Héctor Illueca

Doctor en Derecho e Inspector de Trabajo y Seguridad Social

Adoración Guamán

Doctora en Derecho y Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

La reforma del ministro Wert ha conseguido unir a toda la comunidad educativa alrededor de un objetivo común: detener el desmantelamiento de nuestra educación pública y denunciar la naturaleza profundamente injusta de una reforma que se opone frontalmente a los criterios científicos y de justicia social vigentes en el campo de la educación. Tal y como sucedió con la reforma laboral aprobada en febrero 2012, la denominada Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha desencadenado un conflicto entre el Gobierno y los intereses de la mayoría social que se prevé largo y complicado. Ambas reformas, junto con las ya iniciadas o anunciadas por el Gobierno en muy diferentes ámbitos (Código Penal, pensiones, aborto, etc.), configuran una estrategia ultraconservadora orientada a la ablación de los derechos sociales y políticos de la inmensa mayoría de la sociedad. Una sociedad condenada por quienes ostentan el poder político a la precariedad laboral, a la inseguridad social, a la insuficiencia en la formación y a la limitación de los derechos que atañen a la esfera íntima de libertad personal.

En el epicentro de la batalla contra la LOMCE, entre huelgas y manifestaciones, es preciso evidenciar y argumentar está la relación de continuidad entre las distintas reformas y en particular entre la reforma laboral y la educativa. Para ello debemos aludir, en primer lugar y de forma preeminente, a la profunda transformación operada en el seno de la Unión Europea a raíz de la implantación del euro. Como es sabido, la existencia de la moneda única ha beneficiado a Alemania y a otros países ricos de Europa, reforzando su posición en el esquema europeo como exportadores netos de bienes de equipo y de consumo y como importadores netos de demanda general. O, por expresar la idea con otras palabras, la unión económica y monetaria ha permitido que los países centrales, especialmente Alemania, acumulen crecientes excedentes comerciales en su espacio vital europeo, bloqueando cualquier posibilidad de devaluación competitiva y alimentando una intensa redistribución del trabajo en perjuicio de las modestas economías de la cuenca mediterránea. Como vamos a comprobar enseguida, las reformas a las que nos referimos se inscriben en este contexto, que explica y moldea sus características fundamentales.

Veamos. El aspecto más notable de la zona euro ha sido la aparición de una nueva división del trabajo favorable a los países centrales, que han aprovechado la brecha de competitividad con la periferia para controlar porciones cada vez más grandes de los flujos comerciales en el interior de la Unión Europea. Mientras Alemania, Holanda o Finlandia orientaban sus economías hacia la fabricación de bienes de alto valor añadido, los países de la periferia se especializaban en la producción de bienes de bajo valor añadido, animando a base de crédito el consumo de productos fabricados en el Norte rico. España, por ejemplo, se entregó a una vorágine urbanizadora que, en apenas una década, transformó profundamente el territorio de nuestro país. El virus de la especulación, que se extendió rápidamente por todo el cuerpo social, provocó un aquelarre inmobiliario que ha estimulado a la economía española durante algo más de un decenio, convirtiendo el sector de la construcción en la verdadera industria nacional y otorgándole una importancia económica muy superior a la de otros países europeos.

Partiendo de esta base, no parece exagerado afirmar que el proceso de construcción europea ha provocado una situación de naturaleza colonial, caracterizada por la hegemonía alemana y la subordinación de las economías periféricas a partir de una específica división del trabajo que convierte a los países pobres en una reserva de mano de obra barata. Ciertamente, esta situación no se deriva de una guerra de agresión, sino de una estrategia competitiva encabezada por Alemania y plenamente aceptada por las clases dirigentes de los países periféricos, que de este modo asumen su incapacidad de afrontar un camino independiente para sus respectivos países. Sin embargo, el resultado no ofrece lugar a dudas: una relación de subordinación y dependencia semejante a la que se produce en el proceso de colonización clásico, caracterizado por la desposesión sistemática de las economías periféricas y la sobreexplotación de sus trabajadores.

En este contexto, la reforma laboral aprobada por el Gobierno del Partido Popular constituye un paso decisivo en la acelerada transición hacia el subdesarrollo que ha comenzado en nuestro país. Este proceso, que supone un importante retroceso en la protección legal de los trabajadores, se desarrolla al margen del turnismo político mediante diversas fórmulas legislativas: el abaratamiento del despido, la contratación temporal no causal o la desarticulación de la negociación colectiva… Su objetivo es elevar la tasa de beneficio incrementando la tasa de explotación de los trabajadores. Pretende rentabilizar al máximo el uso de la fuerza de trabajo flexibilizando el empleo y eliminando controles administrativos y sindicales. Se trata, en definitiva, de una violenta devaluación salarial que se encuentra reflejada en los diferentes datos estadísticos y que supone la consolidación del mercado de trabajo típico de los países subdesarrollados.

Pues bien, la LOMCE se explica y cobra sentido en este contexto económico y laboral. Recordemos que, entre otros aspectos, la Ley reduce el número de asignaturas y limita la carga lectiva a unos contenidos mínimos, orientando el sistema educativo hacia la preparación de mano de obra barata, futuros trabajadores precarios provistos de los conocimientos indispensables para desenvolverse adecuadamente en el mercado laboral basura que les brinda el capitalismo. Ignorando las verdaderas necesidades del alumnado, la reforma alumbra un sistema educativo que se basa en la realización de exámenes continuos, convirtiendo la educación en una carrera de obstáculos en la que las condiciones económicas y familiares serán determinantes para el éxito o el fracaso escolar. En una economía periférica, el mercado laboral reclama mano de obra masiva y no cualificada, como corresponde a una sociedad clasista que descarta la igualdad de oportunidades. No es aventurado suponer que, tras la aprobación de la LOMCE, los hijos de una familia trabajadora verán disminuidas sus posibilidades de progresar socialmente y sufrirán las consecuencias de la nueva división europea del trabajo.

En coherencia con ello, la reforma apuesta decididamente por la segregación clasista del alumnado, delineando un abanico de itinerarios formativos que se inician a edad muy temprana y que pretenden eliminar de manera progresiva la educación común durante la etapa obligatoria. Como ha denunciado la comunidad científica, esta opción legislativa ignora y vulnera las necesidades y motivaciones del alumnado, convirtiendo el sistema educativo en una gigantesca agencia de formación y selección de personal para satisfacer las necesidades de las empresas. Por si hubiera alguna duda sobre la intención del legislador, el segundo borrador de la Ley establecía que los alumnos que presenten una “situación socioeconómica desfavorable” serían desviados a diversos programas de formación profesional, evidenciando el futuro que el Ministro tiene reservado a aquellos estudiantes que proceden de familias con menos recursos.

Hace meses que la comunidad educativa viene alzando la voz para desenmascarar las verdaderas intenciones de esta bárbara reforma. Las masivas movilizaciones y protestas de la marea verde ponen de relieve que este colectivo está unido en la defensa de la educación pública. Pero más allá de la comunidad educativa, es la sociedad en su conjunto la que debe rechazar esta reforma de manera contundente y reclamar con toda firmeza la construcción de una alternativa, con protestas por las vías tradicionales, con la reinvención de la movilización y la acción social, desde estructuras ya establecidas y con la creación de otras nuevas. No nos queda otra opción que reconquistar nuestra independencia para detener el empobrecimiento de la población. De lo contrario, la transición hacia el subdesarrollo se consolidará e institucionalizará, convirtiendo a nuestro país en una reserva de mano de obra barata condenada a vender su fuerza de trabajo por salarios de miseria.

La clave es una movilización de carácter general y sostenida en el tiempo contra una nueva colonización dirigida por la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) y consentida por régimen bipartidista. Todas las resistencias deben confluir en un objetivo común, de mayor alcance, construyendo una amplia alianza político-social alrededor de la propuesta de impago de la deuda, la recuperación de la soberanía y el rechazo a las reformas alevosamente impuestas a nuestro país. Las recientes movilizaciones, protestas y malestar compartido demuestran que no se trata de un brindis al sol: esta alianza existe de manera potencial en nuestra sociedad y acabar de conformarla está en manos de las personas que salimos a la calle en defensa de nuestra educación pública, las que hemos salido y saldremos en defensa de nuestros derechos. Pero ya no basta con repetir el ritual de protesta, hace falta avanzar en los distintos caminos de organización y confluencia. La transición está en marcha y el tiempo no corre a nuestro favor.