MIREN ETXEZARRETA

Según un informe publicado en mayo, la economía sumergida supone en España entre un quinto y una cuarte parte del PIB y de cuatro a cinco millones de trabajadores. Por ella, las arcas públicas han dejado de ingresar una media de unos 31.000 millones de euros al año entre 1989 y 2008. Y ha crecido muy intensamente –entre 1980 y 1985 era del 12,5% del PIB– hasta la crisis. Una actividad económica tan considerable deja patente que es una vieja fórmula consentida por las autoridades a pesar de suponer un importante fraude a la Seguridad Social, a los derechos de los trabajadores y, probablemente, también de naturaleza fiscal. Muchas empresas españolas logran con ello sustanciales beneficios y una flexibilidad total en sus relaciones laborales. Algunos aducirán que supone la parte empresarial más cutre, que las empresas respetables no incurren en estas prácticas, pero no se pueden ignorar que en la moderna sociedad capitalista los canales de transmisión son amplios y todas las empresas acaban beneficiándose de precios y salarios más bajos y del ambiente laboral inferior. De hecho son pocas las denuncias de esta fórmula por las empresas legales.

La Unión Europea se ha propuesto ejercer una fuerte presión para que se controle la economía sumergida. Debe de ser por ello que el Gobierno español ha tomado nuevas medidas para regularizarla y someterla –Decreto-Ley del 29 de abril–, aunque ya existían leyes con la misma orientación. Nueva normativa sorprendente, tanto por su carácter de Decreto-Ley que impide el debate sobre la misma, como porque se incluye en ella una insólita disposición dedicada a la “Modificación de la deducción por obras de mejora en la vivienda habitual…” que poco tiene que ver con el tema principal.

Pero lo realmente inconcebible es el contenido del Decreto-Ley: en su artículo primero permite la regularización de los trabajadores clandestinos antes del 31 de julio de 2011 sin ningún tipo de penalización, haciendo tabla rasa de todo lo sucedido hasta ahora, aceptando a las empresas de economía sumergida sin ninguna responsabilidad por sus obligaciones anteriores. Si las empresas regularizan sus trabajadores antes de julio se les concede una completa y total amnistía. No queda más remedio que denunciar esta escandalosa amnistía fiscal que se concede a quienes durante años y años han estado delinquiendo estafando al fisco, abusando de los trabajadores y ejerciendo una competencia ilegal con los demás empresarios. El Gobierno español anula toda obligación previa, a decir del Ministro de Trabajo, para “facilitar la emergencia de este tipo de economía”. ¿No será que temen que muchas de tales empresas cerrarán si son penalizadas, o que tales empresarios tienen mucho poder?

Política arbitraria e injusta donde las haya. Injusta con los trabajadores, a quienes no se les reconoce ningún derecho, ni la más mínima compensación por los años que han estado superexplotados, injusta con el erario público e injusta en una intensa competencia desleal con los empresarios que cumplen con sus obligaciones. Y que tiene consecuencias en muchos ámbitos. Por citar algunos de actualidad, ¿cómo incide en el déficit fiscal?, ¿cómo en la productividad?, ¿cómo se computa para evaluar los aumentos de ésta de los que han de depender los salarios?

Pero no es sólo injusta, sino muy poco realista: si se supone que los patronos que tienen que regular trabajadores preferirán hacerlo sin penalizaciones que arriesgar a ser encontrados en fraude y pagarlas después de esta fecha, ¿hay que imaginar que las empresas que, en total, emplean a más de cuatro millones de trabajadores en negro van a regularizarlos en tres meses? Esto si que equivaldría casi a una revolución.

La impresión que produce todo este proceso es que la presión de la UE ha forzado una normativa que, además de ser lo más suave posible con el empresariado, no se tiene voluntad de hacer cumplir. Como se ha ignorado en el pasado, se adopta ahora una muy benigna negligencia con ella, esperando quizá que la UE controle más la formalidad legislativa que su ejecución real, pues está claro, también, que no se pueden esperar ayudas de Europa con este objetivo.

Porque un problema todavía mucho más grave para el Gobierno es que bastantes de los casi cinco millones de parados que existen logran sobrevivir por medio de trampear con trabajos irregulares en la economía sumergida; de hecho, muchos de los parados se mantienen formando parte de la misma. Mucho más teniendo en cuenta que mas de 1.300.000 familias tienen a todos sus miembros en paro, que uno de cada tres parados es un parado de larga duración, que el sector público está poniendo en práctica duros programas de ajuste y que se han eliminado prácticamente las ayudas para los que ya no tenían subsidio. Dado que no parece probable que los empresarios de la economía sumergida estén dispuestos a emerger en masa al mundo legal a pesar de las inmejorables condiciones legales otorgadas, ¿de que van a vivir todas estas familias si hasta el recurso a la economía sumergida se elimina? ¿Qué puede hacer, a qué queda condenada una población sin empleo si se le cierra la espita de último recurso? ¿Se atreverá realmente el Gobierno a disminuir sustancialmente la economía oculta? ¿Qué consecuencias pudiera tener si esto sucediera? ¿Es consciente la UE de lo que propone?

El problema es muy grave y contradictorio. La economía sumergida se tiene que eliminar para lograr una economía más sana, pero las condiciones actuales hacen dramática esta tarea. ¿Podrá la presión de la UE sanear una situación fraudulenta o, con tantos trabajadores parados o sumergidos, podrán más aquellos empresarios firmes en su voluntad de mantener la clandestinidad?

Miren Etxezarreta es catedrática emérita de Economía Aplicada de la UAB

Ilustración de Iker Ayestaran