Existe en la Unión Europea una sociedad prácticamente digitalizada. Es el caso de la República de Estonia. El ‘pequeño’ país báltico (1,4 millones de habitantes) se independizó de la Unión Soviética en 1991. Algunos lectores que no conocen su particularidad podrían pensar que es un país atrasado respecto a sus pares europeos. Craso error. Valga como prueba de ello que las autoridades estonias decidiesen en 1997 que el futuro de su bienestar social y el progreso tecnológico del país demandaban la digitalización total de la interacción entre ciudadanos y su administración pública democrática.

La plataforma e-Estonia provee al ciudadano de Estonia la capacidad de hacer todos los trámites administrativos vía telemática de una manera sencilla y eficiente desde los teléfonos móviles. Registrar operativamente una empresa, obtener el certificado de nacimiento, o votar en las elecciones, son algunos ejemplos. El lector ha leído correctamente. En Estonia se puede votar sin necesidad de tener que ir físicamente a depositar la papeleta en la urna de un colegio electoral. Es importante señalar que todas las transacciones digitales y los datos privados de los ciudadanos están protegidos por la tecnología de cadenas de bloques (blockchain). Es decir, el ciudadano no tiene nunca que desplazarse físicamente a un edificio administrativo público para realizar una gestión ‘oficial’, ni encarar a ningún funcionario de ventanilla que le revise los folios o instancias a presentar como sucede en otras sociedades no digitalizadas. Un reciente artículo de Euronews se preguntaba por qué el ejemplo de Estonia no era seguido por otros países de la UE. La digitalización en Estonia le ha permitido al país báltico seguir funcionado administrativamente sin mayores problemas durante la pandemia COVID19.

En España, nos tememos, la digitalización forma parte de la tradicional querencia a practicar el deporte nacional de la chapuza. En teoría existen procesos para digitalizar la interacción del ciudadano con la administración, como el DNIe y el sistema cl@ve, cuya efectividad es, cuando menos, ampliamente mejorable. Tareas que deberían ser triviales, como requerir la pensión de jubilación, implican la personación del sujeto en una sucursal de correos, sólo para expedir la carta certificada de solicitud. La alternativa es el ‘silencio’. El ejemplo ilustra que una buena parte de los trámites administrativos públicos deben seguir realizándose de “persona personalmente”, como recalca el simpático personaje Catarella en las novelas del Comisario Montalbano del malogrado escritor siciliano Andrea Camilleri. La situación es tanto o más descorazonadora en lo referente al sistema de investigación científica pública, del que formamos parte. Pero eso lo dejamos para otro artículo.

Hay otros sectores, sin embargo, como el sector bancario que se han modernizado digitalmente de manera rápida y comprensiva. Se dirá que ‘la pela es la pela’. Lo que se callará es que la transacciones digitales bancarias facilitan la vida del ciudadano. Ahora, se puede comprar una barra de pan de coste 60 céntimos, pongamos por caso, utilizando nuestro inseparable teléfono móvil. Ciertamente, el número de sucursales bancarias se ha reducido en más de la mitad en los últimos diez años. Y la tendencia a una presencia física de las oficinas bancarias es mínima y puramente anecdótica. Se evitan así las inútiles pérdidas de tiempo en filas de espera aguardando a la atención del empleado bancario, ni proceder con firmas en papeles que duermen el sueño de los archivos.

Perder el tiempo. Ese es el factor clave a considerar con la digitalización de la gobernanza pública en España. Pero cuentan también, y no poco, los argumentos de cómo afrontar el bienestar socioeconómicos de nuestras democracias robotizadas. Sirva un dato curioso de Estonia. Por ley, está prohibido que el robot del sistema e-Estonia pida un dato al ciudadano más de una vez, si éste ya ha sido introducido previamente para cualquier otra gestión administrativa. Si se le ha requerido al ciudadano contribuyente la fecha de nacimiento para la declaración de la renta, y 50 años después es preceptivo proveer el mismo dato para cualquier otro acto administrativo (obtener un licencia de pesca, por ejemplo), el cometido para el robot es encontrar el dato en la cadena de bloques (blockchain), no exigir al ciudadano que aporte de nuevo dicha información.

Sin ninguna duda, algunas organizaciones sindicales se rasgarán las vestiduras ante un escenario en el que, a buen seguro, desaparecerán ‘puestos fijos’ de funcionarios que se verán sobrepasados en sus tareas rutinarias por las nuevas tecnologías digitales. El tradicional argumento sindical de preservar por encima de cualquier otra consideración todos los empleos que ya existen es discutible. La digitalización societaria es un proceso imparable que está ocurriendo a un ritmo acelerado. La pérdida de puestos de trabajo es real. Pero, ¿es sensato mirar hacia atrás, o romper las máquinas hiladoras como hacía los luditas a principios del siglo XIX para precisamente evitar el trabajo manual, en un cambio de época acelerado por las consecuencias de la pandemia Covid?

Aquellos ciudadanos sin la debida educación digital para superar las oposiciones públicas de acceso al funcionariado tendrán que confrontar la disyuntiva de lograr un mayor y mejor incremento de su capital humano individual. Sin duda, la digitalización implicará la desaparición de viejos puestos de trabajo inútiles y que son dañinos para preservar el bienestar y el bien común del conjunto de nuestras sociedades. A la postre si se quedasen sin su ‘puesto fijo’ como funcionarios, los aspirantes a funcionarios siempre podrían recurrir como último recurso a la percepción del ingreso mínimo vital, asumiendo que este programa estuviese bien gestionado digital y telemáticamente. Dejemos de ‘marear la perdiz’ y usemos nuestro tiempo lúdica y creativamente en beneficio de todos. La alternativa es la estrategia de los cangrejos, ¿se acuerdan?