Lucia Lijtmaer

Periodista y escritora @lalitx

Parece una broma, pero juro que sucedió tal y como lo cuento: éramos compañeras de residencia, en Londres, y ella era estudiante de moda. No nos caíamos demasiado bien. Me preguntó por qué mis padres habían dejado su Argentina natal, y yo contesté: por la dictadura.

“¿Y eso qué es?”

“El qué?”, repliqué yo. “¿Argentina?” No entendía la pregunta.

“No, una dictadura. ¿Qué es?”.

De eso hace casi veinte años. De los hechos que culminan la sentencia contra la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), casi cuarenta. La Justicia argentina condenó a los responsables de los crímenes de lesa humanidad practicados en el centro: las 54 imputaciones por delitos contra 789 víctimas se saldaron con 29 cadenas perpetuas, 6 absoluciones y penas de prisión de entre 8 y 25 años para el resto de acusados.

La atención mediática que ha suscitado este hecho es natural: los crímenes cometidos por la dictadura militar argentina fueron aberrantes. Lo siguen siendo a día de hoy. Y su intento de reparación, desigual en ocasiones -recordemos las leyes de Punto Final-, pero han sido un ejemplo a seguir. Han demostrado ser, en realidad, una cuestión de estado.

No ha sido fácil llegar hasta ahí. El trauma ha necesitado ser narrado incesamentemente hasta lograr una mínima cicatrización, algo que resultó muy doloroso en la primera época. Recuerdo con especial fuerza una edición del clásico libro de José Luis Romero, “Breve historia de la Argentina”: el capítulo dedicado a la dictadura militar era el único que se narraba en retrospectiva, y no como el resto del libro, en presente. La única manera de contarlo era, aún para un historiador, con una elipsis inicial. Tal era el horror.

Pero el esfuerzo social -iniciado por las Madres de Plaza de Mayo- fue vital para evitar la gangrena histórica: la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) fue creada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983, y el primer juicio a las Juntas Militares es de 1985.

La comparación con España resulta especialmente dolorosa. Como escribía Alejandro Torrús, “la reacción de Pedro Sánchez a la condena a cadena perpetua en Argentina de responsables implicados en los viajes de la muerte de hace 40 años o la visita de Cifuentes a una exposición sobre Auschwitz refleja, una vez más, la contradicción que supone que nuestros políticos reivindiquen la verdad, la justicia y la reparación fuera de nuestras fronteras, mientras que rechazan que el torturador Billy el Niño sea juzgado”.

Lo cierto es que también hay otra comparación odiosa: la de la dictadura chilena. Pese a los muertos, pese a las atrocidades cometidas al mando de Pinochet, Chile vivió una “transición” del horror a la democracia bajo el amparo y el testimonio mundial. ¿El resultado? En Chile un ciudadano se puede declarar pinochetista sin estigma alguno. En Argentina, hacer público el apoyo a Videla es algo prácticamente inconcebible.

Para eso sirven las leyes, para eso sirve la reparación histórica: señalar el horror no lo elimina, pero tampoco lo perpetúa. No es ningún consuelo, pero evita indignidades.

Hace veinte años, cuando le expliqué a un amigo periodista argentino lo que me pasó con la estudiante de moda inglesa, lo interpretó de otra manera. No le pareció una analfabeta integral, como a mí. “Qué buena señal”, dijo. “No saber qué significa esa palabra”, refiriéndose a “dictadura”. Aquí en España lo sabemos. Solo falta que parte de la clase política deje de hacerse la analfabeta.