El pasado 23 de Enero Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se autoproclamó presidente “encargado” de la República en medio de una plaza, invocando el artículo 233 de la Constitución venezolana, que en absoluto contempla tamaña eventualidad. El “pronunciamiento”, con una cobertura mediática mundial, fue reconocido de inmediato por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y, después de Trump, por la mayor parte de los gobiernos latinoamericanos del Grupo de Lima, creado en 2017 como un “lobby intergubernamental” contra la presidencia de Nicolás Maduro, y por países tradicionalmente alineados con Estados Unidos, como Canadá e Israel. El 26, la Unión Europea, en un alarde de superioridad civilizatoria de la que carece, se adhirió, de facto, al reconocimiento con el últimatum al Gobierno venezolano para que convocara elecciones. Todos ellos, dicen representar a la “comunidad internacional” cuando lo que han hecho es, obedeciendo tácticas político-ideológicas propias de la época de la Guerra Fría, despejar la alfombra roja al “7º de Caballería”, el gran responsable de la inseguridad internacional. ¡Trump toca el pito y todos cerrando filas!

Sin embargo, el verdadero punto de inflexión de la actual crisis venezolana no está en el “pronunciamiento” de Guaidó y en la serie de reconocimientos en cascada que, en la práctica, conceden a éste la potestad sobre los activos derivados de la venta del petróleo que el Estado venezolano tiene en el exterior, especialmente en Estados Unidos. El punto de inflexión real, digo, está en la decisión unilateral, en Febrero de 2018, de la oposición venezolana representada en el MUD (Mesa de la Unidad Democrática), dictada desde la Casa Blanca, de rechazar la firma de los acuerdos alcanzados con el Gobierno para adelantar elecciones y configurar un calendario de encuentros, en el marco del proceso de diálogo abierto en la República Dominicana con la mediación del ex-presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero y el presidente dominicano Danilo Medina. Después, en las elecciones presidenciales que tuvieron lugar en Venezuela el 20 de mayo, la oposición venezolana del MUD no se presentó y promovió la abstención. En ello había un cálculo político: si ganaba Nicolás Maduro significaría legitimarlo por 6 años más, pero si obtenía la victoria en un escenario con predominio de la abstención cabría presentarlo como un usurpador. Es lo que ocurrió.

Todo encaja: primero se desautoriza un diálogo de paz, sin apenas atención mediática, porque “no hay condiciones”, después no se reconoce una victoria electoral, realizada bajo los parámetros de las democracias occidentales, y luego se promueve un golpe de estado, presentado a bombo y platillo como una restauración democrática, como única salida. ¡Una tergiversación de imprevisibles consecuencias!

No se puede negar la evidencia. Si tenemos en cuenta que un golpe de estado es la acción de quienes aprovechan una posición clave en el Estado para quedarse con el gobierno del mismo, la autoproclamación de Juan Guaidó fue un golpe de estado en toda regla, otro más, en el rosario de golpes de estado e intervenciones militares patrocinados y organizados por las administraciones estadounidenses a lo largo de la historia latinoamericana. Estaba implícito en el diseño elaborado por el establishment occidental, representado en el FMI y amparado en la hegemonía de Estados Unidos, para acabar con el régimen inaugurado con la presidencia de Hugo Chávez, tras su victoria electoral en 1998, reinstaurar en el país la disciplina neoliberal y enviar un “aviso a navegantes” sobre las consecuencias de saltarse las reglas del juego, en las que las urnas sólo son válidas si conceden el poder al candidato propicio. ¿De qué legitimidad se está hablando?

Frente a esta situación, que apela a la conciencia democrática de la ciudadanía, sea o no venezolana, se pueden hacer las siguientes consideraciones:

• Venezuela es un país rico en recursos naturales, especialmente petróleo, muy apreciados por las grandes corporaciones multinacionales, principales beneficiarias del modelo neoliberal de acumulación de capital por expansión del mercado. En este modelo, las grandes corporaciones mediáticas internacionales, integradas en colosales grupos empresariales y financieros de todos los sectores económicos, especialmente bancos y fondos de inversión, y ligadas a los gobiernos que les conceden beneficios fiscales, licencias de emisión, subvenciones o contratos con el Estado, no tienen como principal función la de informar y formar, sino la de persuadir y convencer al conjunto de la ciudadanía de que las reglas que rigen el orden neoliberal son las que mejor pueden garantizar el interés público. En el caso de Venezuela, más del 80% de los medios de comunicación son privados (más del 95% en el caso de las radios más influyentes e importantes), siendo la gran mayoría de ellos abiertamente opositores al “chavismo”.

• Hay dos acontecimientos previos al triunfo electoral de Hugo Chávez en 1998 que permiten entender dicha victoria y el apoyo social del que ha gozado y, a pesar de todo, sigue gozando el “chavismo”. Tuvieron lugar durante el segundo mandato como Presidente de Venezuela de Carlos Andrés Pérez. El primero, el llamado “caracazo”, en febrero y marzo de 1989, fue un fuerte levantamiento popular que, iniciado como una protesta localizada en una pequeña ciudad, Guarenas, pronto se transformó en una ola de saqueos y actos de vandalismo a nivel nacional, en respuesta al draconiano plan de “ajuste estructural” impulsado por el Gobierno de Carlos Andrés Pérez, a instancias del FMI. Aún se desconocen, a día de hoy, el número real de víctimas mortales, todas ellas procedentes de los barrios empobrecidos de la capital, por el despliegue represivo de las fuerzas armadas. El segundo, en febrero de 1992, fue la acción militar que tenía como objetivo el derrocamiento de Carlos Andrés Pérez, uno de cuyos líderes fue Hugo Chávez, que se entregó tras el fracaso de la Ante la inviabilidad del golpe, Hugo Chávez se dirigió por televisión a la población y a los militares que seguían sublevados para que depusieran su actitud. Fue su “minuto de gloria”, ya que ganó el apoyo popular aceptando el fracaso. Tras dos años en prisión fue indultado por el entonces presidente Rafael Caldera.

• En diciembre de 1998, Hugo Chávez, apoyado en una alianza de distintos partidos políticos, el Polo Patriótico, es elegido presidente de Venezuela.El triunfo electoral y la proclamación de la Revolución Bolivariana abrió la etapa del rosario de gobiernos progresistas de la primera década del siglo XXI, siendo sus ejemplos significativos, además del de Hugo Chávez, el de Manuel Zelaya en Honduras (2006-2009), el de Evo Morales en Bolivia (a partir de 2006), primer presidente indígena de la historia de América Latina, el de Rafael Correa en Ecuador (2007-2017), los de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina (2007-2015), los de Lula da Silva y Dilma Rousef en Brasil (2003-2016), el de Michelle Bachelet en Chile (2014-2018) y el de José Múgica en Uruguay (2010-2015). Al margen de sus evidentes diferencias, todos ellos coincidieron en la idea de que el Estado-nación desempeña un papel clave en la construcción de la soberanía, de un nuevo orden social basado en la redistribución equitativa de la riqueza y de un nuevo modelo de integración económica de los países latinoamericanos, superando la hegemonía estadounidense. Fueron expresión de ello la fundación, en 2004, del ALBA (Alternativa Bolivariana para las Américas), patrocinada por el Gobierno venezolano, la formación, en 2010, de la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños ) y la creación, en 2011, de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), dejando fuera a Estados Unidos.

• Frente al protagonismo adquirido por los gobiernos progresistas en la conocida como “década dorada” de América Latina, el establishment estadounidense-occidental, en sintonía con las élites latinoamericanas, se planteó como objetivo estratégico impedir que dichos gobiernos pudieran fructificar en el tiempo y, de esta forma, cuestionar con hechos la disciplina neoliberal, la que hace del Estado, no el promotor de políticas públicas al servicio de la ciudadanía, sino el marco adecuado para la expansión del mercado. En esta nueva ofensiva contra los gobiernos progresistas en general, el tradicional recurso al golpe de estado militar, como el del general Pinochet contra el proyecto modernizador de Salvador Allende, fue sustituido por el “golpe blando”, basado en el uso y abuso de los poderes mediáticos, la judicatura y las instituciones parlamentarias para destituir e inhabilitar presidentes e influir en los procesos electorales en favor de determinados candidatos. De esta forma, se forzó un nuevo viraje con gobiernos conservadores, como el del neoliberal Mauricio Macri en Argentina y el del ultraderechista, también neoliberal, Jair Bolsonaro en Brasil, que, fuera ya del foco mediático, centrado ahora en Venezuela, disponen de barra libre para hacer y deshacer. Quedan los presidentes Evo Morales en Bolivia, Tabaré Vázquez, del Frente Amplio de Enrique Múgica en Uruguay y López Obrador en Méjico. Veremos.

• En este contexto, Venezuela tiene una importancia fundamental, ya que la riqueza petrolífera de que dispone, las mayores reservas de crudo del mundo, y los recursos de su subsuelo aún sin explotar, como el coltán o el oro, le confieren un potencial valor geopolítico, como potencia regional, en el conjunto del subcontinente latinoamericano. En este sentido, la razón que explica el antagonismo entre el bloque de poder occidental, con EEUU al frente, y los gobiernos de Hugo Chávez, primero, y Nicolás Maduro, después, no está en la contradicción dictadura-democracia, como se presenta mediáticamente, convirtiendo al “chavismo”, de forma maniquea e irracional, en la encarnación del mal y la tiranía. ¡Curiosa tiranía aquella en la que se han convocado elecciones periódicamente durante veinte años, donde no ha habido veto alguno a las formaciones políticas que han querido participar! La clave está en que en un orden global basado en la “soberanía del mercado”, es decir, de los dueños y gestores del mismo, y amparado en la hegemonía estadounidense, todo proyecto de gestión soberana de los recursos propios, en este caso el proyecto “chavista”, es considerado como un desafío que, como tal, merece ser castigado y erradicado. Lo que duele es que haya desconexión y que, en virtud de esta desconexión, la renta petrolera pueda ser gestionada con independencia para financiar políticas públicas dentro y fuera de las fronteras del país, situándose al margen del FMI y menguando las tasas de beneficio de los grandes inversores locales y foráneos hasta límites no soportables para ellos. Todo ello explica el acoso, desde el doble frente interno y externo, sobre el régimen “bolivariano”, en el que no se ha reparado en medios, incluyendo, en un mismo pack, el golpe militar, como el perpetrado contra el Gobierno de Hugo Chávez en 2002, la movilización en las calles, con presencia de grupos que recurren a la violencia, el bloqueo económico interno y extraterritorial, el bombardeo mediático, que invisibiliza bajo el ruido permanente tanto el bloqueo como los apoyos sociales del “chavismo”, y la presión política externa, alimentando una polarización que invisibiliza a los verdaderos demócratas venezolanos que quieren diálogo y paz, que los hay. En este acoso, el bloqueo económico y financiero, constituye un factor clave para entender la situación en la que hoy vive Venezuela, que incluye tanto medidas de boicot extraterritorial como sanciones económicas, con el objetivo común de estrangular la economía venezolana. Entre ellas cabe destacar: el boicot de los intermediarios financieros que bloquean las acciones de pago del Estado venezolano en la adquisición de bienes básicos, como alimentos o medicamentos, a empresas extranjeras, fundamentalmente estadounidenses; el boicot de las agencias de calificación de riesgo (la famosa prima de riesgo) que otorgan al Estado venezolano una calificación de riesgo-país desorbitada (casi 5.000 puntos), que encarece cualquier posibilidad de obtener créditos; y las sanciones económicas directas de la Administración estadounidense, como las firmadas el pasado Mayo de 2018 por el presidente estadounidense Donald Trump para prohibir la compra a ciudadanos estadounidenses de cualquier deuda del Gobierno de Venezuela, lo que, en la práctica impide negociar el pago de la deuda externa, o las refrendadas el pasado lunes 28 de Enero, contra la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), el pilar económico de la economía venezolana, que incluye la congelación de los fondos de la compañía en EE UU, unos 7.000 millones de dólares (6.100 millones de euros) y, por consiguiente, deja al régimen de Caracas sin una fuente de ingresos fundamental, ¿No es ésto delincuencia internacional? Son medidas de castigo que, unidas a la caída de los precios del petróleo a partir de 2014 y otros procesos internos, como la incapacidad para neutralizar las maniobras especulativas de los empresarios venezolanos que dominan la distribución de bienes básicos, que acaparan bienes a precios subvencionados para venderlos a precios extraoficiales, han derivado en la actual situación de hiperinflación, desabastecimiento y emigración masiva. ¿No es de una tremenda gravedad que este boicot se oculte mediáticamente con el fin de responsabilizar de las consecuencias del mismo al Gobierno venezolano? Es muy significativo, a este respecto, que quienes provocan una situación se presenten como salvadores.

• En el cierre de filas oligárquico contra la “revolución bolivariana”, los grandes medios de comunicación han jugado un papel fundamental. Sin interés en informar, activaron la estrategia de “desinformar a conciencia”, poniendo el foco mediático en los gobiernos de Chávez y Maduro, al margen del contexto latinoamericano y mundial, con el fin de demonizarlos. Es una estrategia que opera como un boicot a la inversa, por sobresaturación de mensajes, que no de ideas, que silencia descaradamente las informaciones significativas que el análisis riguroso de la situación requiere y tiene, además, un fuerte impacto en una sociedad con una gran vulnerabilidad informativa, dentro y fuera de Venezuela. ¿No nos podemos sentir quienes apostamos por la objetividad analítica como damnificados culturales? ¿Estamos en una sociedad donde la necesidad humana de disponer de información veraz y contrastada sobre la que edificar el pensamiento libre puede ningunearse impunemente?

• Éste no es un texto que pretenda justificar nada. La crítica es siempre necesaria, fundamental. Pero una crítica libre, no la que siga la corriente a todo el ejército de intoxicadores político-mediáticos que operan como auténticos fabricantes de odio e ignorancia. En España abundan y se han servido descaradamente del caso venezolano con exclusivos fines de política interna. Es evidente que en la crisis del “chavismo”, tras una etapa de incontestables avances sociales, como la reducción de los índices de pobreza y la universalización de la alfabetización, intervienen factores internos, como la pretensión de hacer depender la economía real de los precios del petróleo o el peso otorgado al hiperliderazgo caudillista, tan propio, por otra parte, de la historia latinoamericana; pero si la crítica reniega de la objetividad y se apoya en reduccionismos no puede construirse alternativa alguna basada en el bien común. Los amigos de Venezuela no son los que tienen el hocico puesto en el petróleo y otras materias primas valiosas, ni los que damnifican a la ciudadanía, a ambos lados del Atlántico, con tergiversaciones interesadas. No es necesario estar con Chávez y Maduro para ver y criticar esta impresentable maquinaria belicista, en la que, lo que menos importa, son los derechos humanos.