Dice el refranero popular que “el que se pica, ajos come”. Así debió sucederle el pasado 20 de enero al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en el programa de Carlos Alsina en Onda Cero. El cabreo con el que respondió a la pregunta sobre su intención de alargar el periodo de cómputo para el cálculo de la base de las pensiones de jubilación de los 25 últimos años a un periodo de 35 hace honor al dicho.

Según Escrivá, la noticia sobre esta medida que saltó a los medios en diciembre es una “narrativa que nunca me habrán oído a mí, sino que se ha creado artificialmente a partir de una realidad que no existe". Sin embargo, a lo largo de esa misma mañana se empezó a oler el ajo en las palabras del ministro. En el Informativo de A3 desvelaban un documento interno del PSOE, el previo al que se había enviado a Bruselas, donde efectivamente se contemplaba “ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 años de manera progresiva”.

No ha habido ninguna “narrativa” más que la propia de Escrivá y la de Pedro Sánchez, que con toda seguridad habrían mantenido la medida en sus planes de reforma de las pensiones si no llega a ser por la presión en calles y redes el movimiento de pensionistas y por la postura de Unidas Podemos ante un recorte en las pensiones que contradice el acuerdo de Gobierno.

Las movilizaciones de pensionistas en los últimos años han sido todo un ejemplo de que, sin organización popular, las y los ciudadanos estamos vendidos ante el avance del modelo neoliberal que ataca directamente al Estado de Bienestar, y en concreto a los servicios públicos. Si en el documento enviado a Bruselas y en el último informe del Pacto de Toledo se incluía que la revalorización de las pensiones debe hacerse acorde al IPC, tras las reformas en contra del Gobierno de Rajoy, es precisamente porque esa medida fue uno de los pilares reivindicativos de miles de pensionistas a lo largo y ancho del país. Lo mismo sucede con el compromiso aprobado por esta Comisión de aumentar el poder adquisitivo de las pensiones mínimas y las no contributivas, que se incorporó ya en el Acuerdo de Gobierno y que debería ir encaminado a acabar con la brecha de género en las pensiones y reducir la desigualdad social.

Sin embargo, estas medidas que han sido estandarte de los colectivos de pensionistas podrían terminar en saco roto si no se sigue presionando a favor de su incorporación en la futura reforma. De hecho, Escrivá no ha eliminado del todo en el documento remitido a la Comisión Europea la posibilidad de ampliar el periodo de cómputo. En materia de pensiones, los de arriba van a apretar, lo mismo que con la inminente reforma laboral, que no puede desentenderse de la repercusión que va a tener en las pensiones futuras.

El sistema de reparto en las pensiones se ha demostrado más eficiente que el de capitalización, en términos de justicia social, claro, pero para que siga siendo así deben asegurarse condiciones laborales dignas que permitan aumentar los ingresos de la Seguridad Social. La degradación en materia de salarios y derechos laborales que vienen sufriendo los sectores populares de nuestro país ha servido de excusa para asentar el mantra de que un sistema público de pensiones de reparto no es sostenible.

Es la misma lógica que recortar en sanidad pública para desacreditarla y fomentar así su saqueo por parte de multinacionales y fondos buitre. Pero si se asegura la subida del SMI (y la igualación de las pensiones mínimas a él), se apuesta por un mayor aporte al sistema de quienes más ganan, se deroga la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales y se lucha por acabar con la precariedad laboral, especialmente entre las y los más jóvenes; está garantizada la sostenibilidad del modelo de reparto, el más adecuado para que todas y todos podamos tener derecho a una jubilación digna.

No sería mucho pedir que además de a las presiones de arriba, el ministro atienda también a las propuestas que vienen desde abajo, a demandas de los colectivos de pensionistas que son de justicia, como es el caso de la auditoría de las cuentas de la Seguridad Social, para determinar la magnitud del saqueo de estas y proceder a su compensación. O a la necesidad de implantar coeficientes reductores de la edad de jubilación en profesiones que implican un gran desgaste físico y psicológico, por ejemplo, las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio, un sector esencial en el ámbito de los cuidados, algo que se demostrado con creces durante la pandemia.

El 2021 ha comenzado con debates de gran calado para nuestro pueblo. Es el momento de remar juntos a favor de la defensa del sistema público de pensiones y de una reforma laboral que recupere los derechos de la gente trabajadora. El Gobierno de Coalición abre la posibilidad de que victorias conseguidas en la calle se materialicen en reformas y leyes en el BOE, siempre que esa presión popular se mantenga y se amplíe, especialmente al ámbito laboral y juvenil, porque, en definitiva, pensionistas somos todas y todos.