Estos días se habla de la multa de la CNMV al ahora ministro Josep Borrell por la venta de acciones de Abengoa antes de su quiebra y surge una duda: ¿de qué hablan? Para empezar, Abengoa “fue” una empresa española, puntera en bioetanol, energía solar, e ingeniería que empleaba a más de 20.000 personas (lo fue, porque ya no es española, ni es la primera en su categoría, y sus principales negocios han sido vendidos). Su división de investigación, Abengoa Research, atraía a los más prolíficos investigadores españoles formados con dinero de todos, y motivados por una tierra (Andalucía) que les había visto crecer y desarrollarse (al decir “les atrajo”, me refiero a que fueron despedidos después de que cerrara en marzo de 2017). Los padres y madres de muchos de los trabajadores podían sacar pecho al ver que el esfuerzo, recursos y tiempo dedicados para que sus hijos estudiaran y tuvieran un trabajo digno en su tierra daba sus frutos (digo que podían, puesto que uno de cada diez científicos ha acabado fuera de España el último año; y sacar pecho no podemos, al ser el país que más recortó en I+D durante la crisis económica).

En este relato las comillas y los paréntesis son importantes, porque denotan un aspecto no siempre explicado: que algo ha cambiado el curso de la historia y que se oculta el por qué. Aquí introducimos una cuestión que en España es sospechosamente poco común: que alguien asuma la responsabilidad por unos hechos acaecidos que empeoran la vida de muchísimas personas. Y, qué mejor forma de evitar asumir una responsabilidad que elevar la mano cual césar y blandir un saludo romano señalando a quien se exponga públicamente. Esta semana fue Jordi Salvador el elegido, el año pasado Felipe VI señalaba a los votantes del 1-0, y en 2016 Susana apuntaba a los independentistas como causa para investir a Rajoy. Todo ello servía para ocultar las propias deficiencias: que han sido cómplices del saqueo de un pueblo. Piensa el ladrón que todos son de su condición, dice el dicho. No obstante, expongamos los hechos que se ocultan y sus principales actores para que cada uno juzgue por sí mismo.

Empecemos por Josep Borrell, un magnífico político, pero que arrastra tras de sí un sendero muy complicado de ocultar, más aún para aquel que quiere exhibir una conducta impecable y patriótica. Para empezar, borra de su biografía del portal de transparencia su principal mancha: haber sido consejero de Abengoa en el momento que, de no haber sido rescatada por el Gobierno de Rajoy, hubiera significado la mayor quiebra empresarial de la historia de España. Borrell era accionista y consejero desde 2009, y conocía las decisiones que la empresa iba a tomar y que conllevaron la caída del 90% del valor de la acción. Por eso decidió vender sus acciones. Por eso “iba” a ser inicialmente imputado por la jueza Lamela (la que decidió ordenar la prisión provisional de los independentistas). Y por eso “ha sido” condenado por la CNMV a pagar una multa de 30.000 euros.

Junto al ex ministro del Parlamento Europeo, en Abengoa contaban con el primo del rey Juan Carlos para representar a la compañía en el extranjero. Dicen que era tan íntimo de Don Juan Carlos que le nombró Infante de España, de modo que su nombre era precedido con el distintivo protocolario S.A.R. (Su Alterza Real). No dicen que, siendo heredero del trono de España por la casa de Borbón-Dos Sicilias (después de los hijos de Juan Carlos), participó en casi todas las quiebras y fraudes empresariales más importantes: Abengoa, Viajes Marsans, o Reyal Urbis. Y, como manda la tradición en la dinastía borbónica, el “síndrome de la demencia sobrevenida”, le sirvió para no declarar en el juicio a Marsans en 2011, alegando una enfermedad degenerativa que le generaba “lagunas”, aunque ello no le impidió seguir con sus actividades como consejero en Abengoa Solar hasta 2014. Su muerte evita conocer de primera mano su implicación en la quiebra. No era el único miembro de la Casa Real en Abengoa, pues el ex jefe de la Casa Real Alberto Aza, fue fichado en 2011 para su consejo asesor internacional, presidido por el mismísimo Borrell. Un plantel “real” para representar a una empresa puntera en energías renovables.

Finalmente, en su quiebra y rescate entran en acción actores conocidos: Bankia, la entidad quebrada y rescatada por el Partido Popular; y el sector susanista del PSOE. En 2015 Abengoa era una de las empresas más endeudadas de Europa por su política agresiva de crecimiento (19.127 millones de euros según el análisis de KPMG de diciembre), lo que dejaba a Bankia como su tercer mayor acreedor con una deuda de 592 millones, después de Santander y Federal Financig Bank. Tras la publicación de remuneraciones controvertidas del consejo de administración (Borrell fue el consejero ejecutivo mejor pagado ese año) y la posible salida de su presidente Benjumea, se produjo una caída del 95% de su valor, hasta que en octubre de 2016 presentó un plan de reestructuración. Hasta entonces, la empresa había vivido al borde de la ruina, a punto de iniciar el concurso de acreedores mayor de la historia empresarial española. Pero a finales de octubre, se proponía una quita del 70% sobre el actual volumen de deuda que tiene el Estado en la compañía de energías renovables a través de varios vehículos como el Instituto de Crédito Oficial, Bankia o Cesce. La cantidad de deuda condonada superaría los 250 millones de euros (el ICO perdió 85 millones), quita que conllevó la conversión de deuda en acciones de la nueva Abengoa, que en marzo de 2018 contaba con un 3,15% de las acciones, siendo el segundo mayor accionista.

Lo cierto es que el rescate del Estado a Abengoa se hizo días antes de la investidura de Rajoy, y parece ser que Susana Diaz condicionó el apoyo a Rajoy a la aprobación de la quita a Abengoa. Los independentistas eran la excusa, y Abengoa era el motivo. Todo ello no evitó el ERE y el cierre de Abengoa Research y, por tanto, el apoyo del PP y PSOE se circunscribió a garantizar un alivio para accionistas y gestores, antes de la venta en pedazos de la empresa. España y Andalucía quedaban como un plato secundario para todos los que habían sido responsables de la empresa y que optaron por una retirada discreta: Carlos Sebastián Gascón, hermano del ex ministro Miguel Sebastián (quien diseñó la política de primas a los campos solares que infló la burbuja), que fue reemplazado en 2012 por Ricardo Martínez Rico, ex secretario de Estado de Hacienda del PP y ex socio del futuro ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Todos compartían el amor a España y a la ciencia de Borrell, Susana, y los Borbones.