En estas elecciones decidiremos con nuestro voto si queremos que España avance decididamente en la transición ecológica o si, por lo contrario, asumimos el riesgo de quedarnos con la vieja economía contaminante. De ello nos alertan los miles de jóvenes que han salido a la calle en los Fridays For Future. En un artículo reciente en El País portavoces de este movimiento manifestaban: “No entendemos cómo es posible que se viva como si nada ocurriera tras las advertencias que nos están haciendo la ONU y el IPCC, máxima autoridad científicas en asuntos de cambio climático”.

¿Y qué dice el IPCC? En un informe instaba a los gobiernos a realizar una “transformación sin precedentes” y “cambios rápidos” para limitar el aumento de la temperatura a 1’5º a finales de siglo, cumpliendo con los objetivos más ambiciosos de los Acuerdos de París, ahora en grave riesgo. Superar el umbral de 1’5º grados, según el mencionado informe, provocará el aumento del nivel del mar en 10 cm, afectando a 10 millones de personas y impactos en la salud, la seguridad alimentaria, el abastecimiento de agua y el crecimiento económico.

La crisis ecológica no es una posibilidad futura incierta, es una realidad. Según la Agencia Estatal de Meteorología, el 6% de la superficie de España se ha convertido en un territorio semiárido, el verano dura cinco semanas más que a principios de los ochenta, el incremento de las temperaturas afecta a territorios en los que viven 32 millones de personas y los fenómenos meteorológicos extremos, las olas de calor, tienen una grave afectación en la salud de las personas, especialmente de las que tienen menos renta.

El sistema económico es insostenible, ha superado los límites del planeta, destruye ecosistemas, agota los recursos naturales y no genera progreso social, las desigualdades sociales crecen, así como la desigualdad de género, con la brecha salarial y unas tareas de cuidados que recaen en las mujeres.

El cambio climático genera desigualdad y la desigualdad incrementa el riesgo climático. Los responsables de la crisis ecológica obtienen ingentes beneficios del modelo extractivo de combustibles fósiles, mientras que los costes son asumidos por la mayoría de la sociedad y, a escala global, por los países más empobrecidos.

A estas alturas ya no sirven las políticas cosméticas. Es urgente descarbonizar la economía para neutralizar las emisiones de gases de efecto invernadero y llegar a un modelo energético basado totalmente en las energías renovables en 2050 y sin que nadie se quede atrás, con una transición ecológica justa. Para ello son fundamentales las decisiones que se tomen la próxima legislatura.

Ante estos retos la derecha no tiene alternativas reales ni credibilidad, es responsable del retraso en la transición energética. Las políticas de austeridad y neoliberales del “Estado mínimo” son incompatibles con una transición ecológica que requerirá de liderazgo público y de la movilización de muchos recursos públicos y privados. Hemos visto las consecuencias de las fórmulas neoliberales aplicadas por el aliado francés de Ciudadanos, Macron. La movilización de los “chalecos amarillos” se produce por el incremento del precio del combustible en un país en el que se ha dejado sin transporte de calidad a las zonas periurbanas y rurales de Francia, se han recortado los servicios públicos y se han bajado los impuestos a los más ricos. Y conocemos como piensa la ultraderecha, que podría tener un papel decisivo si las derechas consiguieran la mayoría, para ellos el cambio climático es simplemente “un camelo”, en la línea de Trump.

Un Gobierno de las derechas supondría un enorme riesgo, no se produciría ni transición ecológica ni transición justa. La medida de la irresponsabilidad de las derechas es su oposición al proyecto de limitación del tráfico impulsado por el Ayuntamiento de Madrid, Madrid Central, en un país en el que la contaminación atmosférica provoca cada año alrededor de 10.000 muertes prematuras.

En estos meses de Gobierno del PSOE se han producido cambios, pero más en el relato que en los hechos, salvando la eliminación del impuesto al sol y la regulación del autoconsumo, objetivos que compartimos y por los que hemos trabajado, con el impulso de la sociedad civil. Tanto la ley de cambio climático, que se ha quedado en un anteproyecto sin posibilidad ya de tramitarse en el Congreso, como el Plan Integrado de Energía y Clima carecen de la suficiente ambición.

El Gobierno no ha cumplido con el compromiso de negociar la ley y el Plan con nuestro grupo parlamentario, a pesar de que registramos una detallada proposición de ley de cambio climático y transición energética con más ambición y concreción que las presentadas por el PP, ya en la oposición, y por el Gobierno. Tampoco se ha producido un verdadero proceso de participación social en una cuestión que requiere de diálogo y acuerdo. Eso sí, el Gobierno ha negociado, exclusivamente con las grandes empresas eléctricas, un acuerdo que alarga a diez años la vida útil de las centrales nucleares, vulnerando el compromiso electoral del PSOE de cerrar las nucleares a los 40 años de vida útil.

En estas elecciones En Comú Podem y Unidas Podemos proponemos un Horizonte Verde, un Green New Deal, un acuerdo social, verde y feminista, en la línea de lo planteado por fuerzas verdes europeas y la senadora norteamericana Alexandria Ocasio-Cortez. Un programa de transición verde, con el cierre de las centrales nucleares y térmicas antes de finales de 2025, con los correspondientes planes de transición justa; la rehabilitación energética de 500.000 viviendas al año; la creación de una empresa pública de energía que acabe con el dominio del oligopolio; el desarrollo del transporte público y el vehículo eléctrico; la economía circular; el impulso al autoconsumo y las comunidades energéticas o la reforma del mercado eléctrico para bajar el precio de la luz; el reparto del trabajo y el desarrollo de infraestructuras sociales de atención a la infancia y a las personas dependientes, entre otras medidas. Con estas políticas podemos crear más de 600.000 puestos de trabajo netos, movilizando el 2’5% del PIB de capital público y privado.

Para que el Green New Deal sea una realidad, para impulsar una economía que genere prosperidad con justicia social y sin destruir el medio ambiente, es imprescindible un Gobierno compartido en el que Unidos Podemos y En Comú Podem tengan un papel fundamental. En estas elecciones votamos por la vida y por las jóvenes generaciones que nos piden que seamos responsables con el clima.