Desde que el Parlamento Europeo (PE) es elegido por sufragio universal directo (1979), son los partidos –con toda lógica– los que han dirigido las campañas electorales, casi siempre abordando problemáticas nacionales. La dimensión europea la aportaba un programa común, por lo general bastante vago y rápidamente olvidado, adoptado por los partidos nacionales, cuyos diputados, a continuación, ocupaban su escaño en un mismo grupo parlamentario en Estrasburgo y Bruselas.

Las elecciones del próximo 26 de mayo romperán en parte con esa tradición y se desarrollarán en un contexto inédito que se explica por dos factores. Por un lado, los poderes del PE han aumentado considerablemente entre el Tratado de Roma (1957) y el de Lisboa (2007). Hasta tal punto que, en el marco del procedimiento legislativo ordinario, toma decisiones junto al Consejo. Por lo tanto, su composición es un parámetro político de gran importancia a la hora de adoptar las leyes que se aplicarán más tarde en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Por otro lado, la creciente toma de conciencia de la dimensión de este poder y de la subyugación de los Parlamentos nacionales ha introducido los asuntos europeos en los debates de política interior de cada país. En adelante, los partidos y los Gobiernos tienen ante sí opiniones públicas que comprenden cada vez mejor el continuum entre lo que depende de los Estados y lo que depende de la UE. Así, en lugar de integrar la dimensión europea solo durante las elecciones al PE, es imposible no hacerlo en un gran número de medidas nacionales presentadas a los ciudadanos.

Estos cambios estructurales vienen exacerbados por elementos coyunturales cuyo impacto rebasa los límites de las fronteras nacionales. Entre ellos, la gestión caótica del brexit por el Gobierno de Theresa May, la crisis catalana que paraliza la vida política española en vísperas de las elecciones legislativas anticipadas del próximo 28 de abril, la llegada al poder en Italia de una coalición dominada por la extrema derecha y, un poco en todas partes, la histeria en torno a la cuestión de la inmigración.

El diagnóstico ampliamente compartido en las capitales y las instituciones europeas es el de un riesgo de implosión de la UE. Por ello, la campaña de las elecciones del 26 de mayo no tendrá solo por objeto elegir a 751 eurodiputados. Permitirá también confrontar visiones diferentes, incluso contradictorias, del futuro de la UE, y no en abstracto, sino tal como ya han sido desarrolladas, total o parcialmente, por los Gobiernos. Son estos últimos, mucho más que los partidos, quienes se encontrarán en primera línea en buena parte de los debates electorales.

En Europa, quien mejor encarna la voluntad de control del espacio legislativo por el ejecutivo es Emmanuel Macron. Es lo que sucede en Francia, donde la “monarquía presidencial” ha transformado el Parlamento en una cámara desprovista de poder. Las ambiciones del presidente francés apuntan ahora a la UE, y pretende aprovechar las elecciones al PE para hacer avanzar sus tesis, tanto en Francia como fuera de esta. Con tal fin, el pasado 4 de marzo publicó un artículo en varios medios de comunicación de 28 países. Una manera de dialogar directamente con las opiniones públicas europeas –pasando por encima de los Gobiernos– para proponerles “trazar juntos el camino de un Renacimiento europeo”. Lo que pone a sus socios entre la espada y la pared y les obliga a definirse con respecto a él. No está claro que hayan apreciado el método elegido, aunque este, pese a sus limitaciones, no carece de interés…

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