La ley de movilidad sostenible es una oportunidad extraordinaria para abordar nuestra relación con el espacio-tiempo. Desgraciadamente, en las últimas décadas el bipartidismo apostó por una alta velocidad radial para una minoría privilegiada, unas infraestructuras contaminantes pensadas para el turismo de masas y la ocupación masiva del coche privado en el espacio público.

Quizá, la erótica de la libertad que desprende el coche privado es una de las batallas culturales más cruentas de nuestro tiempo. Aunque existe cierta brecha generacional que nos da esperanza, dicha erótica no es casual. El lobby del automóvil nos entendió al igual que Schopenhauer como ‘máquinas deseantes’ y construyó una pulsión contaminada que nos genera el deseo, incluso la necesidad, de poseer coches para huir rápido hacia ninguna parte donde transita la libertad.

Y los gobiernos ultras, también. Por ello, el desmantelamiento de las políticas de movilidad sostenible y de recuperación del espacio público ha formado parte de sus primeros cien días de gestión. También, asombra ver como se regodean en la contradicción que supone jalear la ampliación de grandes infraestructuras contaminantes en las grandes ciudades (anunciadas por el ministro Puente) que succionan los recursos para infraestructuras de proximidad e imploran al mismo tiempo por la desigualdad territorial que supone no disponer de una red pública de transporte que permita el acceso universal a los servicios públicos y equipamientos comunitarios.

El nuevo derecho a la movilidad debe mejorar el acceso normalizado a la educación, sanidad, servicios sociales, cultura... independientemente de nuestro código postal.

Lógicamente, o al menos en nuestra lógica, debemos salir a la defensiva. O quizá no. El viejo bipartidismo nos quiere arrinconar en la esquinita del “No” y que dediquemos nuestra energía en frenar sus políticas ya anunciadas con simpatía por la mayoría de mass media.

El debate de la nueva ley debe servir para salir a la ofensiva, romper dogmas, dejar atrás el culto al tubo de escape y para resignificar la libertad. Nuestras enmiendas, de la mano del movimiento ecologista y sindicatos, van encaminadas a descarbonizar, democratizar, descentralizar y digitalizar el transporte.

Existe un amplío consenso científico, y, si somos capaces de escapar del marco impuesto por la feroz publicidad del sector, puede existir también consenso social. Debemos construir un nuevo espacio-tiempo que sea atractivo para la mayoría, que suponga poder vivir mejor. La movilidad sostenible no puede ser cambiar el deposito de gasolina por un enchufe. Urge que la ley incorpore compromisos concretos que nos permitan cumplir con la neutralidad climática, para ello, debemos transformar urbanísticamente nuestras ciudades para poder caminar, fomentar carriles bici, impulsar más y mejor el ferrocarril, reducir vuelos cortos cuando haya alternativa en tren, restringir la llegada masiva de cruceros, mejorar la red de autobuses, proteger al taxi, legislar a favor del coche compartido…

A pesar del exceso de ruido, hay demasiados altavoces gripados que distorsionan, estamos en la legislatura del derecho al tiempo. Nuestro espacio político lidera la lucha por la reducción de la semana laboral con mismo salario, la ampliación de los permisos por nacimiento y adopción, la racionalización de los horarios comerciales y también la apuesta por una movilidad sostenible que priorice nuestra cotidianidad. La vieja y fósil movilidad es una trampa de nos roba demasiado tiempo cada día a pesar de que nos vende inmediatez eterna. La movilidad sostenible es un cambio de paradigma que debe reconfigurar nuestras ciudades, transformar nuestros hábitos y permitirnos movernos de otra forma, más amable, más respetuosa con el planeta, más consciente.

La libertad son pueblos y ciudades de los 15 minutos, como propone el urbanista Carlos Moreno, donde poder ir a la escuela, la compra, el trabajo, el teatro o el hospital en un cuarto de hora caminando o en bici donde el trayecto no sea un infierno, tiempo perdido de hostilidad, malhumor, bocinazos y contaminación sino una parte agradable del día.

El derecho al tiempo también es repensar las infraestructuras para que no sea más rápido ir de València a Madrid que de València a Borriana. El derecho al tiempo también es repensar las infraestructuras para que exista la posibilidad de ir a Alcàntera del Xúquer y cualquier otro municipio pequeño. Seguro que hay quien piensa que tengo razón, pero no hay dinero para todo ¿Seguro?

No tengan ninguna duda que, si destinásemos todo lo previsto en la ampliación de puertos y aeropuertos, de nuevas macrocarreteras y repensamos las ayudas públicas a la compra de coches, habría suficiente para tener una mejor red de transporte público colectivo con mayores frecuencias o con un servicio a demanda. Una movilidad multimodal moderna que aproveche la digitalización para mejorar la coordinación y decir adiós a las tediosas esperas entre un transporte y otro.

Una equidad territorial que debe acompañarse por medidas de transición ecosocial justa que no castigue a quienes se empobrecen con la globalización y democratización del transporte público. Debemos superar ciertos miedos y rechazos, de hecho, no os preocupéis más en si Botín o Roig se benefician de las ayudas al transporte universal porque si se empiezan a montar en cercanías su calidad mejorará rápidamente como nuestros hospitales y universidades públicas.

En resumen, la ley de movilidad sostenible es una oportunidad única para luchar contra el cambio climático, para vertebrar nuestro país, a pesar de la M30, para cohesionar nuestros barrios y garantizar un futuro mejor y más vivible a las generaciones futuras.

El debate será complejo, habrá mucha presión por parte de los lobbys, pero con inteligencia colectiva y diálogo podremos mejorar una ley que haga de la movilidad sostenible y el transporte público una opción más sexy, eficiente y justa.