'E-book' y derechos de autor

MAGDALENA VINENT

El libro electrónico es uno de los temas estrella en los medios de comunicación. La avalancha de noticias está siendo de tal calibre que algunos han llegado a calificarla de tsunami informativo. La realidad es que hoy tanto la demanda como la oferta de libros electrónicos son incipientes, y su desarrollo está vinculado estrechamente al de los dispositivos lectores que, a pesar de que están mejorando, todavía tienen que perfeccionarse y adaptarse a las necesidades del consumo masivo.

Está claro que las oportunidades que la tecnología ofrece a escritores, editoriales y lectores con este nuevo soporte son incuestionables y que su expansión va a transformar la industria, los hábitos de lectura, la enseñanza e, incluso, la forma de escribir. Pero ante este nuevo fenómeno también se plantean bastantes incertidumbres, fundamentalmente por el temor a que el libro digital pueda ser pasto de la piratería en la Red, como le ha ocurrido a la música o al cine.

No se trata de una desconfianza exagerada hacia Internet ni de una sospecha infundada, puesto que el libro editado en papel ya está siendo pirateado en la Red. Por este motivo, en el escenario actual, la digitalización de los contenidos editoriales facilita sin duda alguna la multiplicación de la piratería. Por eso son necesarias una serie de condiciones que configuren un entorno virtual con garantías para todos, para los que crean y para los que acceden a esas creaciones.

En primer lugar se requiere una amplia oferta legal de libros electrónicos para que los usuarios puedan acceder respetando los derechos de autor a cualquier obra en la Red. Esto supondrá una alternativa para aquellos que alegan que son consumidores de contenidos pirata porque no encuentran una oferta adecuada.

Los editores españoles y su entidad de gestión, el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) –miembro de la International Federation of Reproduction Rights Organisation (IFRRO)–, están trabajando en nuevas líneas de negocio para proporcionar un catálogo de contenidos electrónicos de calidad no solamente literarios, sino también educativos, técnicos y científicos. Ya existen distintas plataformas que facilitan el acceso legal a libros y revistas en formato digital y en los próximos meses van a ir apareciendo otras nuevas que completarán una oferta editorial legal amplia capaz de cubrir las necesidades y expectativas de los lectores.

En segundo lugar es imprescindible un marco regulatorio y unas herramientas administrativas y judiciales que garanticen que los derechos de propiedad intelectual de los escritores y editores no son vulnerados en Internet, y que, en caso de serlos, existen mecanismos eficaces y efectivos para luchar contra la copia y descarga ilegales de sus obras.

El Gobierno español está trabajando en esta línea, sin embargo su propuesta ha sido muy contestada en determinados ámbitos porque, según sus críticos, va en contra de determinados derechos y libertades, como el de expresión y el del acceso a la información y a la cultura. Sin embargo, los derechos de unos y los de los otros son perfectamente compatibles en la Red, al igual que lo son fuera de ella, y luchar contra la vulneración de la propiedad intelectual no tiene por qué suponer atentar contra ningún derecho individual reconocido en el ordenamiento jurídico español.

En tercer lugar se necesita formar e informar a los ciudadanos sobre los principios de la propiedad intelectual para que sus hábitos de consumo sean responsables y respetuosos con los derechos de autor.

Vivimos en la sociedad de la información y el conocimiento, y bajo este paraguas se ha generalizado una corriente social que aboga por la “cultura gratis” en la Red. Esta tendencia está generando una gran confusión entre el “derecho a la cultura” y el concepto de “cultura gratis”. ¿Por qué existe esta expectativa de la gratuidad respecto a la cultura y no en relación con los productos y servicios que se utilizan para acceder a ellos (ordenadores, conexión a Internet, etc.)? ¿Por qué se cuestiona continuamente el derecho que tienen los escritores o cualquier artista a ser remunerados por su trabajo pero no ocurre con el resto de trabajadores? Posiblemente esto sea un síntoma de la escasa valoración social de la creación y la cultura y es responsabilidad de todos poner en valor el trabajo intelectual de nuestros creadores.

Sin embargo, todas estas medidas no tendrán mucho sentido si las fuerzas políticas no son capaces de llegar a un pacto de Estado para que la comunidad intelectual y la industria cultural no estén sometidas a cambios políticos y a tendencias partidistas o económicas. Este requerimiento es imprescindible y urgente. La propiedad intelectual garantiza el desarrollo sostenible de la cultura, la educación y el conocimiento científico en nuestro país, a la vez que es motor de riqueza educativa, cultural y económica. La contribución de los escritores y de las editoriales españoles a este desarrollo es muy importante.

Los países más avanzados y con mayores niveles de democracia son los que mejor protegen la propiedad intelectual y cuentan con ciudadanos respetuosos con la creación. En este punto cabe preguntarse en qué lugar quiere situarse España.

Para que el ecosistema virtual del libro digital se desarrolle con normalidad es necesario responsabilidad por parte de todos: de escritores, de editores, de políticos, de gobiernos y, también, de usuarios y proveedores de servicios. Desde este punto de vista, todavía queda mucho por hacer en España para conseguir salir de los puestos de los países más piratas del mundo. Ser responsable con los derechos de los creadores y de las industrias que los sostienen significa incentivar la sociedad del conocimiento y potenciar el desarrollo económico y social de un país.

Magdalena Vinent es directora General de CEDRO y presidenta de IFRRO