BENJAMÍN FORCANO

Al ocuparme del tema, busqué una lectura directa del contenido de la Ley. Recorrí siete librerías. Ninguna me daba el texto oficial. En la última, el director me dijo:

–Mire Vd., aunque tuviera que tenerla, yo no la tendría.

–¿Por qué?

–Porque es un atraco.

–Perdone, ¿Vd. ha leído el texto?

– No.

–Y ¿entonces? ¿No es Vd. un manipulado?

–Pero yo tengo gente de la que me fío y que me dice la verdad.

– Pues yo tengo también esa gente y me dice todo lo contrario.

–Es que este Gobierno que mal nos gobierna…

–Bueno, lo ha dicho Vd. todo: el PSOE es malo; esta ley es del PSOE, luego es mala. Buenas tardes y que Dios le acompañe.

Mi intuición se confirmó al ciento por ciento. Todo el mundo habla de la Ley y nadie la ha leído. Pude comprobar que esta ley viene en parte de la recomendación del Consejo de Ministros de Europa, se basa en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución española y en otros tratados y organismos internacionales, es enseñada prácticamente en todos los países de Europa y, si se la compara con la LOCE (PP) en la sección ética, el temario es casi idéntico.

No obstante, Mariano Rajoy afirmaba en la COPE: “Esta asignatura no tiene ningún sentido. No le aporta nada a ningún alumno. Estamos haciendo algo grotesco”.

¿No tiene ningún sentido legislar que la educación es la principal riqueza y recurso de un país, que es el medio más adecuado para transmitir y renovar los conocimientos y valores, que tiene como finalidad formar a los ciudadanos en el respeto a los demás, la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y el rechazo de toda desigualdad y discriminación, de toda violencia y prejuicio?

¿No sirve para nada una ley educativa que enseña los elementos básicos de la cultura y prepara para el ejercicio de los derechos y obligaciones en la vida civil?

¿Es grotesco que los alumnos aprendan los valores democráticos: justicia, pluralismo político, libertad, autoestima, responsabilidad, igualdad de todos ante la ley?

Dice literalmente la ESO: “La realidad fundamental y común que atraviesa la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos y la Educación ético cívica es la persona”. La persona es, en efecto, la que fundamenta, esclarece y limita la intervención de los diversos educadores.

Me propuse recopilar las denuncias que llegaban del mundo eclesiástico: esta ley es inaceptable en el fondo y la forma, sus contenidos son perjudiciales para el desarrollo integral de la persona, impone a todos una moral de Estado por la fuerza de la ley, lesiona los derechos de los padres, impone el relativismo y la ideología de género. Contra ella es lícita una defensa incluso con la objeción de conciencia.

Quien lea el texto verá mucha palabrería hueca y nada o muy poca razón. Una vez más asistimos a una convivencia sin argumentación ni diálogo y, en consecuencia, confundida y manipulada. Analicé finalmente un discurso reiterativo de rechazo.

–Si hablamos de la responsabilidad del Estado, hablemos, puesto que estamos en España, del Estado actual, que es un Estado de Derecho, laico, aconfesional y no de un Estado totalitario y fascista.

–Si hablamos de procedimientos democráticos, mostremos cómo la mayoría de los españoles ha aprobado democráticamente en el Parlamento esta Ley.

–Si hablamos de leyes justas, hablemos del proceso a seguir en una democracia: debate, aprobación, promulgación y vinculación moral de estas leyes. El camino a seguir es el elegido por el pueblo a través de sus representantes en las Cortes Generales y en el Gobierno: poder legislativo, poder judicial, poder ejecutivo.

–Si hablamos de derechos y deberes a la hora de educar, unos y otros son propios de todas las instancias educativas, pero unos y otros proceden de la dignidad de la persona (la del niño), quien sugiere, exige y limita a todos, también a los Padres, al Estado, a la Iglesia, a la Escuela. El derecho de los educadores no es omnipotente, viene limitado por la dignidad de la persona, que reprueba cualquier abuso de poder.

–Y, finalmente, si hablamos de un Estado democrático, hablemos de una sociedad multicultural y pluralista, donde la medida para todos es la dignidad universal de la persona, percibida y desarrollada desde la perspectiva de una ética civil, vinculante para todos en sus elementos básicos. La no vinculación se refiere a credos particulares (ideológico, filosófico, político, religioso) que no pueden imponerse a todos.

El Estado debe garantizar el derecho de cada uno a ser ateo o creyente, pero no imponer a nadie, por ley, una cosa ni otra. Hay propuestas que atañen al Bien Común y en ese caso deben ser reguladas desde lo que es bien y derecho de todos.

España tiene una historia en que, de hecho, ha prevalecido una unidad de credo religioso y político. Hoy esa unidad se ha convertido en pluralidad democrática, con derecho de todos a pensar y disentir, sin dejar de ser por eso buenos españoles: católicos, creyentes de otra confesión, ateos, neoconservadores o progresistas. Presupuestos excluyentes (la verdad y el bien están de nuestra parte, el error y el mal de la otra) son los que llevan a la exclusión y enfrentamiento. Una educación y convivencia democráticas, en que quepamos todos pacíficamente, requieren remover todo presupuesto excluyente.

Benjamín Forcano es sacerdote y teólogo. Es autor de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos. Una propuesta educativa acorde con una visión humanista cristiana