Ernest Urtasun

Eurodiputado de ICV

Florent Marcellesi

Eurodiputado de EQUO

La seguridad de la mujer es la seguridad de nuestra sociedad. Cada día millones de mujeres en la Unión Europea viven bajo la amenaza de la violencia machista. Son mujeres que conviven con su agresor bajo el mismo techo, en su familia, en la calle, en el transporte público, en la escuela, en el trabajo, por cultura, por religión, por tradición, por el Estado; viven en conflicto. El sistema machista es el que les impide disfrutar plenamente de los derechos humanos en igualdad de condiciones con los hombres.

Las legislaciones de los estados miembros tienen aún un legado de dominación masculina, con leyes que han reforzado históricamente el control del hombre sobre el cuerpo, la propiedad y el tiempo de la mujer. Durante el último siglo, las leyes han proclamado formalmente la igualdad entre hombres y mujeres aunque en algunos casos el Estado siga de facto ejerciendo el control sobre el cuerpo de la mujer al negarles el completo ejercicio de los derechos y la salud sexual y reproductiva. En la práctica, vemos como las sociedades siguen teniendo resquicios de esta mentalidad de dominación masculina: algunos de los actuales modelos económicos en la UE mantienen la no individualización de los impuestos y seguridad social, lo que conlleva que las mujeres estén legalmente en una situación de dependencia de los hombres y derechos como la pensión sean derivados de su relación con los hombres. Un modelo que contribuye a perpetuar la dependencia y pone aún más en riesgo a una mujer víctima de violencia.

En el rompecabezas legislativo europeo sobre la igualdad de género aún falta incorporar una pieza clave, la lucha contra la violencia contra la mujer. Tradicionalmente, la violencia de género se ha considerado un asunto privado e inapropiado para legislar a nivel europeo, sin embargo, vemos que es una pieza fundamental para que los Estados miembros puedan garantizar de forma efectiva la igualdad. La violencia contra las mujeres y violencia basada en el género está recogida como una forma de discriminación y considerada explícitamente en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y también en recomendaciones y resoluciones de la Unión Europea y del Consejo de Europa pero de facto en la legislación europea la violencia contra las mujeres no está considerada de forma explícita como forma de discriminación.

La igualdad entre hombres y mujeres reconocida jurídicamente en la Unión Europea todavía se refiere al ámbito público a pesar de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya reconocido la obligación de los Estados miembros a actuar en protección de individuos particulares. Es más que necesaria, por tanto, una aproximación europea para abordar la lacra de la violencia de género.

De esta forma aplaudimos la voluntad de la UE de adherirse y ratificar al Convenio de Estambul del Consejo de Europa, el primer instrumento europeo jurídicamente vinculante sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y, hasta ahora, el instrumento internacional más ambicioso y completo en esta materia. La Comisión Europea propuso la adhesión de la Unión al convenio en marzo de 2016, sin embargo, las negociaciones para la ratificación del mismo están siendo muy lentas. La mayoría de los estados miembros están a favor de esta adhesión pero quieren que la Unión Europea lo haga solamente bajo sus competencias exclusivas. La Comisión, sin embargo, defiende una adhesión de la UE más amplia, no solo bajo sus competencias exclusivas sino también bajo las compartidas con los estados miembro. Asimismo, todos los Estados miembro han firmado el convenio pero sólo 14 de ellos lo han ratificado (falta por hacerlo Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Alemania, Estonia, Grecia, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Eslovaquia, Reino Unido).

El convenio ofrece un marco amplio y coherente de interpretación no sólo para los estados sino también para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es, por tanto, un paso adelante para hacer de Europa un lugar más seguro. La ratificación del Convenio por parte de la UE y los estados miembro significará;

. garantizar un marco jurídico europeo coherente para prevenir y combatir la violencia de género y para proteger a las víctimas

. el compromiso nacional de todos los estados a erradicar la violencia contra las mujeres y de garantizar su seguridad

. proporcionar una mayor coherencia entre las políticas internas y externas de la UE

. una mejor recopilación de datos comparables sobre violencia contra la mujer a nivel europeo, obligando a los estados a recopilar y enviar datos precisos a Eurostat

. reforzar la rendición de cuentas de la UE en la escena internacional

. un papel activo de la unión en la supervisión y correcta aplicación del convenio, participación en el grupo de expertos y la adopción de las recomendaciones relativas a la aplicación del convenio

. un impacto sobre las áreas de prevención, la lucha contra la discriminación, la cooperación en el ámbito judicial y penal, la protección de las víctimas, de los niños, los solicitantes de asilo y los refugiados

. la integración de un visión holística y sistémica de la violencia de género que requiere de una respuesta coordinada y ya no como fenómeno de casos particulares;

La incorporación al Convenio de Estambul es pues un primer paso necesario, pero no el único a dar. El Convenio de Estambul sigue sin ser un instrumento jurídico considerado “hard law” y al estar fuera del acervo comunitario, no permite que la Comisión abra procedimientos de infracción si los estados no cumplen con el Convenio. Desde los Verdes Europeos consideramos que la lucha contra la violencia machista requiere también de una Directiva europea, un marco jurídico propio del derecho europeo. El convenio de Estambul así como demás instrumentos y programas en materia de género no son suficientes para eliminar la violencia machista. Por todo ello celebramos que la UE ratifique el Convenio pero seguiremos trabajando para que desarrolle una directiva Europa en la materia. Ni en Europa ni en ninguna parte, ni una menos.