Por Rosa Cobo

Profesora de Sociología y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de A Coruña

Lo ocurrido con Juana Rivas no solo es una advertencia a todas las mujeres para que no saquen los pies del plato sino también un acto de fuerza que nos envía el mensaje de que los hijos son de los padres. El papel que el patriarcado ha asignado a las madres es el de ser vasijas y cuidadoras. Sin embargo, tras duras luchas feministas, grupos de mujeres en distintas partes del mundo han conquistado derechos. En efecto, han retrasado la maternidad e incluso se han atrevido a ejercerla en solitario, han reducido la tasa de fecundidad, se divorcian, participan activamente en el mercado laboral y acceden al espacio público después de sortear grandes obstáculos. Las élites patriarcales piensan que esos derechos son excesivos y que hay que detener por las buenas y por las malas esos aires de libertad y de autonomía que se han apoderado de muchas mujeres. El caso de Juana Rivas es su mensaje. El movimiento feminista y otros sectores de la sociedad han entendido este mensaje y han respondido como siempre: manifestándose pacíficamente en la sociedad civil y usando la palabra como herramienta de lucha. Siempre ha sido así históricamente. Los argumentos y las movilizaciones están en el fundamento de la lucha feminista.

Sin embargo, hay dos hechos sobre los que conviene reflexionar. El primero de ellos es que las acciones políticas que ha protagonizado el feminismo en torno a este caso han tocado alguna fibra vital del dominio patriarcal. Si no fuese así, no podría explicarse tanta saña contra una mujer agredida e indefensa que quiere proteger a sus hijos. Y tampoco podrían explicarse las voces progresistas, pero no feministas, que han arremetido contra Juana. Por eso, el caso de Juana Rivas es un caso político. La custodia compartida impuesta se configura en este momento y en nuestra sociedad como una reivindicación central de los sectores ideológicos patriarcales y, por ello mismo, como la lucha esencial para desacreditar la Ley integral contra la Violencia de Género.

Y el segundo hecho que llama la atención es el silencio de algunos sectores ideológicos progresistas en torno a este caso. Quizá tienen miedo a desafiar a la justicia. Sin embargo, es un error político permanecer en silencio por cuestiones de corrección política porque este caso está abriendo una grieta por la que se están colando los sectores críticos con la ley, esos que no encontraban espacio suficiente en la opinión pública para manifestar su disconformidad con la ley.

La cuestión fundamental del caso de Juana Rivas es, sin duda, la custodia compartida impuesta, que está siendo utilizada como una herramienta para socavar los derechos de las mujeres. ¿Cuántas de ellas renuncian o retrasan el divorcio para no perder a sus hijos? ¿Cuántas soportan agresiones por la misma razón? ¿Cuántas renuncian a la pensión que les corresponde a sus hijos por tener su tutela? ¿Cuántas firman lo que les piden sus ex maridos para poder quedase con los hijos? El empobrecimiento de las mujeres tras sus separaciones es un hecho. Ellas se quedan con los hijos y ellos con la mayoría de los gananciales. Tener a las mujeres sujetas y detener sus ganas de autonomía requiere de la custodia compartida impuesta. Los agresores saben que los vínculos de responsabilidad, cuidado y amor de las madres con hijos e hijas son el instrumento fundamental para ejercer su control y dominio sobre ellas y los sectores patriarcales saben que la custodia compartida impuesta significa tener a las mujeres atadas a la familia patriarcal.