Lucía Martín

Portavoz de Vivienda

Josep Vendrell

Miembro de la Comisión de Economía del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso

A raíz de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que establece la nulidad de las cláusulas suelo en los contratos hipotecarios, y la obligación de que las entidades financieras devuelvan retroactivamente todo el dinero cobrado por ese concepto, el Gobierno del PP daba a conocer su posición al respecto. Con el argumento de agilizar largos procesos judiciales y evitar costes adicionales a la banca, la primera propuesta del Gobierno ha sido la de aprobar un “código de buenas prácticas” de adhesión voluntaria para las entidades financieras.

Parece de perogrullo tener que explicar lo que es una obviedad pero no tenemos alternativa, porque de prosperar esta brillante idea del Gobierno, una medida de carácter voluntario para los bancos, lo que sucederá, en realidad, es que los verdaderamente damnificados serán doblemente victimizados. Lo que el PP busca con este código es fomentar acuerdos entre partes, en los que puede no garantizarse el retorno inmediato del total de las cantidades cobradas indebidamente. En definitiva, el Gobierno busca preservar, una vez más, los intereses de las entidades financieras, dificultando que asuman íntegramente su responsabilidad económica, y obviando que tras su “solución” caso a caso se esconde una vulneración sistemática de derechos y un gravísimo problema social.

El PP pretende ahora implementar un modelo de que ya puso en marcha en 2012, cuando el Ministro De Guindos tuvo que abordar el problema de cientos de miles de familias que se enfrentaban a un desahucio y a perpetuar su deuda bancaria a pesar de haber perdido su vivienda. Frente a una situación que requería ser exigente con las entidades financieras, decretando una paralización de los desahucios de vivienda habitual y aprobando la dación en pago, el Gobierno anunció a bombo y platillo la puesta en marcha de un Código de Buenas Prácticas de adhesión voluntaria para los bancos. Después de 4 años, en un país en el que se han producido más de 700.000 ejecuciones hipotecarias y casi medio millón de desahucios desde 2008, el fabuloso código De Guindos presenta como balance 6.500 daciones en pago y 37.000 refinanciaciones de deuda a familias empobrecidas, siendo ésta última, y no por casualidad, la solución preferida de la banca. En fin, hagan números y entenderán porqué todas las entidades financieras se adhirieron entusiastas a ese Código. De hecho, es probable que se redactara en alguna de sus sedes.

Por lo que parece el PP ha abandonado esa propuesta inicial, y ahora se inclinarían por un protocolo de “obligado cumplimiento” para que las entidades financieras lleguen a acuerdos extrajudiciales con las personas afectadas. De nuevo, lo que busca la banca: “caso por caso”, limitando la capacidad para recuperar la totalidad de las cantidades estafadas y a esperar que, si no hay acuerdo, a poca gente le salga a cuenta ir por vía judicial. Ayer leíamos en este mismo medio (link a Publico) el borrador de la propuesta y las peores sospechas se confirmaban: un protocolo que acaba siendo voluntario para los bancos; que no garantiza el cobro de los intereses que las entidades financieras se embolsaron de forma indebida; que las exime de pagar los costes que acarrea la modificación del contrato hipotecario, que puede acarrear cargas fiscales extras para las personas afectadas. En conclusión, un intento de incumplir la sentencia del TJUE y, por lo tanto, un nuevo abuso.

Ni que decir tiene que el Gobierno del PP, fuerte con los débiles, no ha contado en ningún momento con el trabajo y las propuestas de las organizaciones de consumidores, ni de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que han denunciado durante años las cláusulas suelo, los abusos bancarios y sus brutales efectos en cuestión de vulneración de derechos, y, por supuesto, tampoco ha contado con nuestro grupo parlamentario. La “operación diálogo” de Rajoy excluye, con la complicidad del PSOE, a las organizaciones sociales que han luchado a pie de calle para garantizar los derechos de la gente, ya sean los sindicatos, en el caso de los magros incrementos del SMI o de las pensiones, las plataformas y asociaciones que componen el movimiento contra la pobreza energética, en la regulación del bono social,o las organizaciones de consumidores y plataformas de afectados en el caso que nos ocupa.

Lo cierto es que las soluciones mágicas y excluyentes del Partido Popular se han traducido en centenares de miles de personas que han perdido sus viviendas teniendo, además, que continuar pagando hipotecas con unas cláusulas ilegales que encarecían su coste. Así que está claro que las personas víctimas de esta estafa y, en definitiva, el conjunto de la ciudadanía, no necesita un “código de buenas prácticas” o un protocolo mediante el cual se pueda “llegar a acuerdos” con las entidades financieras que las han estafado. Lo que necesitan con urgencia es algo tan sencillo como una legislación de obligado cumplimiento, que garantice sus derechos, establezca obligaciones, depure responsabilidades, y ponga fin a las prácticas fraudulentas que hemos sufrido durante años.

La reciente sentencia del TJUE es una impugnación total a la banca española, al Gobierno y al Tribunal Supremo, por permitir el robo masivo que ha perperpetrado la banca en este país y por proteger a quienes se han enriquecido con él. Hoy el rescate bancario, mediante ayudas públicas, asciende a más de 60.000M€. Tanto el Gobierno del PP, como el Gobierno del PSOE en su momento, son responsables de articular una legislación que ha encubierto a estafadores y ha abandonado a sus víctimas. Ahora, si no se garantiza el retorno de todas las cantidades estafadas desde la firma del contrato hipotecario, solo seperpetuará la ilegalidad y el abuso.

La única solución para dar cumplimiento a la sentencia del TJUE pasa por legislar de manera urgente la declaración de nulidad radical de las cláusulas suelo y por obligar a las entidades financieras a devolver, en un plazo breve, todo lo percibido fraudulentamente desde la firma de la hipoteca, con los correspondientes intereses, y garantizando la retroactividad total. Una nueva ley, acordada con los grupos parlamentarios, las organizaciones de consumidores y la PAH, que deberá asegurar que las personas afectadas no tengan que asumir ningún tipo de quita ni de coste añadido y que, por supuesto, establezca que no existirá ningún tipo de nueva contraprestación a la banca en forma de ayudas públicas o ventajas fiscales.

Lamentablemente, la renuncia del PSOE a configurar mayorías parlamentarias alternativas al PP está resultando ser un lastre que impide o ralentiza cualquier avance social, la adopción de medidas socialmente transformadoras y con capacidad de revertir de forma significativa situaciones de fuerte desigualdad.¿Qué pasará ahora con las cláusulas suelo? La injusticia y la violación de derechos que ha sufrido, y sufre, tanta gente en este país, está directamente relacionada con la actuación de la banca y con una legislación que, salvo excepciones, la ha sobreprotegido. Ahora es el momento de revertir esa situación. Ya tenemos una sentencia que nos avala, y somos muchas las que estamos hartas ya de parches que no solucionan nada. Nosotras hemos llegado al Parlamento para apostar por normas más garantistas que protejan a quienes han visto vulnerados sus derechos en estos años y que acaben por fin con los abusos de una oligarquía minoritaria y descontrolada. ¿Pensará el PSOE unirse a nosotras en esta ocasión o volverá a garantizar con su firma los sagrados privilegios de la banca y sus banqueros?