Las entidades locales son agentes esenciales de la transición ecológica. Si no conseguimos una transición eficiente en nuestros municipios, no podremos conseguir una verdadera transición ecológica y justa. En este camino, las entidades locales y, especialmente, las ciudades se enfrentan a tres retos fundamentales: desarrollar una economía circular que use eficazmente los recursos, adaptarse a la nueva realidad climática, y volver a naturalizar las ciudades.

En cuanto al primero de los retos, es importante recordar que ya en 2015, en París, en el contexto de la Conferencia sobre el Cambio Climático, se aprobó una Declaración de las Ciudades por la Economía Circular, destacando la importancia de la misma como motor del cambio de modelo productivo, que favorezca la transición ecológica hacia la sostenibilidad. Y que, sobre esta base, en marzo de 2017, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) firmó la Declaración de Sevilla: “El compromiso de las ciudades por la economía circular”, que en junio de 2021 fue ratificada con la Declaración de Valladolid. En estos momentos, 302 entidades locales han suscrito dicha declaración, representando así a cerca de 24 millones y medio de habitantes.

Debemos ser conscientes de que las ciudades son importantes motores económicos porque generan casi el 75% del PIB y el 73% del empleo. Es en las ciudades donde se usan y desechan más materiales y donde los edificios, los vehículos y los productos están más infrautilizados. Es por tanto claro el potencial del ámbito urbano para favorecer y aplicar con éxito la economía circular. Por un lado, porque en un espacio territorial limitado se produce una gran densidad de población y una alta concentración de actividades, recursos y conocimiento, que ofrece la escala adecuada para su desarrollo; por otro, por el número y diversidad de agentes que interactúan, propiciando marcos sinérgicos y de colaboración. En consecuencia, un cambio en el modelo de producir y consumir y, en definitiva, de trabajar, desplazarse y vivir en las ciudades tendrá sin duda un impacto enorme en el desarrollo de un sistema productivo circular con un uso eficiente de los recursos.

Por otro lado, debemos ser conscientes de que los impactos del cambio climático ya se están haciendo sentir, y se espera que aumenten en el futuro, por lo que es urgente implementar medidas de adaptación para hacerles frente y aumentar nuestra resiliencia. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pone de manifiesto que en España ya hay más de 32 millones de personas que sufren de manera directa las consecuencias del cambio climático, y confirma un escenario con expansión de los climas semiáridos, alargamiento de los veranos, incremento de los días de olas de calor y noches tropicales, y aumento de la temperatura superficial del Mediterráneo de 0,34 ºC por década.

Si tenemos en cuenta que, actualmente, en España el 79.1% de la población reside en municipios de más de 10.000 habitantes (INE, 2022), las ciudades en general y las costeras en particular serán las zonas donde se sufrirán los efectos de forma especialmente intensa, lo que las convierte en entornos especialmente vulnerables, por lo que los gobiernos y los gobernantes locales se ven en la necesidad de desarrollar un calendario de actuación para adaptarse a la nueva realidad climática.

Por tanto, la adaptación al cambio climático se ha de entender como un proceso mediante el cual las comunidades se preparan para hacer frente a un clima futuro incierto, implantando respuestas efectivas y ventajosas para abordar el reto climático. Estas dependerán, en gran medida, de los diferentes contextos territoriales y, por tanto, los gobiernos locales tienen la obligación de diseñar planes de acción, para proteger tanto a personas a los como sectores económicos y sistemas naturales frente a la nueva realidad climática. Y donde, para su aplicación efectiva, se requerirá de un esfuerzo compartido y coherente con todas las partes implicadas, desarrollando nuevos modelos de gobernanza que empoderen al ciudadano.

Pero también debemos ser conscientes de que el papel clave de las ciudades en la transición ecológica demanda la implementación de políticas de renaturalización. El desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza (SbNs) e infraestructuras verdes en entornos urbanos, proporciona soluciones costo-efectivas para abordar los principales retos ambientales, sociales y económicos. El objetivo es reforzar el papel de la naturaleza y los servicios ecosistémicos que presta, para mejorar la calidad de vida y la salud de los ciudadanos y, al mismo tiempo, luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

Las ciudades deben apostar cada vez más por la sostenibilidad y la conectividad de espacios verdes urbanos. Con la planificación estratégica de infraestructura verde se pretende cambiar el modelo tradicional de concepción de ciudad, poniendo en valor los espacios verdes; cambiando el modelo de gestión, pasando de la tradicional idea de conservación de parques y jardines aislados a la gestión de global de la infraestructura verde.

Por tanto, y aunque es cierto que hace mucho tiempo que las medidas locales en materia de medio ambiente forman parte de la agenda política, quizás no le hemos dado la importancia que merecen a la hora de decantar nuestro voto. Sin embargo, ahora somos más conscientes que nunca de que hablar de medio ambiente es hablar de desarrollo económico, de salud, de igualdad, de calidad de vida y bienestar de los ciudadanos. Y, por tanto, deberemos dedicar más atención y mirar con más detalle las medidas ambientales que proponen cada uno de los candidatos en las elecciones municipales. Porque esto del medio ambiente no va de “pájaros y flores”.