JOSÉ A. GLEZ. CASANOVA

El increíble caso del juez Garzón, alguacil alguacilado por tres bandas, hubiera dado pie a una de las mejores piezas del teatro esperpéntico de don Ramón María del Valle-Inclán. Según los diccionarios, un esperpento es una cosa mal hecha, una persona fea o ridícula, un disparate, y equivale a mamarracho o a birria. Como forma teatral, es la más adecuada para expresar el sentido trágico y, a la vez, grotesco de la realidad histórica de España. Para don Ramón, dicho sentido sólo podía expresarse con una “estética sistemáticamente deformada”, algo similar al guiñol, el teatro para muñecos, con sus títeres y marionetas. Su objeto preferido es la historia patria (guerras carlistas, coloniales, dictadura de Primo de Rivera…), los mitos hispanos tradicionales (el honor, el donjuanismo) y la pérdida o corrupción de los valores morales, con el encanallamiento progresivo de la sociedad española. Sus técnicas más usuales consisten en crear una sensación de caos y de irracionalidad en situaciones y conductas que hoy calificaríamos de surrealistas o kafkianas, y presentar ciertos comportamientos humanos como propios de fantoches o peleles. Cuando hace hablar a algún personaje público con lenguaje plebeyo, se burla del populismo demagogo de ciertos politicastros y de la zafiedad innata de una clase media encumbrada.

El ciudadano español, aun sin saber tal vez quién fue Valle-Inclán, ha tenido ocasiones sin cuento de asistir a esperpentos nacionales, protagonizados, sobre todo, por nuestra derecha castiza y rancia: desde el anecdotario personal de sus más conspicuos dirigentes hasta sus repetidas estrategias goebbelsianas (como la de acusar al adversario de comportarse igual de mal que ella). Por cierto, ese truco esperpéntico lo inventó Franco al fusilar por el delito de rebelión militar a los que por decencia democrática se opusieron a la que él encabezó. El ciudadano sensato no puede menos que reír (por no llorar) al leer las grotescas ocurrencias con las que la derecha, en su desfachatez, pretende capear su carencia de principios morales. Son todo un sarcasmo, es decir, una burla cruel (Garzón ha calificado así la maniobra que intenta acabar con su carrera), especialmente cuando hay víctimas indefensas, como ocurrió con el Prestige, el Yak-42 y el

11-M. El esperpento no decae con el serial Gürtel o, últimamente, con la defensa patriótica de la tauromaquia frente al separatismo catalán. Pero si lo que está en juego es el eje del Estado –es decir, la justicia y quien debe administrarla–, lo esperpéntico oculta, tras lo grotesco, lo trágico.

Es notoria la manipulación de las instituciones judiciales por la derecha. Cuando ha dominado el poder legislativo, ha ido situando sus peones en cargos que a su vez se encargaban de ir copando el poder judicial en todos sus niveles. Cuando una decisión política del rival le disgustaba, acudía a un juez amigo. Si un juez delinquía en favor del Gobierno derechista (caso Gómez de Liaño), se le indultaba, y en paz. Para nuestra derecha, el Estado de derecho consiste en perseguir judicialmente a quien pretenda, en nombre de la ley, que no queden impunes los actos ilegales cometidos por ella. En último término, se cambia la ley, si se tiene mayoría parlamentaria. Berlusconi también practica ese tipo de esperpento con una gran vis cómica. Y esto me trae a la memoria que, durante la existencia del Tribunal de Orden Público (TOP), dedicado a penar todo acto contra el Régimen, el Tribunal Supremo denegaba, casi por sistema, los recursos a sus condenas. En su libro Jueces y franquismo, el profesor Francisco Bastida analiza con detalle la ideología de unos magistrados ultraconservadores, más franquistas que Franco. Resultó vano el intento de que aceptaran la distinción entre delito contra el Estado y actividad contraria al Régimen, alegada por la defensa de los demócratas. Fue tan constante esa alegación, que al entonces ministro Fraga se le ocurrió una esperpéntica medida de cambio en el Código Penal. Sin mencionar el Régimen, se añadió, como delito contra el Estado, ir contra su forma política; o sea, el régimen franquista. El Tribunal Supremo pudo seguir condenando a futuros dirigentes políticos y sindicales de la democracia. El profesor Ignacio de Otto me justificaba su paso por el Consejo General del Poder Judicial como el medio para que “los jueces aprendieran de una vez que la Constitución les obliga como a todo el mundo”. Los enfrentamientos del Tribunal Supremo con el Tribunal Constitucional (TC) nacen de la percepción de que este es un tribunal superior al Supremo, cuando en realidad el TC no forma parte del poder judicial y el único ente superior a ambos tribunales es la Constitución.

No es nada extraño, pues, que el juez Garzón esté siendo acosado por tres bandas: la Falange, el Partido Popular y un grupo de magistrados del Tribunal Supremo. El régimen de Franco dejó en herencia, bajo los fundamentos del Estado de Derecho, una bomba de relojería con pinta de esperpento.

José A. Glez. Casanova es catedrático de Derecho Constitucional y escritor

Ilustración de Jordi Duró