Kattya Cascante

España cuenta con una política de cooperación al desarrollo dotada de importantes recursos financieros. Sólo este año, nuestro país destinará a este empeño nada menos que 5.279,69 millones de euros, lo que supone un incremento de 642 millones de euros (el 12%) respecto a 2008. Por tanto, pese a la severidad de la crisis económica, el Gobierno mantiene intacto su compromiso de que la cooperación española llegue a representar el 0,56% de la Renta Nacional Bruta (RNB) en 2010 y el 0,7 en 2015.

A todas luces, se trata de un esfuerzo financiero notable. De hecho, su magnitud es similar a lo que han representado para España en los últimos años las transferencias netas de fondos con cargo al presupuesto europeo, tan importantes para la modernización de nuestro país. Con este compromiso, España prueba que es un país que no sólo se beneficia de la solidaridad internacional, sino que también la practica de forma activa y responsable. Pero ¿es eficaz esta ayuda? ¿Sabemos si logra sus objetivos de desarrollo? Se trata de una pregunta de gran importancia, tanto desde el punto de vista práctico como normativo. Indudablemente, el esfuerzo financiero que realiza la sociedad española exige a cambio un sistema de gestión de la ayuda y de rendición de cuentas que garantice que esta se gaste de forma eficiente. ¿Existe este sistema? La respuesta, hoy por hoy, es que dicho sistema existe, pero sólo de forma muy incipiente; todavía tiene por delante un gran camino que recorrer.

Demasiado a menudo se tiende a confundir el resultado de una política con los recursos empleados en ella, lo que lleva a asumir erróneamente que lo uno es sinónimo de lo otro. “Tanto gasto, tanto hago” parece ser el lema de la Administración, olvidando que el gasto es un medio, no un fin. Pero una cosa es construir escuelas y otra que los niños aprendan a leer. La política de cooperación al desarrollo no es una excepción, ya que el gasto realizado tiende a dominar el discurso, dejando en un segundo plano la cuestión de cuáles han sido los resultados que se han logrado. A lo que hay que sumarle la característica de tratarse, además, de resultados que afectan forzosamente a terceros Estados. Por ello, sin dejar de mantener la preocupación por la cantidad de la ayuda, la comunidad de donantes viene centrando su interés en la cuestión de la eficacia de la ayuda. España, donde los problemas de cantidad han sido parcialmente superados gracias al esfuerzo de estos últimos años, debe considerar que ha llegado también el momento de preocuparse de la calidad de la ayuda y dicha calidad sólo puede ser garantizada mediante un sistema de rendición de cuentas adecuado y, sobre todo, más transparente que el

actual. Por este motivo, la Fundación Alternativas, en un informe de próxima publicación que analiza el sistema de rendición de cuentas de la cooperación española, detecta que, pese a que el marco institucional existente es suficiente para controlar las desviaciones y fraudes fiscales, el sistema español carece de mecanismos –tanto en forma de incentivos como en sanciones– que permitan medir y/o en su defecto reclamar responsabilidades políticas frente a una intervención inadecuada, poco eficaz o que el país destinatario debiera realizar por sí mismo.

Se trataría, por tanto, de establecer un concepto más amplio de rendición de cuentas que nos permita no sólo abarcar cuánto, cómo y a qué se ha destinado el presupuesto, sino que además nos permita constatar que ha servido para producir desarrollo. El objetivo último, en definitiva, de nuestra política de ayuda. Para que los mecanismos de rendición de cuentas sean efectivos es necesario que las instituciones responsables de la ayuda acepten críticas, sean capaces de redirigir una acción si se descubre que está mal encaminada o puedan establecer medidas que, además de fiscalizar las cuentas o verificar las actividades realizadas, sean capaces de analizar las relaciones causales entre las acciones y los resultados en los procesos de desarrollo.

Si bien laxas y no vinculantes jurídicamente, existen una serie de recomendaciones y directrices internacionales en materia de rendición de cuentas en lo referido a la cooperación al desarrollo. ¿Cumple España con ellas? El último examen del Comité de Ayuda al Desarrollo a España, de 2007, destaca la necesidad de definir un sistema de gestión para obtener resultados en materia de desarrollo y esto afecta a todos los actores, públicos y privados. Sin embargo, los numerosos actores del sistema español actúan de manera independiente. Además de una gran cantidad de ministerios que realizan actividades de cooperación, cada comunidad autónoma dispone de sus propias agencias de cooperación, a las que se unen los organismos locales, fondos de cooperación, etc. Cada uno de estos órganos actúa en el ámbito de sus competencias y con sus propios mecanismos de control jurídico (intervención), económico (tribunal de cuentas) y político (comisiones parlamentarias), además de los mecanismos de rendición de cuentas a su propia ciudadanía. Formalmente no existe una subordinación y el principio de coherencia, que debería servir de principio coordinador, no ha sido efectivo para garantizar un sistema integral de rendición de cuentas que todavía es mas ajeno para el sector privado.

La implicación y el apoyo ciudadano a las políticas de desarrollo es una condición democrática para consolidar una política basada en la participación y el diálogo de todos los actores. La rendición de cuentas sobre los resultados de desarrollo también debe incorporar a la sociedad civil y la opinión pública no sólo para legitimar la política de cooperación como una política de Estado, sino para conseguir que la sociedad española asuma verdaderamente un compromiso de lucha contra la pobreza. Un sistema de rendición de cuentas adecuado es la mejor manera de que la ayuda al desarrollo logre sus objetivos y de garantizar que la política de cooperación sea, a la vez, eficaz y sostenible.

Kattya Cascante es Politóloga. Fundación Alternativas

Ilustración de Javier Olivares