Escribir la historia es potenciar la cultura

En el marco de este convulso panorama electoral, en el que por desgracia el ruido mediático, que tiende a dar un protagonismo que no merece a propuestas disparatadas, boutades que justifican un titular, o verdades a medias, que son siempre la peor de las mentiras, si ya es difícil colocar mediáticamente en el debate las cuestiones que realmente preocupan a la ciudadanía –pensiones, transición energética, modelo económico sostenible, igualdad, sanidad, educación, etc.- más difícil resulta en muchas ocasiones poder poner sobre la mesa una cuestión fundamental, como es la cultura, y más aún: el precario y difícil estado de la cultura en nuestro país.

Cultura de base frente a cultura de escaparate y espectáculo

Sin embargo, la cultura es un elemento clave y fundamental del desarrollo de nuestra sociedad. Bien, esta afirmación, que resulta obvia y que nadie discute, no encuentra un espacio de debate y discusión profundo en la agenda política, por varias razones, siendo quizá la más importante que desde muchos ámbitos y en especial desde las posiciones más conservadoras, su concepto de cultura o si se quiere, de política cultural o de actuación en el tejido cultural parece sacado de aquel interesantísimo tratado sociológico publicado por Guy Debord en 1967, La sociedad del espectáculo.

Su idea de la cultura es meramente la de la exposición mediática sin un objetivo más allá de la intención de satisfacer una oferta de ocio, entendido además ese ocio desde un punto de vista clasista y elitista. Todavía recuerdo, a modo de ejemplo muy significativo como hace ya unos cuantos años, siendo alcalde de Madrid José María Álvarez del Manzano, el otrora conocido cantor de villancicos navideños del PP, en un debate televisado en las vísperas de unos comicios locales a mediados de los 90, toda su argumentación en defensa de su política cultural, que repetía como una suerte de mantra al que se agarraba como a un clavo ardiendo, era haber puesto esculturas decorativas de Botero en el Paseo de Recoletos de la capital, sin ser capaz de mencionar ni una sola actuación más en ningún otro sentido.

En la actualidad todavía, no solamente desde la derecha, sino también desde el PSOE, el partido que instaló desde los años 80 el estabilishment del clientelismo cultural mediante la política de subvenciones, esa concepción de cultura de escaparate, de cara a la galería, se mantiene a muchos niveles. La consecuencia más negativa de esa política es que todo el talento artístico, todo el mundo de la creación literaria, musical, plástica, cinematográfica, escénica, que en nuestro país es de una extraordinaria riqueza y debería ser uno de los elementos básicos de esa idea que en su día se llamó “Marca España”, a no ser que encuentre apoyatura económica en la gran empresa, ni tiene la suficiente visibilidad, ni es lo suficientemente difundida, ni tiene acceso a unos recursos públicos que tengan la dotación necesaria para poder hacer políticas de estímulo a la creación artística y al desarrollo de proyectos que además de fomentar el talento tienen una inmensa capacidad potencial de creación de empleo dentro de las industrias culturales.

En otras palabras, nos enfrentamos a una concepción de cultura entendida exclusivamente como negocio, ganancia económica a corto plazo, como espectáculo, frente a una cultura mucho más diversa, rica y variada, pero invisibilizada por su marginación del mercado y la inexistencia de una voluntad política de proporcionarle posibilidades de crecimiento y espacios de desarrollo.

Si nuestra apuesta se centra en cambiar esa concepción, en ese cambio de paradigma que tenga como objetivo crear las condiciones materiales necesarias para fomentar y visibilizar toda esa producción cultural desde el ámbito de lo público, resulta de vital importancia la implicación de los medios de comunicación de titularidad pública y el mejoramiento de la oferta cultural entendida en su máxima diversidad en todas las radios y televisiones públicas.

Las tapaderas de la corrupción

Por si no fuera ya de por sí lamentable la situación de ignorancia y de marginación de la actividad cultural existente fuera de los circuitos comerciales, resulta mucho más lamentable aún, o más todavía, produce una indignación difícilmente contenible comprobar como muchos millonarios presupuestos asignados a instituciones culturales se dilapidan en actuaciones delictivas y criminales, y que sirven como tapadera de una de las peores lacras que padece esta democracia, como es la corrupción política.

No es casual que uno de los casos más escandalosos de corrupción asociada a la cultura se haya producido en un territorio que el régimen mafioso del PP convirtió durante años en el símbolo de la degradación de lo público y de la criminalidad hecha modus vivendi: Valencia.

Baste solo el tristemente célebre ejemplo del hijo escultor de Consuelo Císcar, ex – directora del IVAM investigada actualmente por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental por irregularidades en la gestión del museo y de Rafael Blasco Castany, dirigente del PP en Valencia condenado por apropiación indebida en 2014. La obra de este escultor, Rablaci, fue promocionada en China por la representante de la SGAE en el país asiático Mª Cruz Alonso Antolín y su marido Miguel Ángel Sazatornil Lavilla por el “módico” precio de 284.000 euros con la eufemística excusa de “coordinar y gestionar espacios expositivos para la exhibición de exposiciones del IVAM en Asia”.

Otro de los escenarios en los que la mancha de la corrupción más ha contaminado nuestra sociedad y en donde el PP ha acumulado una cifra increíble de casos con sentencias judiciales condenatorias, Madrid, también ha visto como el mundo de la cultura ha sido objeto de sus sucios manejos. Uno de los más llamativos sucesos conocidos dentro de la Trama Púnica fue el desvío de ingentes cantidades de dinero por parte de diversos ayuntamientos de la CAM, todos ellos gobernados por el PP a una empresa promotora de conciertos y espectáculos musicales –de inexistente actividad en el ámbito profesional de la música al nivel de otras empresas como pueden ser Live Nation, Doctor Music o Live Madness- llamada Waiter Music, cuyos dirigentes reconocieron en sede judicial haber cobrado en B y con facturas falsas la contratación de conocidos músicos afines al PP para las fiestas patronales de esos municipios. Lejos de dar oportunidades a los músicos y artistas que deberían poder aprovechar el presupuesto público para poder ser remunerados en una actividad cultural de sus propios municipios, se despilfarró ese dinero en turbios asuntos que tapaban vergüenzas y favores difícilmente confesables.

Tan solo dos ejemplos de los centenares que se podrían mencionar. Con menos exposición mediática, pero denunciable igualmente, cabe señalar la existencia en muchas ocasiones denunciada de malas prácticas que fomentan el amiguismo, los enchufes, intercambio de favores y demás actividades que existen en las instituciones culturales, en donde tampoco nos pasa desapercibido un dato que evidencia la necesidad de un cambio de paradigma en la cultura en relación con el feminismo: En las recientes renovaciones de la dirección del Centro Dramático Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro clásico, del Ballet Nacional y la Compañía Nacional de Danza, ni una sola mujer ha accedido a esos puestos. La exigencia de una transparencia radical en la gestión de las instituciones culturales y su plena democratización, que todavía no se ha producido, es ineludible en la próxima legislatura si una mayoría de izquierda gobierna el estado español.

Levantar las alfombras

Si existe un caso de corrupción flagrante en el mundo de la cultura, que ha adquirido unas dimensiones de auténtico escándalo, ha sido el de la insostenible situación de la Sociedad General de Autores de España (SGAE), que además de haber provocado una rebelión en toda regla de gran parte de los autores, no ha adecuado sus estatutos a la normativa europea, ha impedido la celebración de unas elecciones en las que se pudiera ejercer el derecho a voto de manera electrónica y ha pospuesto indefinidamente aplicar un cálculo del reparto de los derechos de autor que acabase con la llamada “rueda”.

Ante estos hechos, el 15 de febrero se anunció por parte del Ministerio de Cultura el envío de una solicitud oficial a la Audiencia Nacional para la intervención por parte del estado de la SGAE, con la destitución de su actual dirección y el nombramiento de un gestor interino que saneará la entidad. Si bien el compromiso de llevar a cabo esta intervención es firme por parte de todas las fuerzas políticas (PSOE, PP, C´s y PODEMOS) con independencia del resultado del 28-A, es absolutamente necesario mantenerse vigilantes para exigir el cumplimiento de esa intervención, así como la apertura de una investigación que clarifique y determine las responsabilidades de anteriores directivas en el escándalo de la “rueda” y establezca los mecanismos de gestión y control necesarios para que una vez devuelta a los autores, no vuelva a repetirse jamás lo sucedido en los últimos años.

Poner en valor los logros conseguidos

Desde que se constituyeron las cámaras tras las elecciones de junio de 2016, desde la mesa de cultura del congreso de diputados se hizo por parte de los diputados y diputadas de Unidos Podemos un excepcional trabajo para conseguir transformar en una realidad una aspiración que todo el tejido cultural tenía desde hace muchísimos años: la redacción y aprobación del Estatuto del artista y del trabajador de la cultura, en el que de manera análoga a como ya sucede en países como Francia u Holanda, quedan reconocidos toda una serie de derechos laborales, económicos y sociales en el ámbito de la tributación fiscal, periodos formativos y seguridad social entre otras cuestiones a los artistas a los que no tenían acceso hasta la aprobación del Estatuto. El amplio consenso que este texto legal ha conseguido entre todas las fuerzas que componen el arco parlamentario garantiza en principio su puesta en práctica, aunque como en otras cuestiones, no cabe bajar la guardia. Si bien hemos de felicitarnos por su aprobación, hemos de lograr que su aplicación sea efectiva.

Los controvertidos retos del universo digital

La actual directiva europea sobre derechos de autor en el ámbito digital recoge, aunque de manera algo laxa y no plenamente satisfactoria para el colectivo autoral una reivindicación histórica del sector: la obligación que se adjudica a las plataformas de difusión de contenidos digitales de que la difusión de esos contenidos garantice la adecuada remuneración a sus autores a través del acuerdo con las entidades de gestión de derechos de autor reconocidas y autorizadas para tal labor. Diferente cuestión es el como esas entidades realizan esa labor, caso de la siempre controvertida SGAE en el estado español, pero al menos, existe una satisfacción generalizada en las asociaciones y colectivos de autores en relación con la necesidad de que el autor reciba una justa y progresiva remuneración por su trabajo en el ámbito digital.

No obstante, ha surgido un problema de cierta complejidad con respecto a los contenidos no protegidos por ninguna entidad de gestión y que los autores ceden libremente para su uso y difusión en plataformas: la inclusión de publicidad, como sucede en YouTube o Facebook por ejemplo en la difusión de esos contenidos, que están generando un beneficio económico para esa plataforma en cuestión a costa de un autor que no percibe ninguna remuneración por ese mensaje publicitario anexionado a su contenido.

Y aquí es donde ha surgido una discrepancia entre quienes defienden en el ámbito europeo defienden que la retirada de esa publicidad sea inmediata por parte de la plataforma mediante la aplicación de un acto administrativo de ejecución inmediata y quienes, como es el caso de Podemos, defienden que la retirada de esa publicidad se haga efectiva mediante sentencia judicial, medida que a criterio de los autores es perjudicial en tanto en cuanto la resolución judicial de la denuncia puede permitir la utilización de ese contenido como medio de apoyo a una publicidad de la que el autor no percibe ningún beneficio durante meses hasta el dictamen judicial preceptivo. Esta situación obviamente nos obliga a estudiar hasta donde sea posible que fórmulas podrían conciliar los dos puntos de vista, y sobre todo, que solución se puede dar al colectivo de autores más acorde con sus reivindicaciones.

Aún así, la aplicación de esta directiva europea, de obligado cumplimiento para todos los países de la UE, para cuya aplicación disponen de dos años de plazo para acomodar las respectivas legislaciones locales, significa un notable avance que a nivel estatal, fue impulsado en la pasada legislatura por el grupo parlamentario de Unidos Podemos a través de la presentación una enmienda al Proyecto de Ley 121/000021por el cual se modificaba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017.

Esta enmienda, de importancia capital para el mundo discográfico y musical, y que contó con un amplio consenso tanto del resto de grupos parlamentarios como del colectivo autoral, establecía la supresión del artículo 71 de la LPI (Ley de propiedad intelectual), que entre otras disposiciones ya totalmente obsoletas, establecía, la obligatoriedad para el autor de la cesión del 50% de sus derechos de comunicación pública, que representa la mitad de los ingresos por la explotación de las obras en contextos como la hostelería, comercios, radio y televisión, entre otros. Ingresos que como bien explicó en su día nuestro diputado Eduardo Maura percibía el editor musical, figura cuya relevancia en este aspecto ha desaparecido en un mundo en el que ya ni siquiera se imprimen las partituras, sino que son los medios de comunicación audiovisuales los que facilitan el acceso al conocimiento de la creación musical.

Recuperar el valor social de la cultura

Más allá de la necesidad de la adopción de medidas de carácter técnico-jurídico eficaces y a corto plazo para solucionar las carencias más graves en el mundo de la cultura, tomando una frase de mi compañera de trinchera en la lucha cultural, la directora teatral Pilar G. Almansa, la recuperación de su valor social es otra tarea absolutamente inexcusable. Considerar nuestra cultura como un activo fundamental de nuestra sociedad, reivindicar el trabajo de los creadores y creadoras y exponerlo de manera que se conozca, se respete y se aprecie en su justa medida, hará de nuestro país un país que desarrollará masa crítica, que irá relegando a la irrelevancia la demagogia, los intentos de crear un pensamiento único y las manipulaciones interesadas de determinados medios de comunicación al servicio de los grupos económicos que los sustentan.

Un país que lea más y mejores libros, que vea más y mejores obras de teatro, que vea más y mejores películas, que aprecie las artes plásticas, que disfrute de la buena música, no solamente será un país más culto con una sociedad mucho más informada y estructurada, sino mas sensible y sobre todo, más feliz. Será consciente de su momento en la historia y por ello, no dejará que se la escriban desde púlpitos inalcanzables, platós de televisión o editoriales dictados desde el IBEX 35.

La historia es nuestra y la hacen los pueblos, decía en su último discurso Salvador Allende pocas horas antes de morir en el ataque del ejército golpista chileno al Palacio de la Moneda en 1973. Nunca como hoy sigue teniendo sentido esa histórica sentencia.

Para escribir nuestra historia, vivamos nuestra cultura.