En España, las mujeres y las niñas con discapacidad sufren esterilizaciones y abortos forzados. Es decir: les operan sin su permiso para que no puedan ser madres. Según los datos recogidos por CERMI procedentes del Consejo General del Poder Judicial, en la última década se habría esterilizado a un millar de personas con discapacidad, una media de un centenar al año.

La esterilización forzosa es una intervención médica que limita de forma permanente la capacidad de reproducción de las personas, en su mayoría con una discapacidad psicosocial o intelectual, sin su conocimiento o autorización a instancias normalmente de las familias y tras un proceso de incapacitación judicial que les otorga la tutela legal de la persona en cuestión.

La esterilización, que se produce en mucho mayor grado entre niñas y mujeres, está regulada a través del artículo 156 del Código Penal, que prevé la posibilidad en el caso de personas "que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento" y lo circunscribe a "supuestos excepcionales en los que se produzca un grave conflicto de bienes jurídicos protegidos".

Aunque hay mucho oscurantismo sobre el tema, falta de datos oficiales y la negativa de las familias a aportar su testimonio, sí conocemos que de 2005 a 2015 se resolvieron en los juzgados un total de 1.017 expedientes de procedimientos relacionados con la esterilización, según la Estadística Judicial del CGPJ.

Esta vulneración de derechos humanos entra en conflicto con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que España ratificó en el año 2008. En su artículo 23, el tratado recoge los derechos que tienen las personas con discapacidad y, entre ellos, dice que no debe haber discriminación para formar una familia, contraer matrimonio, o la posibilidad de elegir de manera libre si quieren tener hijos.

Al mismo tiempo, el Convenio de Estambul de lucha contra la violencia de género, ratificado por España en 2014 también prevé la prohibición de esta práctica. El citado Convenio prohíbe expresamente las esterilizaciones, una práctica contraria a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que la ONU ha calificado como tortura “inaceptable y con consecuencias de por vida” además de una “violación generalizada de los derechos humanos”.

La esterilización constituye un delito, según la definición del Consejo de Europa sobre prevención contra la violencia contra las mujeres y doméstica, ya que se trata de intervenciones quirúrgicas que tienen como resultado poner fin a la capacidad de la mujer de reproducirse de modo natural sin su consentimiento previo e informado.

Ana Peláez, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres, relataba para la Revista Encuentro, que las esterilizaciones constituyen “un atentado contra su propia integridad personal como mujeres” y muchas, al verse sometidas a estos procedimientos no consentidos, “sienten que le han robado su identidad femenina”.

Las familias callan y las propias afectadas están silenciadas. Una de las historias anónimas habla de unos padres que dijeron a su hija que la iban a operar de apendicitis para después realizarle una ligadura de trompas. Otro de los casos sin nombre ni apellidos habla de una chica embarazada con discapacidad intelectual a la que la familia llevó a un centro de manera obligada y le aplicaron un óvulo para provocarle una interrupción del embarazo.

Esta práctica se enmascara de sobreprotección o cuidado hacia la mujer incapacitada y esterilizada, pero lo que realmente oculta son las conductas de quienes siguen usando el cuerpo de las mujeres, en algunos casos incluso llegando a la violación. Es decir, esta violencia suele venir después de otras violencias previas: tras una violación, abusos sexuales, abortos forzados o incestos. De lo que realmente estamos hablando es de un ejercicio de control sobre el cuerpo de las mujeres al poner en cuestión permanentemente derechos ya conquistados.

Se presupone que las mujeres con discapacidad no encajan en los modelos de maternidad establecidos por la sociedad. Se cree que no puedan ser buenas madres y además representan un modelo que no quiere que sea reproducido en la sociedad, ya que existe también esa idea falsa de que la “discapacidad” se multiplica.

Este tufo a paternalismo patriarcal es muy peligroso, porque ¿quién decide quién es apta para ser madre? Los recursos no deberían ir dirigidos a incapacitar o a esterilizar a las mujeres o niñas, sino a darles los apoyos y las herramientas necesarias para poder ser madres si lo desean y especialmente para respetar y poder decidir sobre sus cuerpos.

Por todo ello, nuestro país debe cumplir con lo exigido en materia de derechos humanos y es necesaria y urgente la derogación inmediata del artículo 156; y eliminar así la administración de esterilizaciones, tratamientos médicos e investigaciones a todas las personas con discapacidad sin el consentimiento libre y con conocimiento de la propia persona.