Ángeles Maestro

Médica, militante de Red Roja

Esta mañana, bajo la lluvia y el frío, cerca de un millar de vecinas y vecinos de la Cañada Real se manifestaban frente a la Asamblea de Madrid convocados por la totalidad de sus asociaciones de vecinos.

En ese edificio, que supuestamente alberga la soberanía del pueblo, y a esa misma hora se reunían a puerta cerrada representantes de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos en cuyos términos municipales están instaladas sus viviendas: Coslada, Rivas-Vaciamadrid y Madrid (distritos de Villa de Vallecas y Vicálvaro) para decidir sobre su futuro. Recuerdo que el ayuntamiento de Coslada está gobernado por el PSOE, el de Rivas por IU y el de Madrid por Ahora Madrid (Podemos, IU y Equo).

No había ningún vecino. Pese a las reiteradas promesas de que sus representantes participarían en todo momento en la toma de decisiones su marginación hasta la fecha es total. Sólo les llegan documentos secretos filtrados, en los que se puede constatar que se está preparando la demolición de entre el 80 y el 90 % de sus viviendas, e insistentes rumores de que se está preparando en la zona un gran proyecto urbanístico con viviendas de lujo, centros comerciales y demás instalaciones. Hoy mismo, estando en la concentración, les llegaba la información de que la posición del ayuntamiento de Rivas es demoler totalmente la parte del sector 4 y el 5 que corresponden a su término municipal.

No es la primera vez

Para quienes habitan en la Cañada es un volver a empezar lo vivido en otras ocasiones. Todos recuerdan las duras luchas de 2007 cuando los derribos de viviendas se intensificaron para dejar el terreno limpio para un gran Plan de Actuación Urbanística (PAU) en plena euforia del “ladrillo”.

Hay que decir que la demolición de viviendas, sin alternativa habitacional y con el drama familiar que conlleva, se produce habitualmente en todos los sectores con el pretexto de erradicar la droga, a pesar de que todo el mundo sabe, y por supuesto la policía, que quienes la venden se ubican en una zona concreta que no ocupa más de un kilómetro y medio de los más de catorce que ocupa la Cañada.

En aquel momento la resistencia de los vecinos frente a las brutales actuaciones de la policía tuvo duras consecuencias: varias mujeres embarazadas abortaron, un joven perdió un ojo por un pelotazo de la policía y a otro vecino de 64 años le estalló un testículo por el mismo motivo. Sin embargo, consiguieron parar los derribos. Los costes de enfrentar esa lucha decidida y unitaria llevaron a las administraciones a la cancelación del PAU previsto, que a su vez se vio afectado por el estallido de la burbuja inmobiliaria.

Más adelante, y visto que no había negocio que hacer allí, en 2011 se elaboró un Acuerdo Marco firmado por las mismas administraciones —excepto por el ayuntamiento de Rivas, gobernado por IU— que partía de la legalización de la inmensa mayoría de las viviendas, el realojo de aquellas que no pudieran ser rehabilitadas y la correspondiente dotación de infraestructuras. Los equipamientos de agua, alcantarillado, electricidad, asfaltado de calles, etc., se realizarían de forma conjunta por los ayuntamientos y serían financiados íntegramente con el dinero que pagaran los vecinos por registrar la parcela que ocupan. Ese proyecto tenía hasta nombre “Colonia de la Cañada Real Galiana”. Nada se hizo.

Hoy nuevamente la especulación inmobiliaria levanta la cabeza y, por lo que se ve, los “ayuntamientos del cambio”, están dispuestos a facilitarla como siempre: expulsando de sus casas “ilegales” a la gente y poniendo en marcha desarrollos urbanísticos aprobados por el anterior gobierno municipal del PP, en el caso de Madrid, y otros que la reactivación del ladrillo ha animado.

Alguna de las personas asistentes a la concentración hacía referencia al hecho sospechoso de que un informe realizado entre 2013 y 2015 por el Instituto de Realojamiento e Integración Social de la Comunidad de Madrid (IRIS) sobre la Cañada Real no se haya publicado a pesar de la insistencia de los vecinos. La desconfianza al respecto aumentó cuando se supo que se nombraba al director de dicho informe como Comisionado para la Cañada Real.

Desde 2011, ninguna actuación destinada a mejorar la situación del vecindario ha sido puesta en marcha. Lo que no ha cesado es el hostigamiento, las denuncias y el maltrato de la policía hacia ellos.

Para dar idea del acoso en que viven —una vez más con el pretexto del narcotráfico— baste recordar el caso del joven matrimonio marroquí formado por Abdul y Fátima y sus dos hijos de corta edad. Hasta tres veces ha sido derribada su vivienda y otras tantas vuelta a reconstruir. La ejecución de la demolición en todos los casos ha sido brutal, sin que la policía les permitiera sacar sus pertenencias, ni a sus vecinos ayudarles. A pesar de que el derribo se ejecutó con la sacrosanta orden judicial, el Tribunal de Estrasburgo ha admitido la denuncia de la familia y abierto causa contra España por estimar que “la actuación administrativa de desalojar y demoler su vivienda constituye una clara violación de su derecho a la vida privada e inviolabilidad del domicilio".

Un pequeño triunfo. Pero la agresión arrecia y la batalla debe fortalecerse.

Este viernes se han agrupado, a una hora poco propicia, muchas más personas de las esperadas: marroquíes, rumanas, de Madrid, jóvenes de Vallecas, personas mayores; todos ellos gente trabajadora. Las pancartas proclamaban su angustia: “Nuestros hijos están aterrorizados, no saben si mañana tendrán techo”, o increpaban: “¿Donde están los Partidos que hemos votado?”. Sus gritos proclamaban: ¡Somos personas, tenemos Derechos!, ¡Así, así, ni un paso atrás, en la Cañada, nos vamos a quedar! O actualizaban el histórico: “La Cañada, unida, jamás será vencida!

La manifestación de hoy es el nuevo comienzo de un combate que no cederá porque se lucha por defender el bien más preciado cuando se tiene muy poco, la vivienda. La esperanza en la fortaleza de la resistencia, después de lo vivido esta mañana, es grande y su decisión firme: quedarse en sus casas, en las que han nacido sus hijos y en las que llevan habitando, muchos, hace decenas de años.

Les ha acompañado una delegación de las Marchas de la Dignidad para poner a su disposición todo el apoyo del que sean capaces —este viernes y para luchas futuras— haciendo valer que su lema “Pan, Trabajo, Techo y Dignidad” no es algo abstracto, sino que se encarna en cada lucha.

La unidad, entre personas de tan diferentes procedencias, y la fuerza de la gente de la Cañada Real la explicaban con claridad: todos tenemos el mismo gran problema, la vivienda —esa que dicen que garantiza la Constitución—, y la unidad es nuestro único arma.

Tienen otra, la Dignidad, esa que cuando se organiza hace a los pueblos invencibles.