Ricard Vinyes

Historiador

Ilustración por Patrick Thomas

Desde el día en que balearon a Jaime Guzmán Errázuriz, senador de la República de Chile, han transcurrido 20 años. En este aniversario, sus seguidores –que poseen por primera vez el Gobierno de la República– han conmemorado su muerte. A la semana siguiente de su asesinato en abril de 1991, el Senado promovió la propuesta de erigir un Memorial al senador, y con esa decisión iniciaba el mayor conflicto simbólico que se ha producido en la República desde la transición. El Memorial fue inaugurado 17 años más tarde, en 2008, en un espacio recién urbanizado de la comuna de Las Condes, cercano a la Costanera Norte. Santiago tenía, por fin, un Memorial a Jaime Guzmán Errázuriz, un nombre con destellos propios.

En su juventud universitaria –a mediados de los sesenta– Jaime Guzmán combatió las reformas propuestas por la izquierda estudiantil de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y en el contexto de aquel fragor constituyó el movimiento gremialista –una enredada versión chilena del corporativismo fascista italiano y español–. Recién licenciado, participó en la fundación del movimiento paramilitar Patria y Libertad, creado en 1971 con la finalidad exclusiva de combatir el Gobierno de Unidad Popular con métodos directamente violentos, y entre cuyos logros se halla el asesinato del edecán naval del presidente Salvador Allende, Arturo Araya Prats.

Teórico del golpe de Estado de 1973, por su cercanía con los círculos golpistas civiles y militares estimuló activamente su realización, un acto del que siempre manifestó sentirse honrado “en cuanto que estaba haciendo exactamente lo que me correspondía como cristiano. Si se repitiese la historia haría exactamente lo mismo”. Desde el inicio de la dictadura, su objetivo y trabajo consistió en crear una cobertura legal para consolidar el Estado ilegal por medio de una nueva Constitución, en cuyos trabajos de redacción destacó.

Cuando, a principios de los ochenta, la alocada estrategia económica de la Junta Militar consiguió hundir el crecimiento del país, aumentar el paro y despertar movilizaciones, comenzó a circular el parecer de que una década después del golpe de Estado la dictadura resultaba poco útil. A fin de cuentas, habían conseguido ya la limpieza de ciudadanos vinculados a los cambios de los setenta, la base social y política de los años de Allende. Y los cerca de 3.000 desaparecidos, alrededor de 33.000 torturados y 200.000 exiliados indicaban que el baldeo había sido efectivo dentro de lo posible. Alrededor de 1985, los economistas de la escuela de Chicago habían convencido ya a la élite chilena victoriosa de que los rendimientos serían mejores sin el dictador; y desde luego, la recuperación económica derivada de la privatización de empresas públicas ayudó a esa seducción sin importar, mucho o nada, el llamativo crecimiento en la distribución desigual de las rentas que sobrevino al país. A la ilusión momentánea la llamaron “Segundo milagro económico”.

Todo eso mostraba un paisaje de fin de algo. Fue en ese contexto cuando Guzmán Errázuriz fundó, en septiembre de 1983, la Unión Demócrata Independiente (UDI), una suerte de reproducción biográfica colectiva de sí mismo. En realidad, el ideario de Guzmán Errázuriz se resumía en lo siguiente: constitucionalismo sí, democracia no. Lo escribió muy claro en 1986: “Chile tuvo una democracia sólida y estable sólo mientras fue una democracia restringida”. Aunque sin duda esa afirmación sobre el pasado nacional es empíricamente falsa para cualquiera que conozca medianamente la historia del país y no desee manipular hechos y procesos, como sería el caso de Gonzalo Vial Correa y sus infundados libros de grandes relatos. Guzmán sostuvo en ese momento crítico un propósito político muy parecido al programa postfranquista de Manuel Fraga Iribarne durante la transición institucional española en los años cruciales de 1976-78, quien también creó su propio partido, Alianza Popular, con los mismos objetivos de garantizar una democracia limitada; propósito que la capacidad de movilización de la oposición antifranquista consiguió desbaratar. En el plebiscito de 1988, su opción perdió porque perdió la opción de la Junta Militar. Cuando comenzó la época de transición, Jaime Guzmán siguió defendiendo en voz alta el golpe de 1973 y la gestión de la violencia efectuada por la dictadura.

Su único temor residía en que el relato de condena a la dictadura por la vulneración sistemática de derechos “podría acomplejar a quienes fueron partidarios del Gobierno militar, hasta el punto de hacerlos renegar de ellos, como si fuese una página oscura de la historia con la cual no se puede ser solidario. Pero cuando surge un partido como la UDI, con un planteamiento como el que hemos hecho, esos sectores recuperan inmediatamente la identidad con lo que ellos mismos piensan y la fortaleza para salir a defender sus puntos de vista y la voluntad de combate para afirmar el respaldo que dieron al Gobierno de Pinochet”. Con esos mimbres, lejos de blandir un negacionismo clásico, lo que hizo fue descentrar el tema y generar un relato nuevo para cohesionar la memoria épica golpista. Frente al “Santiago ensangrentado” de Pablo Milanés, existe y triunfa el Santiago que recuerda y venera a Guzmán Errázuriz, lo que él representa, en la piedra del Memorial que lleva su nombre.

El escritor rumano Norman Manea sostiene que cada país debería completar sus monumentos positivos con monumentos a la vergüenza, pues se trata de recordar las afrentas que cada país ha cometido con su propio pueblo. Con el Memorial Guzmán, Chile tiene ese tipo de monumento.