero global, y para devolverlo al territorio hay que desarrollar más autosuficiencia y mutualizar el riesgo, asegurándonos que trabajamos juntos para proporcionar vivienda, educación, salud y todo aquello fundamental para el bienestar humano; y todo ello, sin dejar de abordar la crisis climática.

Por poner un ejemplo, podríamos hablar de impulsar las lavanderías colectivas, donde hacer la colada mientras los niños juegan y los vecinos socializan, y como ya se está haciendo en diversos proyectos de cooperativas de vivienda. A la vez que se reduce el coste para cada uno, se reduce el consumo de primeras materias y el impacto medioambiental. Cuando compramos en comercios de cercanía, usamos la banca ética e invertimos en empresas y negocios locales - en vez de dejar el dinero en el banco para que acabe en grandes fondos de inversión que van al mercado financiero global-, estamos siendo subversivos y generando un cambio en la economía: que el dinero se quede en nuestras ciudades y genere empleo para los vecinos y vecinas.

La escala local tiene una gran capacidad para crear nuevos imaginarios e impulsar un cambio de paradigma. Y en este sentido los ayuntamientos, desde su posición cercana a la sociedad civil, pueden darle visibilidad a estos cambios, tienen mayor margen para innovar y experimentar en políticas públicas bottom-up (desde abajo), y en fortalecer tejidos económicos que ayuden a transformar la economía, como por ejemplo el impulso a la aplicación de principios de justicia social y medioambiental en la contratación y la compra pública. Más justicia económica, más justicia social, y menos dinero en los bolsillos de los acaparadores del 1%.

Para que estos cambios sean posibles es necesario que tú y yo, que pertenecemos a este 99%, nos atrevamos a hacer política. Con nuestro manejo diario del dinero, por supuesto, pero también apoyando a quienes impulsan este cambio desde las instituciones y desde las calles, ya que por pequeños que nos parezcan éstos en el contexto global, son imprescindibles para reorganizar el sistema y basarlo, de una vez por todas, en principios de justicia verde, económica y social.