Es difícil para un país latinoamericano de renta media, cuya economía se basa en exportaciones primarias, entre ellas, la hoja de coca de la que se extrae la cocaína, ser exitoso en una guerra contra las drogas cuyo fracaso global es evidente.

No es posible para ninguno de los países miembros de la Organización del Tratado para la Cooperación Amazónica (OTCA) ejecutar alguna medida razonable y sostenible para reducir la oferta de drogas, cuando del otro lado tenemos un incesante incremento de la demanda internacional: 21 millones de consumidores de cocaína distribuidos entre América del Norte, Europa Occidental y Asia.

Ni la sustitución, ni la erradicación forzosa, ni el desarrollo alternativo han sido sostenibles en el tiempo porque estas medidas dependen de la variabilidad de los mercados de materias primas. Más bien, el libre comercio que ha recorrido nuestros sectores agrarios ha favorecido el enriquecimiento de la agroindustria (uva, arándano, soja, palma aceitera) y una mayor concentración de la propiedad de la tierra en detrimento de comunidades y pueblos indígenas amazónicos.

Esta demanda ilícita de coca y cocaína, que lleva años creciendo bajo distintas formas de organización criminal, está basada en un modelo de precios asimétricos (de 1.100 a 45.000 dólares entre producción y retail) incapaces de ser igualados por cualquier recurso legal proveniente de la Amazonía.

Los precios y las condiciones en las que se ofrecen el café y cacao sudamericanos, por mencionar los más conocidos, pero no los más equitativos, dependen de criterios y estándares desiguales y onerosos para los productores, como las diversas certificaciones que exigen los mercados finales. Los mercados en Europa y Estados Unidos reclaman volumen cuando la Amazonía presta servicios valiosos y una compleja biodiversidad, pero jamás podrá ofrecer cantidad.

Ahora, más que nunca, es necesario entender que lo fundamental es salvar la Amazonía de las agresiones que viene sufriendo por las diversas economías ilícitas: tráfico de madera, oro y cocaína, además de la industria petrolera y gasística. Las clases políticas en el Norte y en el Sur deben entender la estrecha vinculación entre las demandas de oro, madera y cocaína con la destrucción amazónica.

La mayor parte del bosque primario está íntimamente relacionado con la capacidad de ser detentado con seguridad jurídica por las comunidades indígenas. Pueblos originarios peruanos como los katataibo y shipibo, en Ucayali; los awajùn, en la frontera amazónica con Ecuador; o los huitoto, en Loreto, sufren las amenazas cuando no la muerte de sus dirigentes, la vulneración y el desmembramiento de sus territorios con la ayuda de gobernadores regionales corruptos.

No existen aún los instrumentos necesarios para asegurar que el mercado final pague a las poblaciones indígenas por los servicios que prestan para la conservación del bosque, la biodiversidad y su ayuda en la determinación de las contribuciones nacionales y la consiguiente mitigación del cambio climático. Creo firmemente que de cada taza de café que se factura en un local público europeo se debería destinar el 10% del precio al financiamiento de un fondo para los pueblos indígenas y sus organizaciones representativas.

Pero lamentablemente, en el plano político, los países de América Latina parecen perder oportunidad tras oportunidad. Perú fue un caso fallido de propuesta reformista de izquierda que no duró ni año y medio, la del profesor Jorge Castillo, que no pudo ni supo conducir el país, cuyo poder se ha entregado en bandeja al conservadurismo más evidente expresado en la presidenta Dina Boluarte, las Fuerza Armadas, la Policía Nacional y las fuerzas políticas más reaccionarias del Congreso, con el severo costo de 28 muertos en la represión durante las recientes protestas.

Simultáneamente, los presidentes progresistas de México, Andrés Manuel López Obrador; de Brasil, Luiz inácio Lula da Silva; y de Colombia, Gustavo Petro; así como los de Argentina, Alberto Fernández; de Chile, Gabriel Boric; y de Bolivia, Luis Arce, tienen una maravillosa oportunidad para identificar aquellos asuntos que deben ser abordados de manera conjunta, desde una visión andino-amazónica y latinoamericana. Este progresismo debería tener ahora la palabra.

Insisto en lo que mencioné a los colegas de Bogotá cuando ocupaba la Presidencia de DEVIDA, hasta el pasado diciembre: el mundo ya ha vivido varios intentos de grandes reformas de las políticas de drogas basadas en las convenciones internacionales de 1961, 1971 y 1988, y las denominadas UNGASS o sesiones especiales de Naciones Unidas (2003, 2009 y 2014).

Ninguna de aquellas sesiones globales fue definitoria en la reformulación de los grandes paradigmas prohibicionistas, por tanto, es iluso mantener la idea de producir tal nivel de cambios en la actual coyuntura internacional. Por lo tanto, los países de la OTCA deben inmediatamente reunirse y establecer aquellos elementos de hondo contenido político estratégico para revivir un nuevo debate a nivel global sobre Desarrollo, Drogas y Medioambiente.

Esto significa evaluar a Estados Unidos y Europa con el mismo rigor que aplican a países como Perú (o resto de naciones andinas y amazónicas) para así reducir la demanda de cocaína, con un mayor grado de cooperación financiera, comercial y técnica, y sin limitaciones. La próxima reunión de los mandatarios amazónicos a realizarse este año, así lo exige.