OCTAVIO GRANADO

Viçenc Navarro decía el 5 de mayo que la mayoría de los ciudadanos no están informados sobre las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social. Estoy de acuerdo, aunque tampoco el autor del artículo goza de la información que echa de menos en la ciudadanía.

Las mutuas son entidades colaboradoras de la Seguridad Social y sus presupuestos forman parte de los Presupuestos Generales del Estado. No gestionan, como afirma Navarro, “aportaciones empresariales” sino cotizaciones de la Seguridad Social. Y no tienen inmensos beneficios, sino resultados presupuestarios que devuelven al erario común de la Seguridad Social. Según Navarro, la diferencia entre ingresos y gastos de las mutuas en 2010 fue de 5.000 millones de euros. En realidad, esta cifra fue diez veces inferior. El 100% de los resultados derivados de la gestión por enfermedad común será ingresado en el Fondo de Reserva, como se viene haciendo (eso sí, desde 2004), y aproximadamente el 75% de los resultados provenientes de su gestión de prestaciones y asistencia por accidentes y enfermedad profesional se ingresa en el Fondo de Prevención, que en 2004 tenía 700 millones de euros y ahora tiene más de 4.500 millones. Todo esto sin contar los más de 3.000 millones que las mutuas devuelven anualmente a la Seguridad Social como aportación a servicios comunes, reaseguro de sus prestaciones y capitalización de las aproximadamente 30.000 pensiones de incapacidad por accidente o enfermedad profesional reconocidas cada año a los trabajadores mutualizados.

Los únicos beneficios que las mutuas obtienen para su patrimonio privativo son los derivados de la prevención de riesgos laborales que realizan a través de sociedades mercantiles segregadas desde 2005, y que suman unos 30 millones para el conjunto de mutuas. Esta segregación, el sometimiento de las mutuas al Sistema de Información Contable de la Seguridad Social y un control más efectivo de sus presupuestos, han rendido sus frutos y permiten a la vez mantener prestaciones, disminuir la cotización y aumentar lo que las mutuas retornan cada año a la Administración, cantidad que en estos últimos siete años ha multiplicado por diez lo retornado de 1996 a 2004. Lamento que Navarro no haya accedido a esta información accesible para todos en nuestra web www.seg-social.es.

Los 5.000 millones de euros de los que habla Navarro son las reservas de las mutuas, generadas no en un año (2010) sino a lo largo de sus cien años de existencia; estas reservas han crecido desde 2004 mucho menos que los retornos a la Seguridad Social y se nutren de lo que las mutuas no deben ingresar en los fondos o presupuestos del sistema. Son también fondos de la Seguridad Social, ya que están afectas a la garantía de las prestaciones. En resumen, ni aportaciones empresariales, ni beneficios millonarios, ni recursos privados. Cotizaciones sociales, reingreso en el erario de la Administración y contribución a los fondos públicos (aportación a servicios comunes, reaseguro, capital-coste, Fondo de Reserva y Fondo de Prevención).

De ahí que sea difícil seguir a Navarro cuando señala que si las mutuas abonaran más al sistema sanitario este podría reducir su déficit, porque supondría financiarlo con cotizaciones sociales, y lo único que conseguiríamos es cambiar déficit sanitario por déficit de la Seguridad Social. Uno de los grandes logros de nuestro sistema de pensiones ha sido excluir la financiación de la sanidad, que como cualquier derecho ciudadano debe financiarse con impuestos, de las cotizaciones sociales que sólo financian prestaciones a los cotizantes. La propuesta de Navarro plantearía dudas: ¿tenemos que pagar más tributos a la Seguridad Social para que esta financie en mayor medida al sistema sanitario? ¿No sería mejor buscar mayores ingresos para el sistema sanitario directamente sin comprometer las cotizaciones sociales?

Las mutuas no aplican la legislación siguiendo su arbitrio. Desde 2005 las decisiones de las mutuas sobre otorgamiento y calificación de prestaciones son recurribles de forma gratuita ante las entidades gestoras de la Seguridad Social, que en dos de cada tres casos dan la razón a los recurrentes en los más de 10.000 recursos presentados anualmente. Además, se ha puesto en marcha una Oficina de Reclamaciones para resolver decisiones controvertidas sin necesidad de acudir al recurso.

Es llamativo que Navarro concluya que la enfermedad profesional no es objeto de atención en nuestro país por el número de trabajadores en activo fallecidos. A Navarro tres muertos le parecen –estadísticamente hablando– muy pocos, a mí me parecen demasiados, porque lo normal es que una enfermedad profesional sea objeto de diagnóstico, a ser posible precoz, y que el trabajador no fallezca cuando está en activo, sino cuando ya está cobrando prestaciones de incapacidad, que en España otorgamos deprisa y con criterios razonables. Desde 2004 tenemos un nuevo listado de enfermedades profesionales, hemos creado un sistema de comunicación de enfermedades profesionales (Cepross) y del trabajo (Panotratss), considerado como un modelo de registro y notificación en toda Europa. Con la introducción de las enfermedades del trabajo, pasamos a ser con Francia el país de la UE con mayor número de declaraciones registradas. El Cepross 2010 refleja cinco fallecimientos de activos por enfermedad profesional a los que hay que añadir 291 fallecimientos de pensionistas de incapacidad permanente por enfermedad profesional en el mismo año, de los que 42 eran menores de 65 años y el resto superaba esa edad.

Cabría terminar con una conclusión. Es necesario conocer bien nuestras carencias, que en materia de enfermedad profesional y del trabajo siguen siendo muchas. Pero confundir recursos públicos con recursos privados, desconocer aspectos esenciales de la realidad o de lo actuado en los últimos años, ni aporta información ni soluciones. Magnificar los problemas es útil para la retórica, pero no para las ciencias sociales ni para la gestión de las políticas públicas. Y así, se producen escándalos que están más, como decía Buero Vallejo, en el ojo del que mira.

Octavio Granado es secretario de Estado de la Seguridad Social

Ilustración de Jordi Duró