La configuración de los servicios sociales en el nuevo gobierno de coalición ha generado cierto malestar entre quienes engrosamos las filas del sector. No solo no hemos estrenado ministerio propio, sino que la pasada secretaría de estado de servicios sociales se ha sustituido por la nueva secretaría de estado de derechos sociales. Para quienes desconocen el sistema de servicios sociales esto parece un asunto sin importancia. Es un buen momento, por tanto, para explicar en qué consisten los servicios sociales y de donde procede nuestro malestar.

Después del franquismo la democracia traía aires de renovación también para los servicios sociales. Y nos renovamos, pero no lo suficiente. La aprobación de la constitución no nos dio carta de naturaleza y además carecemos de una ley marco que homogeneice los diecisiete sistemas de servicios sociales, pues la competencia es autonómica y en comunidades como Andalucía a su vez se delega a las corporaciones locales. Una cascada de delegaciones que se financian con el denominado Plan Concertado, cuyos problemas son públicos y notorios. Además, la indefinición en cuanto a nuestro cometido es un lastre que padecemos y que esperábamos (y esperamos) soltar con un gobierno de izquierdas.

Esa indefinición se caracteriza por la realización de tareas muy dispares, unas, como el apoyo convivencial o la gestión de la dependencia, gratas para las profesionales y otras ingratas (sobre todo para la ciudadanía) como la gestión de las raquíticas ayudas económicas existentes y la tramitación de los infames sistemas de rentas mínimas que no contribuyen a sacar a las familias de la pobreza y, por el contrario, estigmatizan. Señalo estas, pero hay otras muchas tareas de distinta índole que se nos asignan porque actuamos como camión escoba del resto de sistemas, poniendo parches allí donde el resto falla. En cambio, hay problemas sociales que requieren una actuación pública con urgencia, como la soledad no deseada, y nadie parece recordar que existe un sistema que podría asumir esta problemática. No creo, por tanto, que otorgar rango ministerial a los servicios sociales sea una prioridad. Por sí mismo un ministerio no solucionaría nada. Tampoco una secretaría de estado si los servicios sociales van a continuar gestionándose en la misma línea en cuanto a contenidos y financiación.

Con respecto a la denominación de la nueva secretaría, no es un asunto de extrema gravedad, pero tampoco un tema menor a despachar sin más. Obviar el nombre supone en cierto modo ignorar la extensa red territorial que está consolidada en el territorio español; aún peor, es desaprovechar, como decía, lo que puede, lo que podemos ofrecer. Los servicios sociales, a pesar de sus sombras, han ayudado a muchas personas a superar malestares. Aparte de certificar pobreza y realizar otras tareas indignas hacia las personas atendidas, también se ha acompañado a muchas familias en procesos de exclusión o desprotección muy dolorosos.

Aunque me preocupa la desaparición del término me alarma la sustitución del término servicios sociales por derechos sociales ¿Por qué Unidas Podemos sustituyen sistemáticamente servicios sociales por derechos sociales en todos los lugares donde gobiernan? Porque identifican inconscientemente servicios sociales con beneficencia. Entienden, de manera equivocada, que los derechos sociales son un objetivo más progresista, más avanzado. Los derechos sociales forman parte de los derechos humanos y se materializan en bienes públicos a proteger y garantizar, como el derecho a la salud. Los derechos sociales necesitan para garantizarse normas legales, como la conocida Ley de Dependencia que, en teoría, supuso el primer derecho social en materia de servicios sociales. Los derechos sociales son conquistas colectivas, los servicios sociales, la salud o la educación estructuras que hacen realidad algunas de esas conquistas.

También hay cierta confusión con problemáticas como la exclusión social. Se trata de una problemática multidimensional que afecta a diferentes esferas de la vida de las personas como la salud, el empleo, la educación, etc. No puede, por tanto, ser competencia de un solo sector. Su erradicación se concreta con políticas transversales, que son las que inciden en los distintos sectores destinados a la protección social. Por eso los servicios sociales no podemos erradicar la exclusión social solos, en cambio se nos exige semejante empresa (que en cierta manera asumimos en su día sin rechistar) y acabamos como Sísifo y la piedra ante la incomprensión de la ciudadanía por nuestra supuesta incompetencia.

Alguna responsabilidad tenemos las profesionales en todo este maremágnum. Por eso y porque hay multitud de problemas aporreando las puertas del gobierno es el momento de retomar alianzas y realizar propuestas. Lanzo la primera: redefinir el sistema con la convivencia como eje. Es un bien a proteger cada vez más escaso, no hay más que dar una vuelta por nuestros pueblos y ciudades, con problemas convivenciales crecientes, algunos de ellos realmente alarmantes. Aunque las competencias sean autonómicas el gobierno tiene margen de maniobra ¿Quién dijo que no se puede? ¡Sí se puede! A las pruebas me remito.