La corrupción es una carcoma que, históricamente, va deteriorando las democracias en todo el mundo. Hay muchos países en que cualquier contrato lleva aparejado un coste para sobornos, cohechos, mordidas, coimas… para cubrir el coste de las cantidades que hay que entregar al correspondiente policía, empleado, autoridad, partido o lo que sea, para poder conseguirlo y que de esa forma se facilite, a través de esa persona “sobre-cogedora”, el desarrollo de la adjudicación del contrato.

En España se ha convivido históricamente con la corrupción. En etapas anteriores no se consideraban cohecho los regalos que se hacía a personas de la administración, con las que habitualmente se tenía una relación continua. Eso ha cambiado notablemente y ahora se han puesto unos límites muy reducidos a los regalos. La Comisión Europea, hizo una guía de “regalos e invitaciones” para personal de las instituciones europeas, con varios tramos. Podrán aceptar regalos de menos de 50 euros, para los que tengan un valor entre 50 y 150 euros deberán pedir permiso y los que superen ese valor estarán prohibidos.

Es evidente que esa es la punta del iceberg. El gran problema está en las corruptelas que se dan en las grandes adjudicaciones de contratos de todo tipo y que han afectado a la mayoría de los partidos políticos. Basta entrar en internet para encontrar largas listas con los casos judiciales que tenemos en España y que han escandalizado a toda la población española. Se estiman los casos -los conocidos, claro- en unos 125.000M€

España ocupa el quinto lugar de percepción de país corrupto de la Unión Europea, según el Índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional

Ahora bien ¿Cómo podemos “pillar” a los corruptos con un sistema de vigilancia tuerto? Sí, porque está tuerta toda la columna vertebral de vigilancia de la honestidad de nuestra sociedad: está con la mitad de efectivos que serían imprescindibles.

Habitualmente se detecta la corrupción por vigilancia de las cuentas de las personas o entidades corruptas. O sea, la inspección de Hacienda. Pero es que el volumen de personas de la Agencia Tributaria (AEAT) es de unas 25.400 personas, es decir, que a cada persona de esa agencia le tocaría controlar a unas 1.850 personas, mientras que la media en Europa es de control sobre 1.145 personas. En España, cada persona responsable de la vigilancia y control de Hacienda, tiene que ocuparse de un 60% más de personas que en el resto de Europa. Claro que si lo comparamos con Alemania tendría que ocuparse de un 150% más de personas. No estamos convergiendo con Europa

Es evidente que las personas o entidades que están en los grandes delitos de corrupción cuentan con el asesoramiento de los mejores bufetes de fiscalistas, por lo que si no contamos gente suficiente, será muy difícil que se les descubra.

Bueno, pero dado que tenemos cada día en los medios casos de corrupción, está claro que a algunos sí se les “pilla”…

Entonces entramos en el terreno judicial. Todos somos conscientes de la lentitud de la justicia. Nos sorprende encontrarnos con que se juzga un caso de hace 8 o 10 o 12 años…, con todas las dificultades que tiene estar juzgando algo con 12 años de antigüedad. El recorrido de los expedientes, de las pruebas, de los testigos (que siempre ha muerto alguno-, etc… se convierte en misión casi imposible.

Pero es que la justicia también cuenta con la mitad de recursos. La media de los países europeos es de 21 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en España hay 12 jueces para 100.000 habitantes. Y lo mismo ocurre con los fiscales, que la media por 100.000 habitantes es de 11 en Europa y 5 en España.

¡Es imprescindible que se invierta en vigilancia de la honestidad!

En definitiva: o se adecuan los recursos, convergiendo con Europa, aumentando los recursos en la inspección fiscal, en la judicatura y en los fiscales, o seguiremos teniendo muy limitada nuestra capacidad de detectar la corrupción.

Y no queremos eso ¿o sí?