Para predecir qué haría un político en caso de llegar al poder no hay mejor oráculo que observar lo que ya hizo cuando estuvo en él, y Feijóo tiene un amplio historial asociado a sus responsabilidades en el Gobierno gallego. Algunas han sido objeto de atención desde que dio el salto a Madrid, pero hay una que ha pasado desapercibida, en parte porque en el imaginario colectivo Galicia es un lugar asociado al verde de los bosques y al azul del mar y no a problemas medioambientales, sin contar catástrofes como la del Prestige.

Más allá del tópico, el balance real en materia ecológica de Feijóo y la derecha gallega puede sintetizarse con una palabra: ecocidio. Un ecocidio a cámara lenta y silencioso, nada espectacular, caracterizado por una constante pérdida de biodiversidad, contaminación persistente de ríos y rías y destrucción del paisaje y del patrimonio natural ante la total pasividad cuando no entusiasta colaboración del poder autonómico.

Poco va quedando ya del universo que narrara el escritor Wenceslao Fernández Flórez, aquel bosque animado gallego en el que coexistían animales, hombres, leyendas y, en suma, una cultura ancestral pegada a la tierra. Dinámicas sociales y económicas aparte, probablemente el agente principal de ese cambio sea el eucalipto, que el comité científico del Miteco concluyó en 2017 que debía ser incluido en el catálogo español de especies exóticas invasoras, una decisión que el gobierno de Rajoy paralizó, dadas sus consecuencias económicas. Si el plan forestal gallego de 1992 tenía un objetivo de 245.000 hectáreas de eucalipto en Galicia para 2032, la expansión acelerada y sin restricción de la especie dejó atrás ese objetivo hace tiempo, ascendiendo hoy (según datos oficiales de la Xunta que hay quien considera "maquillados" a la baja) a 409.000 hectáreas que ocupan la mayor parte de la Galicia costera y parte del interior, reduciendo seriamente la biodiversidad según diversos estudios de las universidades gallegas. La reciente moratoria a su plantación (moratoria tramposa porque no impide plantar más eucaliptos allí donde ya son especie mayoritaria) se extiende solo hasta 2025 y es objeto de frecuente incumplimiento ante la permisividad de la Xunta, que tiene la fea costumbre de meter en cajones las denuncias por plantación irregular durante la moratoria pero también en espacios naturales protegidos, riberas de ríos o zonas agrícolas en las que legalmente no puede plantarse.

Y es que no sancionar es una de las formas que tiene el Gobierno gallego de permitir los incumplimientos medioambientales. El importe total de las sanciones que imponen las consellerías de medio ambiente o de medio rural, u organismos como Aguas de Galicia, es ridículo y no guarda proporción con el volumen de infracciones, declaradas o no. Otra forma de amparar los incumplimientos medioambientales es considerar que los espacios naturales simplemente no existen. Siendo la Red Natura 2000 la figura de protección medioambiental principal en Europa, Galicia tiene la más pequeña entre las 17 comunidades autónomas, con enorme diferencia: no alcanza el 12% de su superficie, cuando la siguiente comunidad en el ránking, Euskadi, ronda el 20% y la media estatal es del 27%. El gobierno del socialista Pérez Touriño (2005-2009) preparó una ampliación que Feijóo metió en un cajón, a pesar de ser reclamada desde hace más de una década por la UE. Pero es que, además, en 2022 la Comisión Europea declaró que "el Plan Director elaborado por Galicia para la gestión de los espacios Natura 2000 no cumple los requisitos de la directiva hábitats", siendo esa directiva precisamente la que determina la protección de esos espacios, lo que implica que la escasa red gallega ni siquiera está efectivamente protegida.

Para muchos, esa desprotección guarda relación con las expectativas de la industria eólica. Dado que el gobierno de Touriño prohibió la instalación de parques eólicos en Red Natura 2000, una ampliación reduciría el espacio disponible para su expansión. Galicia es una de las zonas de España con más molinos eólicos por kilómetro cuadrado, y el objetivo –derivada de la transición energética- es incrementar la potencia instalada en poco tiempo. Esto ha dado pie a un enorme aluvión de proyectos, a una reacción social bajo el lema de "eólica sí pero no así" y a una intensa litigiosidad, en la cual el Tribunal Superior de Justicia ha anulado o paralizado un buen número de proyectos. Lo cierto es que el plan eólico de Galicia, del año 1997, nunca se sometió a evaluación ambiental estratégica y que la normativa eólica gallega es un galimatías sujeto a constantes modificaciones.

La última, dados los constantes revolcones judiciales, se ha producido por la puerta de atrás en la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2024 y establece que los proyectos eólicos de tramitación autonómica son "de interés público superior" y que "se presumirá" que su evaluación ambiental por parte de la Xunta "resulta válida", un hito en la desprotección ambiental porque supondría, de aplicarse por los tribunales (lo cual está por ver), impedir la revisión judicial de la correcta aplicación del derecho medioambiental. En la práctica el Gobierno gallego actúa como si no existieran las leyes medioambientales, no sancionando infracciones y emitiendo declaraciones de impacto ambiental laxas y deficientes para facilitar proyectos a empresas "amigas". Y es que las puertas giratorias son norma en la política medioambiental gallega: un ex conselleiro de medio ambiente de la Xunta está en el consejo de administración de la pastera Ence, otra en el de la energética Greenalia, empresas ambas con fuertes intereses económicos en Galicia.

Con estos mimbres, lo raro es que quien contamine pague o deje de hacerlo. Los casos de empresas que contaminan las rías sin ser sancionadas son conocidos. Si a eso le unimos la contaminación que ingresa en las rías procedente de ríos que reciben todo tipo de vertidos, se da la combinación perfecta para un descenso en la producción marisquera superior al 60% en todas las especies de bivalvos, sobre todo en la última década. Como consecuencia, si en el año 2000 había en Galicia 6.551 permisos de explotación de mariscadores, en 2022 hay 3.614, un descenso del 45% en lo que va de siglo. Las causas del desplome marisquero son complejas, pero una de ellas es, sin duda, una contaminación que no se ha atajado a pesar de las ingentes sumas de fondos europeos recibidos para ello. A eso se une la opacidad, puesto que los datos de la Xunta en materia de contaminación de ríos y rías son guardados como si fueran secreto de estado.

Otra muestra de la omisión del derecho medioambiental por parte del gobierno gallego es que de las 203 especies gallegas de flora y fauna amenazadas que constan en un desfasado catálogo oficial, solo 3 cuentan con plan de conservación o recuperación, a pesar de exigirlo la ley desde hace más de una década.

En materia de cambio climático, la dirección general responsable cuenta con un único funcionario dedicado al asunto y la única política gallega real –como en el resto de la cuestión medioambiental- es propagandística: ha creado la Alianza Gallega por el Clima, bello nombre al que anima a adherirse a empresas y administraciones locales, emitiendo declaraciones de intenciones sin acciones concretas. La reducción de emisiones de CO2 producida en Galicia en los últimos años coincide al dedillo con el efecto del cierre de las térmicas de carbón de As Pontes y Meirama, decidido por Endesa y Naturgy por razones de mercado, y al cual el gobierno gallego se opuso culpando hipócritamente al central.

Todo lo anterior configura un deterioro acelerado del patrimonio natural gallego que ha llevado a una institución oficial como el Consello da Cultura de Galicia a emitir duros informes en los que advierte de la progresiva destrucción del paisaje de Galicia y de su biodiversidad, que asocia a su cultura. Dice en el más reciente que "los valores naturales, culturales y sociales del territorio son marginados frente a intereses económicos". Esos intereses económicos son mayoritarios en la sociedad Recursos de Galicia (RDG), recién creada con una participación de un 30% de la Xunta para promover proyectos energéticos, mineros o que requieran concesión de agua; ideada para explotar recursos públicos gallegos pero al amparo del derecho privado y huyendo de la normativa pública como de la peste.

En conclusión, atendiendo a la experiencia gallega, lo que cabe esperar en materia medioambiental de un PP controlado por Feijóo si llegase al poder es un intenso greenwashing, privatización y retroceso de cualquier política de protección del patrimonio natural.