RÁÜL ROMEVA I RUEDA

Hay tres formas de situarse ante la decisión del Consejo de Seguridad de intervenir en Libia. Una es la de quienes consideran a Gadafi un revolucionario que representa, junto a sus amigos Ahmadineyad, Chávez, Putin o Hu Jintao, la única esperanza que le queda al mundo para no sucumbir al imperialismo occidental. Es este un razonamiento que considero arcaico y que no comparto ni por asomo. Baste decir que personalmente me sitúo en las antípodas de esta forma de entender el mundo, y que si la salvación de la izquierda pasa por seguir la estela de estos jinetes del Apocalipsis, conmigo que no cuenten.

La segunda es la hipócrita actitud de quienes, habiendo sido durante años los aliados de Gadafi, vendiéndole armas, comprándole petróleo, callando ante las atrocidades que cometía contra su pueblo y recibiéndole con alfombra roja, ahora pretenden liderar la voz crítica con el dictador y aparecer como los ángeles liberadores. Todavía resuena en mi cabeza el debate que tuvimos en el Parlamento Europeo a principios de enero en relación al acuerdo marco UE-Libia. Fuimos los Verdes quienes, casi en solitario, lideramos la oposición a ese acuerdo argumentando que el régimen de Gadafi llevaba décadas violando sistemáticamente los derechos humanos de su pueblo y de los inmigrantes que llegaban a ese país. Acusamos entonces de irresponsables a la UE y a aquellos estados miembro que deseaban profundizar en dicha cooperación, y advertimos que esta política de sostener a dictadores porque convenía a nuestros intereses económicos (business as usual) no sólo era contraria a los valores fundamentales y los principios legales de la UE, sino que con el tiempo se acabaría descontrolando, como así ha sido. Y eso vale para quienes han acogido, aplaudido y ayudado a Gadafi, pero también para quienes han hecho lo propio con Ben Alí, Mubarak, Mohamed VI, Bashar al Assad…

El tercer grupo es el de los desconcertados, pero sobre todo enojados porque, de nuevo, se nos haya llevado al extremo de tener que afrontar el eterno dilema de cómo, cuándo y dónde usar la fuerza para evitar más sangre, más dolor y más impunidad. En este grupo estamos quienes, dadas las circunstancias, conociendo el currículo del personaje, valorando las consecuencias del seguir sin hacer nada, negándonos a asistir pasivos a otra matanza como las de Sarajevo, Srebrenica o Gorazde, hemos optado por apelar a Naciones Unidas para que cumpla con su “Responsabilidad de proteger” (mandato que ostenta desde 2005 y 2009).

Es una de las pocas veces, pienso, que el criterio de legalidad es inobjetable, tal y como argumentaba de forma excelente en estas páginas hace unos días el catedrático Pere Vilanova (“La ONU y Libia, un punto de vista”, 26-03-11): “La resolución 1973 del CS es explícita, es previa a la acción, define claramente el mandato, y además fija también los límites que el mandato no debe traspasar. En este caso, el criterio de legalidad viene reforzado por el criterio de legitimidad. Los casos en los que en el pasado no se intervino, o se hizo tarde (como en la ex-Yugoslavia entre el 91 y el 95, bajo misión de Naciones Unidas), han pesado mucho en la decisión de los miembros del CS. Incluso los que tenían reservas –por motivos varios y que les corresponde a ellos explicar– se han abstenido, no ha habido votos en contra”.

Procede decir, sin embargo, que en este tercer grupo están también quienes resuelven el dilema oponiéndose a la intervención. Comprendo este argumento, aunque no lo comparta, siempre que se acepte que esta opción conlleva costes y se asuman moral y éticamente sus consecuencias fatales. Porque eso también debe estar presente en la balanza a la hora de tomar partido.

En otras palabras, cada cual es libre de asumir, en situaciones críticas como esta, de qué lado está, si bien ninguna de las opciones que se tome, digámoslo también, está exenta de un cierto grado de incertidumbre y de cierto coste moral y ético. ¿Intervenir tiene riesgos? Por supuesto. Pero no hacerlo también. ¿El Consejo de Transición (rebeldes) no es garantía de nada? También es cierto, pero presumo que una victoria de Gadafi tendrá consecuencias nefastas a corto, medio y largo plazo. Por eso soy de los que piensan que, ante todo, Gadafi no puede ganar.

Al igual que el director de la Escuela de Cultura de Paz de la UAB, Vicenç Fisas –“La izquierda y la intervención militar en Libia”, El País, 22-03-2011– estoy a favor de la existencia de unas fuerzas armadas reducidas y entrenadas especialmente para actuar en operaciones de mantenimiento de la paz, en coordinación con Naciones Unidas, así como que los ejércitos nacionales sean reemplazados por unas fuerzas militares de Naciones Unidas suficientemente dotadas para emergencias (como es ahora la de Libia), aunque sé que esto va para largo.

Pero es que es precisamente en momentos así cuando es más necesario que nunca recordar lo nefastos que son los gastos militares excesivos y no justificados, la política de fomento del comercio de armas hacia países que violan los derechos humanos o que están en crisis, la glorificación del armamento, el fomento de la investigación militar frente a los recortes en la investigación no militar, o el empeño en introducir la cultura de la defensa militar en el ámbito escolar. Todas estas manifestaciones del militarismo son rechazables de plano. En esto último, espero, estaremos muchos de acuerdo, a pesar de Libia.

Raül Romeva i Rueda es Eurodiputado por ICV y vicepresidente del Grupo Verdes /ALE

Ilustración de Iker Ayestarán