De Cicerón a Kant se ha repetido muchas veces aquello de “salus populi suprema lex esto”, es decir, “la salud pública es la suprema ley”, también traducido como “el bienestar del pueblo es la ley suprema”. Es precisamente hoy cuando tiene sentido recuperar este lema, es precisamente en momentos en los que no se sabe qué salvar -si la economía, la vida o la comunidad, o cuando se puede aducir, incluso, que son lo mismo-, cuando esta frase vuelve a resonar en artículos y comentarios, a veces citada sin saberse, a veces citada a sabiendas. Es en este momento en el que nos tenemos que preguntar qué supone para ese bienestar público, para esa salud pública, que el estudio en barracones se esté popularizando en la Comunidad de Madrid -esa Comunidad que, como dice el Partido Popular-, es la locomotora económica de España y uno de los centros neurálgicos de la cultura europea. ¿Qué ha tenido que pasar para que el Gobierno licite la compra de más de 100 barracones como aulas para el alumnado en pleno siglo XXI? ¿Es esto solo una respuesta a la pandemia que asola el mundo entero? ¿Cómo encajan los barracones en los planes generales de actuación educativa de la derecha española? ¿Cómo encajan los barracones en la realidad y en las dificultades estructurales que tiene la salud de la educación pública madrileña?

Antes de que comenzara el verano de 2020, con la primera ola del Covid-19 llegando a su fin, la oposición al Gobierno de Ayuso pedía una preparación seria y radical para la más que segura segunda ola anunciada por epidemiólogos y científicos de todo el mundo. Se les decía que era fundamental una reducción drástica de las ratios para garantizar la salud y seguridad de la comunidad educativa. La distancia entre pupitres, que este año es un problema de salud, llevaba años siendo un problema pedagógico estructural. En la Comunidad de Madrid, las ratios han ido empeorando en las últimas dos décadas coincidiendo con la estabilización del Gobierno del PP en las instituciones madrileñas. Este proceso ha coincidido con un auge de las opciones de carácter concertado y privado en la educación madrileña, siendo ya la primera comunidad autónoma que tiene mayor porcentaje de centros educativos ordinarios privados y concertados juntos (50,3%) que públicos (49,7%).

Pronto llegamos al asunto “barracones”, pero antes hay que añadir otra variable que dificulta y diferencia la realidad de los diferentes centros educativos. En los últimos años se popularizó en la Comunidad de Madrid la construcción por fases de los centros educativos. Así, según el Gobierno del Partido Popular, se podía acelerar el funcionamiento de centros que, teniendo una primera parte -una primera fase- terminada, podían ser utilizados mientras las siguientes partes -fases- eran construidas. Así se ha normalizado en la Comunidad de Madrid una realidad y una forma de vida educativa en la que el alumnado estudia en centros a medio terminar, sin las instalaciones necesarias para garantizar su derecho a una educación de calidad y que convive con obras que se extienden a lo largo de años. Durante años la Comunidad de Madrid redujo la inversión en infraestructuras educativas, retraso la construcción de centros educativos, con lo que limitó la oferta de plazas públicas en la región.

¿Qué hace la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, cuando, después del verano, se evidencia que la segunda ola va a poner al límite el sistema sanitario y educativo de la Comunidad de Madrid? Pues bien, a mediados de octubre aparecen en el portal de transparencia cuatro contratos por más de 13 millones de euros para levantar 190 aulas prefabricadas en 41 centros públicos (y casi otros dos millones más para su instalación) y afrontar así el invierno. Esa era su solución para las ratios y la única inversión verdadera para la infraestructuras educativas. Muchos de esos barracones no llegarán, según parece, hasta finales de año, y muchos de ellos se instalarán contra la voluntad de las familias, que no quieren matricular a sus hijos e hijas en colegios con barracones. Esto está generando todo tipo de movimientos y dudas en las AMPAS, sindicatos y equipos directivos que, por un lado, ven una solución de coyuntura al problema estructural de ratios y, por otro, temen el carácter permanente de estas soluciones presuntamente coyunturales. Muchos de estos barracones son de instalación pseudopermanente, conllevan una licitación y una obra importante de adaptación de los espacios educativos.

Así que casi 7 meses después de la pandemia, la Comunidad de Madrid resuelve que la mejor solución es instalar barracones. Uno podría aducir -como aduce el Gobierno- que esta era la única solución rápida posible para dar cabida ahí donde falta espacio ya sea porque falta un centro o porque faltan fases o partes del centro por terminar. El problema es que la Comunidad de Madrid nos ha dado un ejemplo:

El Gobierno de la Comunidad puede tener construido un hospital de pandemias en solo 3 meses y en cambio pueden tener un instituto construyéndose por fases durante 4 años. Así que ahora, cuatro meses después de que toda la comunidad educativa advirtiera que había que prepararse de verdad para el invierno, ofrecen barracones en lugar de institutos. Pero qué pasa, ¿Es más difícil construir un instituto que su hospital de pandemias? ¿Por qué han tenido tantísimos institutos construyéndose por fases cuando la Comunidad podía levantar un hospital faraónico de pandemias en apenas tres meses?

La Comunidad educativa está preocupada porque teme la tentación de la Comunidad para sustituir el medio plazo de esos institutos que tienen que ser terminados por barracones. ¿Piensa desinstalar el Gobierno del Partido Popular y Ciudadanos los barracones y sustituirlos por las fases que hay que terminar de esos centros? Desde luego no han sido claros al respecto, y a ello no ayuda la compra de barracones de carácter permanente.

Veamos algunos ejemplos:

• El Instituto Jane Godall necesita su segunda fase para septiembre de 2021, para lo cual tendría que comenzar ya su licitación. En cambio les van a instalar barracones por valor de casi un millón de euros donde tendría que ir el gimnasio y quitando parte del espacio de los recreos. 1 millón de euros que no irá a terminar las fases correspondientes del instituto.

• El CEIP Héroes 2 de mayo en Colmenar Viejo tiene pendiente la 3ª fase de su centro educativo que anunciaron que se empezaría a construir en 2020 para estar finalizada en septiembre de 2021 pero, en vez de hacer eso, la Consejería de Educación ha decidido instalar 4 aulas prefabricadas.

• El Instituto Simone Veil de Paracuellos del Jarama tiene abierta una licitación del proyecto de 20 aulas desde enero de 2020. A fecha de hoy ni se ha adjudicado ni licitadas las obras. Pero en cambio les van a instalar 12 aulas prefabricadas.

• El instituto prometido en Parla sigue sin construirse. En vez de ocuparse de ello la Consejería de Educación va a instalar 8 aulas prefabricadas en el CEIP Teresa de Calculta para que los estudiantes que salieron de allí el curso pasado estudien allí.

• El CEIP Tempranales de San Sebastián de los Reyes tiene pendiente la última fase y ampliación del centro educativo y van a instalarles 12 aulas prefabricadas.

Estos son algunos de los múltiples ejemplos que se pueden encontrar en los chats de las ampas y en sus redes sociales. La Comunidad, mientras tanto, limita cada vez más su comunicación con la comunidad educativa.

El Gobierno debe a la ciudadanía preocupada por la educación de sus hijos algo más que centros a medio construir durante años. Debe a la ciudadanía algo más que barracones, toda vez que demuestran que, cuando quieren un hospital de pandemias -cuya utilidad está por probar más allá de ser un excelente plató de televisión- son capaces de construirlo en tres meses. No podemos levantar las pirámides de Egipto en un año y decir al pueblo egipcio que los centros de salud necesitarán, en cambio, cinco años. Lo que parece, entonces, es que Madrid nunca quiso solucionar el problema de las ratios, que nunca les importó especialmente que el estudiantado tuviera que recibir clases en aularios saturados. Lo que parece, entonces, es que el Gobierno del Partido Popular ha querido, sistemáticamente, mermar la calidad de la enseñanza pública para que la gente, desesperada al ver empeorar la educación de los hijos, elija la educación privada.

Hace falta invertir en educación pública desde ya, hace falta reducir las ratios de una manera definitiva, más allá de los barracones, hace falta hacerlo con urgencia, con la misma urgencia con la que han levantado un hospital. Hay que hacerlo antes de que sea demasiado tarde, porque sabemos desde hace mucho que la educación es mejor con las ratios bajas; es un hecho compartido por la pedagogía conservadora y progresista desde que la pedagogía es pedagogía. El carácter privilegiado del mantenimiento de un diálogo entre el profesorado y su alumnado no es una novedad o una ocurrencia y se puede localizar ya en la preeminencia de la conversación, siempre entre pocos, presente ya en los diálogos de Platón. La denuncia, por tanto, “platónica”, del elevado número de alumnos y alumnas en las aulas madrileñas, no es nada platónica y tiene entonces siglos de antecedentes. Solo hay que trabajar en lo de siempre; extender la libertad y las condiciones de acceso a la misma; solo así podremos hablar, como Cicerón, como Kant, de la salud, del bienestar, como suprema ley del pueblo.