¿Qué se esconde tras el pin de censura educativa de VOX?

La censura y control sobre la educación pública, plural, democrática e inclusiva es una estrategia que los grupos fascistas han venido y vienen haciendo en todos los países del mundo. Anclados en la falsa creencia de todas las dictaduras: “si controlas su educación, controlarás sus mentes”. Lo están impulsando vía “lawfare educativo”.

Con ello consiguen cuestionar y desprestigiar la educación pública por su capacidad de formar en valores democráticos y favorecer la igualdad social, acusándola de adoctrinar; centrar el debate en la prioridad de la decisión individual del progenitor (moral privada o religiosa y “libre selección”) frente al derecho del menor (ética pública y bien común); atacar el modelo de escuela pública sembrando la sospecha sobre la labor del profesorado y socavando la relación de confianza entre la familia y la escuela; impulsar el miedo (o, al menos, la prevención) del profesorado de la pública que empieza a sentirse acosado y amenazado; judicializar la escuela pública y cuestionar su labor educativa integral, vía denuncias contra profesionales y centros; y sobre todo hacer girar la agenda mediática sobre estos aspectos en vez de los verdaderos retos de la educación: reducir el número de alumnado por aula (ratios), la falta de recursos (7% PIB), las plantillas inestables y las altas tasas de interinidad, la religión fuera de la escuela o suprimir de una vez la financiación pública a los centros privados.

Estrategia clásica del autoritarismo

Esta estrategia, difundida en España por el grupo fascista VOX, a través del que ya muchos denominan “PIN Neandertal”, tiene un largo recorrido. Es un clásico de la manipulación de los sistemas autoritarios, presentando el control y la censura como un paternal ejercicio de “protección de los menores”, incluso de sí mismos. Con los mismos esquemas, con las mismas falsas imágenes, con las mismas fake news o mentiras y con los mismos vídeos, que se difunden en redes sociales y grupos familiares de WhatsApp, donde niños y niñas “encantadores”, desde Costa Rica a España, piden que en el colegio se dé matemáticas y en casa se eduque en valores.

Son las estrategias de “lawfare” (guerra jurídica contra la democracia) que los grupos ultraderechistas y los grupos evangélicos ultraconservadores (financiados por EEUU en Latinoamérica para combatir la teología de la liberación, que cuestionaba la desigualdad y la injusticia y apostaba por los pobres), han utilizado para dar golpes de estado “blandos”, en Brasil o Bolivia, y poner en el poder a líderes ultraderechistas como el militar Bolsonaro o Añez.

'Lawfare' educativo

Una de las primeras medidas de Bolsonaro, cuya ministra de familia declaraba “las niñas de rosa y los niños de azul”, fue combatir la educación en el respecto a la diversidad y contra el bullying homofóbico, denominándola “kit gay”, utilizando para ello ‘fake news’, en donde aseguraba que se pasaban películas porno gay en las escuelas. La versión brasileña de este pin fue “Escuela sin partido” que, según el militar, pretendía “acabar con la prevalencia de ideas de izquierda en las aulas”, persiguiendo las ideas del gran pedagogo Pablo Freire y estimulando a que los estudiantes grabaran las clases y denunciaran a los profesores y profesoras que ellos considerasen que cometían el delito de ‘adoctrinamiento ideológico’.

Dado que en España no pueden imponer este adoctrinamiento de una forma directa, por ley como en Brasil o Bolivia, han optado por una vía indirecta, el lawfare educativo: el acoso vía judicial contra los valores democráticos e inclusivos de una escuela pública abierta, libre y plural.

Censura educativa

Exigen una censura educativa previa, un nihil obstat propio del nacional catolicismo de la dictadura franquista, para controlar que los centros educativos públicos y los profesionales cualificados que en ellos educan, no aborden “temas controvertidos”.

Lo cual, traducido en sus categorías, significa que el profesorado no cuestione la homofobia, que no critique el racismo o la desigualdad, pero que, por el contrario, las clases de religión sigan adoctrinando en catolicismo, o que se promueva desde las administraciones educativas neoconservadoras el militarismo o “jurar bandera” en los colegios, etc. Es decir, pretenden que se vuelva a la educación franquista, teñida con emprendimiento y educación financiera y con métodos coherentes con su ideología: “la letra con sangre entra”.

Lo que hay detrás de este pin es su incapacidad para admitir una sociedad democrática plural y tolerante. No admiten pensamientos diversos, visiones críticas o que cuestionen el sistema. Su estrategia es utilizar la educación para imponer una mentalidad única, una sola forma de ver el mundo: volver al blanco y negro del nodo franquista. Machismo, toros, caza, nacionalcatolicismo, patriotismo de bandera, militarismo, racismo y xenofobia, privilegios de los ricos y señoritos y sumisión de los demás.

Es su discurso del odio trasladado a la educación. El discurso del odio a la diversidad, a la igualdad, a la justicia y los derechos humanos, propio del fascismo.

Acoso a la educación pública: vigilancia y control del profesorado de la pública

Pero estas campañas de censura educativa tienen una finalidad añadida que es clave. Sembrar la desconfianza sobre la educación pública. Buscan cuestionar la labor de los profesionales de la educación, a quienes acusan de adoctrinar. Profesionales que han accedido a su labor docente por oposición, tras una formación universitaria certificada (excepto los catequistas, que imparten todavía religión en todos los centros, y son elegidos a dedo por los obispos). Este acceso garantiza la diversidad de personas, de creencias y de ideologías que pueblan la escuela pública y que trasladan la diversidad social en la que va a convivir el alumnado.

Pero consideran que en la educación pública hay demasiada diversidad, excesivo pensamiento crítico, mucha falta de “vigilancia y control” sobre el profesorado, según ellos. Por eso, siguiendo la doctrina del lawfare educativo ultraderechista, también incitan a niños y niñas para que graben a sus docentes, de cara a denunciarlos. Quiere censurar la labor e instaurar la vigilancia permanente de los profesionales de la educación pública. Persiguiendo y demandando judicialmente quienes no se dobleguen a su delirio.

Lo cual es un atentado no solo contra la autonomía de los centros educativos sino, también y especialmente, respecto a la libertad de cátedra de los docentes, que es un derecho fundamental recogido en la Constitución.

Se empieza con el "Pin", se continúa grabando con cámaras de seguridad en las aulas y se termina persiguiendo y encerrando al profesorado disidente. Ya se ha descrito suficientemente en novelas como 1984 de Orwell.

Tu hijo y tu hija tienen derecho a una educación plural y democrática

La educación pública está en manos de profesionales expertos y los contenidos esenciales del currículum los definen la comunidad social y educativa, a través de sus representantes públicos en el parlamento. No es cada padre o madre quien tiene que decidir el currículo académico, porque la educación está reglada y no está sometida a caprichos o decisiones individuales.

Ciertamente nuestros hijos y nuestras hijas son nuestra responsabilidad, y por edad u otros motivos pueden estar a nuestro cuidado, a nuestro cargo. Pero no nos pertenecen. Los niños y las niñas no “pertenecen” a nadie. Tienen sus propios derechos.

Los padres y madres pueden transmitir sus valores a sus hijos e hijas, pero no tienen derecho a limitar sus horizontes del conocimiento, ni empeñarse en que se atengan a sus creencias. La fórmula es ofrecer más información, no censurarla.

Un miembro fundador de Ciudadanos, como Fernando Savater, lo reconoce: “Uno de los más importantes objetivos de la educación es que los niños conozcan las alternativas que existen a los prejuicios de sus padres” (El País, 12/07/2018) o, incluso, el Consejero de Educación del Partido Popular en la CAM: “los padres no somos dueños de la educación de nuestros hijos ni de lo que deben aprender”.

En lo que respecta a la educación, la infancia tiene derechos y los adultos, deberes. E incluso sus deberes no pueden entrar en colisión con los derechos fundamentales de la infancia.

El interés superior del menor y los derechos de la infancia

Por encima de la responsabilidad de las familias, está el derecho de los hijos y las hijas a poder acceder libremente a una educación integral en igualdad, en justicia, en libertad y en derechos humanos. Si no, se vulnera el derecho fundamental a la educación de la infancia. Es el interés superior del menor (artículo 3 de la Convención de Derechos del Niño y de la Niña).

Esta censura educativa vulnera ese derecho. Es un ataque y un atentado a la libertad y los derechos de la infancia, la población más vulnerable. Incumple la Carta de Derechos Humanos, la Constitución y tratados internacionales como el de Estambul.

Tal como recoge en el artículo 27.2 de nuestra Constitución, el objetivo de la educación no es solo la transmisión de conocimientos y saberes sino también de los valores y de las herramientas que hacen posible el pleno desarrollo de la personalidad y la garantía efectiva de los derechos humanos. El Tribunal Supremo dejó claro en 2009 que no era posible la objeción frente a los contenidos obligatorios del sistema público de enseñanza, cuando algunos ultraconservadores plantearon objeción de conciencia frente a la asignatura Educación para la Ciudadanía.

El elemento esencial no es la satisfacción de unos intereses o una ideología parental, sino la garantía del derecho que tiene cualquier niño y cualquier niña a una educación en libertad, igualdad, justicia y democracia, aunque sus padres sean homófobos, machistas o racistas. Es la comunidad la responsable de garantizarles esos derechos y poner los medios para ello.

Efectos colaterales

Este lawfare educativo de acoso contra todo lo público y los servicios públicos como la educación, está teniendo efectos colaterales muy graves. Está provocando, de hecho, que una parte del profesorado se empiece a replegar cada vez más, porque se siente amenazado y no quiere más problemas, ni que le denuncien más veces. En buena parte de los claustros de los centros escolares públicos se empieza a sentir la autocensura para “no tener problemas”.

Además, está socavando la confianza de las familias hacia el profesorado de la pública. Lo cual acaba deteriorando la percepción que se tiene sobre la propia educación pública y el servicio público educativo. Esta confianza se tarda mucho en consolidar y está sólidamente demostrado que es uno de los factores que inciden positivamente en la mejora de la educación.

A esto hay que añadir el aumento de burocracia que supone conseguir que, en cada actividad, cada niño y niña, venga con una autorización firmada: qué se hace con quienes la pierden, y si sus familias se olvidan de firmarla, o no la han validado mediante la app correspondiente, se pide autorización para ver un vídeo u otro material distinto… Qué se hace con quien no trae autorización, ¿se les manda a dirección?… El agobio y el cansancio empiezan a hacer mella.

Los verdaderos “pines de censura”

El problema de fondo es que el auténtico “pin de censura educativa” lleva décadas existiendo en España: es la anomalía de la escuela concertada. Estos centros, en buena parte religiosos dependientes de la jerarquía católica, tienen “ideario propio” y allí, con este subterfugio ideológico, se impone, con financiación de dinero público, determinada ideología y creencias, en todas las materias y clases, en todas las actividades. Incluso en algunos concertados no solo no se educa en diversidad ni en igualdad, sino que se separa a los niños y a las niñas en las aulas. Esto sí es adoctrinamiento.

También lleva existiendo décadas otro “pin de censura educativa” en la escuela pública: la transmisión de la ideología y los dogmas católicos en las clases de religión. Creencias particulares que se imponen en todos los centros, pagándolo entre todos con dinero público. Esto sí es adoctrinamiento. Y, curiosamente, son quienes defienden la asignatura de religión, los mismos que exigen que no se eduque a sus hijos e hijas en la empatía y el respeto a los derechos humanos, porque claman que “eso es adoctrinar”.

Por no hablar del emprendimiento, la educación financiera, la formación militar o tantos otros “adoctrinamientos” que las derechas conservadoras y neoliberales han introducido en las escuelas, como forma de inculcar la ideología neoliberal, el capitalismo como único modelo económico, o la guerra como estrategia de relación internacional.

Blanquear el fascismo

La dificultad añadida es que estas propuestas las asume y las blanquea la derecha conservadora del Partido Popular y la derecha neoliberal del partido Ciudadanos, y las difunde la denominada “caverna mediática”, es decir, los medios de comunicación conservadores, reaccionarios y liberales. Lo cual significa que están marcando la agenda mediática y parece que toda la acción política y pública se galvaniza en torno a sus desvaríos trasnochados, que reeditan una y otra vez, en vez de hablar de los temas importantes en educación: eliminar en pleno siglo XXI la religión de la escuela, corregir las ratios elevadas y la falta de recursos, las plantillas inestables y las altas tasas de interinidad, blindar la pública con el 7% del PIB o suprimir la financiación pública a centros y negocios privados de educación.

Lo que necesitamos es acordar un “Pin Mental” sobre estos disparates nacionales. Necesitamos un “Pin” que aísle el discurso del odio. Esta sociopatía integrista de VOX, heredada de la dictadura franquista, no puede tener cabida ni debate en una sociedad democrática.

Alternativa: asignatura de ciudadanía obligatoria ya

En definitiva, para prevenir el disparate del fascismo la solución es clara: asignatura obligatoria y evaluable, impartida por el profesorado, con contenidos de derechos humanos y sociales, libertad afectivo-sexual, antirracismo y antifascismo, como en Suecia, Alemania o Reino Unido, donde son asignaturas obligatorias desde hace casi 50 años y las familias que se oponen a que sus hijos e hijas reciban educación sexual pueden acabar en la cárcel o ser sancionados con multas de hasta 5.000 euros.

Hay que educar en el antifascismo, en la diversidad, en la igualdad, en la inclusión, en la justicia social y los derechos humanos. Sin concesiones ni medias tintas.