Hoy escribo desde un dolor profundo que me atraviesa el corazón por lo que está sucediendo en las residencias de la Comunidad de Madrid. Desde que tengo uso de razón, uno de mis apodos era el de “abuelera” porque siempre estaba con ellas, me encantaban todas sus historias, escuchaba con atención una y otra vez, preguntaba. Veía el mundo desde sus ojos. Y a la pregunta: “¿a quién quieres más, a mamá o a papá?”; siempre contestaba, “a mis abuelas”.

Es por ellas que escribo desde un dolor descomunal, pero también gracias a esa manera que me enseñaron de ver el mundo, lo hago desde la fortaleza, la valentía, y el anhelo de pensar que se pueden cambiar las cosas, que las crisis se pueden convertir en oportunidades, que nunca hay que dejar de pelear lo que una cree que es justo, y que colaborando desde la buena fe se consiguen paliar dolores y lograr alegrías.

En la Comunidad de Madrid, en los últimos años, se ha producido una masiva privatización de servicios públicos que conocemos, como pueden ser la Sanidad y la Educación. Con el tema de las residencias esto no se ha producido de la misma manera ya que nacieron privatizadas. Su legislación viene dada en los Decretos aprobados en los años 90 donde la concepción de residencia era radicalmente distinta ya que estaba pensada para personas con menor grado de dependencia de lo que nos encontramos en la actualidad. En las dos últimas décadas, pero sobre todo desde la aprobación de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (2006), las residencias se han multiplicado exponencialmente.

Actualmente, en la Comunidad de Madrid hay casi 500 residencias, de las cuales el 95% están privatizadas y sólo el 5% de ellas son públicas. Con este modelo y con el envejecimiento cada vez mayor de la población, muchos han visto un nicho de mercado, un negocio suculento y, por ello, han comenzado a invertir en residencias. Muchos fondos buitre, entidades llamadas de capital riesgo cuya única misión es la de ganar dinero, comprando barato para vender más tarde más caro, se han hecho con el negocio de cuidar a nuestros mayores. Así, tenemos muchos ejemplos en las residencias como las de Aralia, recientemente sancionadas y que tienen fondos de la Banca March, o el fondo buitre francés DomusVi que ha entrado con fuerza en el mercado de la atención de personas mayores y dependientes, Azora, o la empresa Clece de Florentino Pérez.

La práctica ausencia de plazas puramente públicas tiene su primera consecuencia en el precio de las residencias privadas que en Madrid ya llega a los 2045 euros de media, un precio que incluso con las ayudas de la Comunidad de Madrid a las plazas privadas hace imposible que nuestros mayores puedan acceder a ellas, pues de media sus pensiones son de 1168 euros. Otra consecuencia es el hacinamiento que se produce por dos motivos fundamentales, las altas ratios, es decir, el alto número de residentes por trabajadora; y el hacinamiento porque cuantas más personas, mejores beneficios. A esto se le suma que las condiciones de las trabajadoras, un 90% son mujeres, sean precarias e inestables, con sueldos muy bajos, con una cualificación profesional también escasa y con falta de medios.

Desde que llegué a la Asamblea de Madrid, hace algo más de un mes, me puse a trabajar en este tema porque creo que es un asunto político, que tiene que ver con la visión del mundo. Frente a que todo sea mercado y producción, los mayores han sido abandonados y medidos tan sólo por su nivel adquisitivo. He hablado con trabajadoras, con familiares, con asociaciones y lo que se está generando alrededor de las residencias es un movimiento potente que no quiere otra cosa que la dignidad para las personas mayores, para que tengan una vida plena, mejorar las condiciones de las trabajadoras que es un punto clave para conseguir lo anterior, en definitiva, poner la vida en el centro.

Para conseguir esto ya hay diagnósticos y soluciones que sólo hace falta aplicar. Únicamente precisa de voluntad política y saber con quién se está: con las personas mayores y con quienes las cuidan, o con los que quieren hacer negocio de ellos.

Ya hay muchas propuestas claras: que sean las instituciones públicas las que se hagan cargo de las residencias para bajar los precios, mejorar el servicio, eliminar el hacinamiento de nuestros mayores, mejorar ratios donde se tenga en cuenta los turnos, las categorías profesionales y el grado de dependencia de la persona residente; dignificar las condiciones laborales y garantizar plazas dignas a todas las personas mayores.

El dilema entre capital-vida nos tiene que hacer reflexionar a todas y todos, y no sólo después de vivir esta tragedia acontecida con el brote de Covid-19. Darnos cuenta que, cuando vienen mal dadas, sólo nos queda lo público, lo común, mientras los capitales huyen porque no entienden de vida, sólo de negocio. Que como sociedad tenemos que pensar adónde queremos ir, y qué es lo que más nos importa. Siempre he escuchado que en tiempos de colapso o cuando viéramos de cerca a la muerte, las personas ateas nos volveríamos creyentes, ahora veo que los ultraliberales se convierten en keynesianos y piden, casi a gritos, la intervención de las instituciones públicas, aquellas que te dan certezas y que nos deben proteger a todas y todos.

También tenemos que reflexionar sobre la interdependencia, de lo que ha hablado tanto el feminismo, de conocer que cada uno y cada una de nosotras somos interdependientes, que dependemos de los demás. Que no existe quien sea totalmente independiente, que hasta aquellos que se ponen el disfraz del fuerte, que quieren reconquistar a caballo, o que pegan tiros, o que hacen muchas flexiones, también necesitan de los demás, también fueron niños a los que hubo que cambiar los pañales, también pueden enfermar, y también envejecerán y serán dependientes. Y que toda esta labor de cuidados, esta labor de sostenimiento de la vida esencial, no puede recaer siempre en los hombros de las mujeres, en muchas ocasiones, de manera invisible y gratuita y, en otras, mal pagadas. Que todo eso que llamamos cuidarnos, los cuidados, tiene que estar en el centro de la agenda política, y tenemos que hacernos corresponsables todas y todos, hombres y mujeres, y por supuesto las instituciones públicas que tienen que ser garantes de que cualquiera, sea quién sea, dando igual su edad, sus distintas capacidades o su nivel adquisitivo, tenemos que ser tratados con dignidad, con respeto y tener la oportunidad de cuidar a quien queramos y de ser cuidadas.

Espero que en estos momentos durísimos que estamos viviendo, especialmente las personas mayores, nos alcance el tiempo para reflexionar qué modelo de sociedad queremos y a qué o a quiénes les queremos dar importancia. Desde mi humilde posición me conformo con eso, con que pensemos en común. Y con que este altavoz del que dispongo sirva para que nos pongamos a ayudar, cada quién desde su posición, a las personas mayores porque no son vidas desechables, valen exactamente lo mismo que la mía. Y la tuya.