JOSEP HUGUET BIOSCA

El Estado español reglamenta desde la desconfianza y con gastos públicos creciendo por encima del incremento del PIB a costa del déficit fiscal que arrastra Catalunya. La publicación de las balanzas fiscales por parte del Gobierno español (largamente reivindicada) fue sólo una demostración más de la situación de asfixia financiera que padecemos. Las deficiencias, consecuencia de la falta de inversión, nos han hecho saltar las costuras en varias ocasiones, como se ha visto con Cercanías de Renfe o con el apagón eléctrico de hace un año.

El Estatut del 30 de septiembre era el que convenía a Catalunya, y hubiera significado una larga estabilización de las relaciones con España. El texto recortado es aún visto como excesivo desde la tecnoestructura del Estado, y eso que es sólo un remiendo del original. Pero le tenemos que sacar el máximo provecho. El Gobierno, con el ministro Solbes a la cabeza, lo incumple pasando por encima de la fecha límite del 9 de agosto para acordar el nuevo sistema de financiación con el Govern catalán. Un nuevo modelo que necesitamos basar en la transparencia, la nivelación de los servicios básicos (salud, educación y servicios sociales) y la ordinalidad. O sea, que el Estado se niega a cumplir una ley plenamente vigente, aprobada en el Parlament, en el Congreso y en el Senado, y ratificada por el pueblo catalán en referéndum.

De hecho, el Estado vulnera continuamente el autogobierno catalán. Lo hace con siete estrategias: leyes de bases invasivas; subvenciones en materias que no son de su competencia; transposición de directivas europeas; aplicación de competencias supracomunitarias; títulos transversales del punto 149.1 de la Constitución; deslealtad institucional; y con la propia arquitectura constitucional. Las reglas de juego no están a nuestro favor, con una Constitución sesgada y un Tribunal Constitucional y otros organismos del Estado que siempre arbitran en la misma dirección. Tienen que cambiar las reglas de juego porque, si no, cualquier intento de reforma está condenada a un callejón sin salida.

Si continúa la asfixia financiera a que el Estado somete a la Generalitat, quizás nos tendríamos que plantear devolver competencias. Para llevar a cabo políticas sociales se necesita una financiación que las comunidades autónomas no tenemos, y esto es una trampa. El Gobierno español es irresponsable: tiene que poner dinero y no lo hace, y enfrenta a las comunidades, que son las que asumen el desgaste. Además, como el Estado tiene una caja sobrellena gracias, entre otras cosas, al déficit catalán, hace políticas que no son de su competencia o actuaciones electoralistas, como la de los 400 euros.

El sistema autonómico se ha revelado como ineficaz y, si se pretende que las comunidades sigan gestionando políticas sociales, es necesaria una reforma federal de la Constitución. Cuadrar el sudoku de la financiación pasa por el adelgazamiento del Estado. La administración estatal está sobredimensionada, así que debería ser capaz de minimizar su estructura central, con competencias residuales con el Estatut en la mano, suprimiendo ministerios y amortizando en el futuro plazas de funcionarios de los servicios centrales que se han quedado sin competencias. No lo digo yo, lo dicen los números. Un informe de Foment del Treball verifica que hay comunidades autónomas que padecen obesidad burocrática, mientras que Catalunya es la que tiene menos funcionarios por habitante. Las transferencias de competencias, según el mismo estudio, tendrían que haber aligerado el cuerpo estatal de funcionarios en más de 800.000 trabajadores, mientras que sólo lo han hecho en unos 300.000.

Los cambios estructurales son necesarios para conseguir un nuevo sistema de financiación y también para afrontar el cambio a un modelo socioeconómico basado en el conocimiento, la investigación y la innovación. Vivimos la primera gran crisis de la globalización, el fin del ciclo constructivo del Estado autonómico y del ciclo expansivo basado en la construcción, el incremento demográfico y el consumo. Las reformas deben afrontarse desde el reformismo y la unidad, también superando las propias debilidades. Pero el déficit económico no nos permite invertir en sectores estratégicos vitales. Con un modelo de financiación de mínimos, inaceptable, Catalunya debe hacerse escuchar y recordar el peso de los que representan la quinta parte de la riqueza y la ocupación del Estado español, la cuarta parte de la producción científica y el 40% de las patentes.

Los que estamos a favor del cambio tenemos que ir juntos, y apelar a las responsabilidades de todos y cada uno de nosotros. La lucha por la libertad personal y colectiva debe ser un catalizador para superar la dependencia y activar el patriotismo como responsabilidad económica y social. Debemos tener un horizonte y movilizar a todas las fuerzas creativas de Catalunya, como en momentos culminantes de eclosión del catalanismo y el modernismo y en los primeros años de la Transición. Ante el incumplimiento de la fecha límite del 9 de agosto para acordar un nuevo sistema de financiación, toca hacer las cosas bien y con consenso. Ante este reto, es necesario un reformismo fuerte y unidad para el cambio. En el ámbito catalán, la unidad tiene que ser aún más sólida que la demostrada a lo largo de toda la negociación. Catalunya también tiene que hacer frente común con otras comunidades que sufren déficit –Baleares y Valencia–. La receta, pues, es cambio y unidad. Por el bien de la democracia, la equidad y la res pública.

Josep Huguet Biosca es conseller de Innovación, Universidades y Empresa

Ilustración de Jaime Martínez