Hace un mes se producía un intento debate sobre la conciencia fiscal, tras el anuncio del Youtuber Rubius de su cambio de residencia a Andorra. Consideramos esta una oportunidad para abrir un espacio de reflexión más que necesario para un debate cultural que parecía desde hace tiempo perdido en España.

Buena parte del discurso de quienes han llevado a cabo el cambio de residencia encaja perfectamente en el marco impuesto por el neoliberalismo: los servicios públicos están bien, pero la mayoría del dinero es para el malgaste de políticos y el sostenimiento de los denominados “chiringuitos”. Pero ¿consideramos que el 016 es un gasto absurdo? ¿Son un gasto absurdo las subvenciones a los partidos políticos o es la garantía de que no sólo los ricos se dediquen a la política? ¿Es un gasto absurdo invertir en el cuidado del medioambiente? ¿Son los objetivos de desarrollo sostenible respaldados por organismos internacionales elementos prescindibles de las políticas públicas?

Mientras la derecha neoliberal avanza en su estrategia de merma de los servicios públicos, rentabilizando mediante la venta a empresas servicios básicos como la salud o el cuidado de personas mayores; quienes se van dicen hacerlo porque consideran que “no se distribuye bien” y es su forma de protesta dentro de su libertad porque “no quiero que el Estado me robe”. La realidad es que el argumento es falaz, se van porque quieren tener más dinero y ninguna distribución alternativa eliminaría ese deseo.

Cuando abordamos la cuestión fiscal, nos vemos en la necesidad de justificar la legitimidad de los impuestos desde el ámbito político y social. El contrato social entre personas que “acuerdan” cooperar es el punto de partida y la ciudadanía que adquirimos por ello fundamenta nuestra forma de vida. Vivimos en un Estado Social cuyo objetivo fundamental debe ser garantizar los derechos y deberes de ciudadanía social para contribuir de manera progresiva al bienestar general como indica la Constitución, a través de la protección de los servicios y bienes públicos (educación, sanidad, jubilación, desempleo). No somos individuos aislados que competimos por rentabilizar nuestras opciones en un mundo sometido únicamente a las leyes del mercado, sino como una sociedad compuesta por ciudadanas y ciudadanos, iguales pero diferentes, con diversidad de orígenes y de capacidades.

Consideramos que la salud tributaria de un país viene determinada en gran medida por cuatro aspectos esenciales:

• La información: El grado de conocimiento, por parte de la ciudadanía del valor social de los impuestos (para qué sirven los impuestos, quién los paga o en qué se utilizan) es determinante. Incorporar mecanismos de información accesibles ayudará a la generación de una cultura y conciencia fiscales.

• Educación: La reciente incorporación en la Ley de la reforma educativa (LOMLOE), de el valor social de los impuestos y la justicia fiscal en el marco de la educación en valores cívicos y éticos, son un elemento informativo clave. Desde la Fundación CIVES hemos invertido, junto con otras entidades, grandes esfuerzos y aplaudimos que así se haya recogido en la ley.

• La concienciación: Conocer no sólo el modelo fiscal sino profundizar en cómo funciona el sistema de bienestar, los servicios públicos y las garantías que ofrecen al conjunto de la sociedad. La importancia de la redistribución como elemento clave de la Justicia social y un profundo análisis de cómo se genera la riqueza y la desigualdad. Es necesario analizar también cuáles son los verdaderos recursos que ponen en marcha nuestras instituciones para luchar contra el fraude, la evasión fiscal y la corrupción

• Necesaria la rendición de cuentas y transparencia fiscal para mejorar la distribución y evitar el fraude

• Una Administración fiscal dotada de recursos para prevenir y hacer seguimiento del fraude y la evasión fiscal articulando mecanismos de armonización fiscal a nivel europeo. Según indicaba la OCDE en 2015, España está a la cola tanto por número de empleados de Hacienda en relación a su población totalcomo en recursos económicos. Es necesario abordar esta problemática desde una dimensión supranacional, cooperando con otros países.

Podemos observar la enorme brecha que ha sufrido el discurso hegemónico neoliberal en plena pandemia. Es interesante remarcar en este debate la reciente encuesta de julio de 2020 del CIS, donde se observó que la ciudadanía está dispuesta a pagar más impuestos si se invierten en servicios públicos. Más de 60% de los y las españolas son conscientes del papel de los impuestos y no consideran que paguen demasiados.

Así, ante las constantes determinaciones por parte de los partidos neoliberales de bajar los impuestos como principal elemento del ahorro ciudadano, se ha abierto un interesante debate que muestra la fisura en el discurso hegemónico neoliberal sobre los impuestos. Ha quedado demostrado que sin una sanidad pública estamos condenadas, porque la salud, como todos los aspectos que sostienen los servicios públicos no son cuestiones que puedan resolverse de forma individual, sino colectiva. Cabe también mencionar aquí los avances tecnológicos que nos han permitido llegar donde estamos, porque efectivamente deberíamos preguntarnos cuál ha sido el papel de los impuestos en la creación de la infraestructura de telecomunicaciones que permite nuestro acceso a Internet.

Y es que cuando hablamos de Internet no podemos evitar hablar del procomún. Un modelo de gobernanza enfocado al bien común que fomenta la descentralización, la interacción y cooperación entre iguales, y que ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, creamos y consumimos. Sin embargo este modelo se encuentra hoy seriamente amenazado por lógicas de acumulación y privatización que tienen una cierta analogía con las de nuestros jóvenes que migran a Andorra. No podemos olvidar que desde el año 2014, Twich (la plataforma a través de la cual los Youtubers retransmiten sus contenidos) es propiedad de Amazon, una multinacional que no se caracteriza precisamente por su rigor fiscal. Los evasores no son más que alumnos aventajados de un modelo.

Actualmente, el Gobierno está trabajando en un Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164 para incorporar al ordenamiento español las modificaciones legislativas de la Unión Europea en las prácticas de elusión fiscal. Confiamos en que esta medida junto al desarrollo del valor social de los impuestos como contenido del currículo escolar (contemplado en la LOMLOE) sean las bases para abordar el grado de salud y conciencia fiscal de nuestra sociedad.

Cómo contribuir a la conciencia fiscal

Desde la Fundación CIVES creemos que para seguir ahondando en la brecha podemos acompañar el proceso de diferentes formas. Por un lado, comunicando la necesidad de este debate y de generar conciencia ciudadana sobre el bien común y el valor social de los impuestos, no sólo en los espacios formales de educación, también en los nuevos espacios de ocio y creación de contenidos donde se mueven quienes han sacado este debate a la palestra.

Mediante la creación de materiales didácticos que nos permitan debatir sobre la legitimidad y legalidad de los impuestos, la necesidad de implicación colectiva, corresponsabilidad y cumplimiento de la ley. Profundicemos en el concepto de rendición de cuentas y transparencia para mejorar la distribución y evitar el fraude. Ahondemos en los principios de igualdad, justicia social y justicia fiscal, y hablemos de procomún y de bien común. Abordemos nuestro contrato social, actualicemos sus bases. Hablemos de la necesidad de ser comunidad, de cuidarnos y protegernos juntas y juntos, porque solo así sobrevivimos como sociedad.

En resumen, la labor educativa en torno a la alfabetización telemática y un tipo de educación audiovisual distinta son necesarios tanto dentro del ámbito de la educación formal como informal, pero sobre todo es preciso que la opinión pública perciba la fiscalidad como una obligación moral y política y censure de modo efectivo a todas aquellas personas que utilizan la lógica del mercado como fuente de enriquecimiento individual e insolidario. Sin un mínimo de conciencia fiscal y de persecución legal del fraude es imposible construir una verdadera sociedad democrática basada en el Bien común.