La propuesta de modificación de la actual directiva europea de ordenación del tiempo de trabajo, acordada en junio por los ministros de Trabajo de la Unión Europea (UE) y que está pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo, supone un paso más en el proceso de flexibilización de las relaciones laborales y de erosión de las garantías sociales de las y los trabajadores europeos. Contra este grave retroceso, hoy 7 de octubre, tiene lugar una jornada de movilización convocada en varios países de la UE.

La nueva Directiva de las 65 h., como se la conoce, permite alargar la jornada laboral hasta 60 ó 65 h., acentúa su flexibilización y distribución irregular, y favorece los pactos individuales entre empresa y trabajador/a para fijar su duración, desgastando así la negociación colectiva e impulsando la individualización de las relaciones laborales. Aumento de la jornada es sinónimo también de mayores riesgos laborales, problemas de salud y más dificultades en la tan cacareada conciliación entre la vida laboral y la familiar y personal.

Su contenido entronca con la lógica neoliberal de la integración europea, con la política de empleo derivada de la Estrategia de Lisboa aprobada en el año 2000 y con el espíritu de la fallida Constitución Europea y del posterior Tratado de Lisboa, el cual, por cierto, incluye lo esencial del contenido de aquella. De aprobarse, las medidas previstas afectarán previsiblemente en primera instancia a los segmentos más débiles de las y los asalariados, como precarias y precarios e inmigrantes. Un mercado de trabajo con altas tasas de paro y de precariedad como el del Estado español sufrirá particularmente la aplicación de la Directiva.

Los sistemas de protección social y las regulaciones del mercado de trabajo existentes en los países de la UE son un obstáculo para las clases dominantes en su lucha por una posición hegemónica y competitiva dentro de la economía global. Por ello, las reformas neoliberales y la presión sobre el mundo del trabajo asalariado y sobre las bases del llamado “modelo social europeo” se intensifican, buscando la reducción de los costes laborales, el desmantelamiento de los sistemas de protección social y la sobre-explotación de las y los trabajadores. El contexto actual de crisis económica aún va a acelerar más esta dinámica. La Directiva de Retorno, la de la vergüenza, que penaliza a la población inmigrante es un claro ejemplo de ello.

La jornada de movilización de hoy 7 de octubre, con paros de 5 a 15 minutos en los centros de trabajo, surge a instancias de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y se enmarca dentro de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente impulsada por la Confederación Sindical Internacional (CSI). Tradicionalmente, la CES, que agrupa a los grandes sindicatos del continente, ha mantenido una frustrante postura de “apoyo crítico” a la lógica de la integración europea, como quedó patente en el pasado debate sobre el proyecto de Constitución Europea. Solo se ha opuesto a iniciativas concretas juzgadas “excesivas”, como el primer proyecto de la Directiva Bolkestein, de liberalización de los servicios públicos. Por esta razón, la decisión de la CES de oponerse a la Directiva de las 65 h. y de convocar una jornada de movilización es positiva, aunque muy insuficiente. Debería ser solo el inicio de una campaña real sostenida contra la directiva y no solo una jornada simbólica sin continuidad. Pero para ello habrá que empujar desde abajo, como ya saben gran parte de los movimientos sociales y sindicalistas combativos que también salen a la calle el día de hoy.

El combate contra las 65 horas es muy defensivo, intenta parar un gran retroceso y una reducción de derechos conquistados. Pero conviene recordar que, lejos de ampliar la jornada, lo que necesitan las y los trabajadores europeos es la reducción de la misma. No queremos 65 horas, sino 35 horas... ¡o menos!

Pocas han sido las directivas regresivas que han conseguido pararse en la historia de la UE. Entre ellas, la de liberalización de los servicios portuarios, rechazada por el Parlamento Europeo después de una intensa movilización de los trabajadores del sector, incluyendo una eurohuelga en enero de 2003 que implicó a más de 20.000 trabajadores portuarios y una euromanifestación delante del Parlamento en Estrasburgo en marzo del mismo año. La nueva versión revisada de la Directiva fue bloqueada otra vez en enero de 2006 al no contar con apoyos suficientes en la Eurocámara, frente a la cual se congregaron de nuevo miles de trabajadores, que acompañaron su protesta con paros en los principales puertos de la UE. El mensaje que se deriva del éxito de los portuarios parece claro: articular las resistencias y dar una respuesta movilizadora coordinada a escala europea a las reformas neoliberales es el camino a trazar y a profundizar. Por el contrario, adaptarse resignadamente a las medidas liberalizadoras solo conduce a una pérdida continuada de derechos.

En el reciente Foro Social Europeo celebrado en Malmö (Suecia), a pesar de sus límites y de los impasses en los cuales está sumido, se aprobaron nuevas iniciativas de coordinación de los movimientos sociales opuestos a la globalización neoliberal, entre ellas la voluntad de realizar un encuentro alternativo el próximo marzo de 2008 en Bruselas, en ocasión de la cumbre de jefes de Estado. Esperemos que estas campañas ayuden a seguir avanzando hacia esa “otra Europa posible” y necesaria que tanto se aleja de los intereses empresariales.

Josep Maria Antentas es profesor Sociologia UAB)

Esther Vivas es del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales-UPF