Al año existen unas 100 personas al año (en gran parte mujeres) a las que se esteriliza de manera forzada, es decir, sin su consentimiento. Esta práctica destruye la voluntad de las mujeres con discapacidad, la posibilidad de tomar decisiones respecto a su plan de vida y supone la cosificación del cuerpo, logrando un sometimiento pleno.

Existe una clara vulneración de derechos humanos en esta práctica, y son tipificadas como delito según el convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica).

Además, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU ha pedido a nuestro país en varias ocasiones derogar urgentemente las leyes que permiten la esterilización forzosa y aborto coercitivo.

Por su parte, el Ejecutivo anunció su decisión de crear una comisión de expertas y expertos con el objetivo de abordar la posible modificación del Código Penal. La comisión de la mujer de CERMI pidió en 2012 la derogación del artículo del Código Penal que permite esterilizar a personas incapacitadas. A día de hoy ese artículo sigue vigente y las esterilizaciones se siguen practicando.

Aunque no se cuentan con datos diferenciados por sexo, organizaciones de referencia con las que trabaja la FCM (Poner Fin a las esterilizaciones forzosas de Fundación Cermi Mujeres), afirman que las afectadas son fundamentalmente mujeres y niñas, con problemas de salud mental, con discapacidad intelectual o con otro tipo de discapacidad severa. El Comité de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en su Observación General al artículo 6, apunta que a las mujeres con discapacidad se les niega más su capacidad jurídica que a los hombres con discapacidad.

Y es esa incapacitación judicial previa es lo que lleva a la esterilización y otra pérdida de derechos (como el derecho a voto, hasta estas últimas elecciones). Se realiza bajo una supuesta “protección” de la persona a quien tutelar y en muchos casos ante un posible embarazo no deseado tras una violación. Sin embargo, vean lo peligroso de todo esto, ya que la esterilización no va en ningún caso a evitar agresiones sexuales, sino más bien a silenciarlas.

Además, para someterse a la esterilización es necesario prestar un consentimiento libre e informado, lo que, en el caso de las mujeres con discapacidad, sobre todo si es intelectual o psicosocial, puede resultar problemático por la falta de accesibilidad en muchos casos, según el informe ‘Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad España 2018’.

Todo esto está unido a la creencia de que las mujeres con discapacidad no pueden ser madres, ya que se presupone que las mujeres con discapacidad no encajan en los modelos de maternidad establecidos por la sociedad. A las personas con discapacidad se las considera “asexuadas” y son infantilizadas constantemente. Se encuentran con constantes trabas a la hora de tener libertad en sus derechos sexuales y reproductivos.

Por un lado se cree que no puedan ser buenas madres y además representan un modelo que no quiere que sea reproducido en la sociedad, ya que existe también esa falsa creencia de que la discapacidad se hereda y multiplica.

Y esto conecta a su vez con la idea de la discapacidad como carga, los cuidados como algo negativo y no como algo necesario de una sociedad de seres interdependientes. Se cree que las madres con discapacidad no podrán cuidar de sus hijos y serán sus abuelos quienes tendrán que hacerse cargo. Por ello, las redes de apoyo en las personas con diversidad funcional deberían ser cruciales a la hora de poder llevar a cabo un embarazo y posterior crianza. No es algo que sea exclusivo a las personas con discapacidad, sino extensible a toda la sociedad, en la que la precariedad nos impide a ser madres si no contamos con las ayudas necesarias.

Existe mucho tabú en torno a este tema, y es complicado conseguir que las mujeres hablen de ello. Algunas pueden no ser consciente de lo que les ha ocurrido, mientras otras tengan miedo a denunciar o cuestionar a su familia, que son quienes les “cuidan”. Pueden sentirse desamparadas, y de ahí la importancia de redes, afectos o apoyos amplios más allá de la familia “no elegida”.

Aunque en varias ocasiones he intentado contactar con familiares o mujeres esterilizadas, no ha sido posible. Las familias callan porque al fin y al cabo, han sido quienes han ordenado la incapacitación de sus hijas. Las hijas callan por miedo o vulnerabilidad; otras veces por falta de información, y es que algunas de ellas ni siquiera saben que se les ha esterilizado.