Sergi Cutillas

Investigador de Ekona y miembro de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda

Steven Forti

Investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidade Nova de Lisboa

Europa se encuentra en una encrucijada de difícil salida. Nos guste más o menos, esta es una triste realidad desde que la crisis golpeó duramente el Viejo Continente y especialmente los países del sur (Grecia, Chipre, Italia, España y Portugal). El Brexit podría haber abierto una nueva etapa en que las instituciones comunitarias cogieran finalmente el toro por los cuernos, pero las palabras de los primeros días tras la inesperada victoria del Leave en el Reino Unido no se han convertido en hechos. Tampoco parece que se vayan a convertir en medidas concretas en los próximos meses. En la cumbre de Bratislava del pasado mes de septiembre los 27 países de la Unión Europea (UE) no consiguieron ponerse de acuerdo prácticamente en nada, en un momento en que lo que la única manera de atajar la crisis hubiera sido tomar decisiones de calado y mostrar voluntad de reforzar la solidaridad entre estados miembros.

Además, aunque los bajos precios del petróleo y a las políticas monetarias heterodoxas del Banco Central Europeo (BCE), defendidas repetidamente por el presidente de la institución, Mario Draghi, deberían facilitar una cierta reactivación económica, los países de la zona euro continúan creciendo a tasas inferiores respecto a los años anteriores a la crisis y en muchos casos, más allá de algunas excepciones, a tasas inferiores que el resto de estados europeos no pertenecientes al euro. El endeudamiento público de los países de la zona euro, y especialmente los del sur del continente, se sitúa en máximos históricos, a pesar de las medidas de austeridad fiscal. Las medidas de austeridad y los planes de ajuste que se han impuesto en estos países para asegurar el pago de la deuda han generado una situación de estancamiento y deflación que ha disparado las tasas de desempleo, la desigualdad económica, así como el porcentaje de población que se sitúa bajo el umbral de la pobreza. El sistema monetario del euro ha hecho además que la crisis sea aún más acuciante, a diferencia de otras regiones económicas con una fiscalidad y un sistema monetario integrados.

Grecia, entre la espada y la pared

Destacan en este sentido los estados de la periferia europea, en especial Grecia, que ha sido sometida a tres programas de ajuste económico de la llamada troika, formada por la Comisión Europea (CE), el BCE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), y ha visto cómo su deuda aumentaba en siete años desde el 126% hasta el 177% sobre el PIB. El último y más duro de estos programas, implementado a partir de mediados de 2015 se aplica bajo el mandato de Syriza, partido autodenominado de izquierda radical, cuyo primer gobierno liderado por Alexis Tsipras y Yannis Varoufakis pretendió cambiar Europa primero para poder cambiar Grecia después, fracasando en el intento. Grecia de nuevo ve como en la actualidad la troika, que desde 2015 ha pasado a denominarse “las instituciones”, se resiste al desembolso de uno de los tramos del préstamo, dado que, según argumenta el gobierno, no cumple con los requisitos del programa. La troika además, dirigida por el gobierno alemán se niega a iniciar discusiones sobre la necesaria reducción de la deuda griega, razón que ha hecho que el FMI haya confirmado que no formará parte del tercer programa. La situación griega no está resuelta por lo que una nueva crisis puede desencadenarse pronto.

Mientras tanto Syriza ha celebrado su congreso donde Tsipras, electo nuevamente con el 92,3% de los votos, ha reforzado su liderazgo y parece haber evitado nuevas fracturas internas y abandonos, como los del verano pasado. Sin embargo, el partido de la izquierda radical helena, apoyado por la formación conservadora de los Griegos Independientes, mantiene en el Parlamento de Atenas una frágil mayoría, que podría resquebrajarse en los próximos meses si se aprueban nuevos recortes o la controvertida reforma laboral. La negativa de un puñado de diputados significaría la posible caída del ejecutivo y la convocatoria de nuevas elecciones donde Syriza, según los sondeos, difícilmente conseguiría ser la primera fuerza. A principios de mes, entre las protestas de los sindicatos y de los jubilados, a raíz de los nuevos recortes en las pensiones, el ministro del Trabajo griego, Yorgos Katrúgalos, admitió que se había “aceptado un programa neoliberal” aunque eso no significaba que se hubieran transformado en neoliberales. Es evidente que Syriza se encuentra entre la espada y la pared y que los márgenes de maniobra son casi inexistente para el ejecutivo heleno. Prueba de ello han sido las muchas privatizaciones a través de la creación de un “super fondo” para facilitar la venta de los servicios públicos y propiedades del Estado, desde puertos, aeropuertos, la red de ferrocarriles, bancos, hasta islas y tramos de la costa griega.

Italia, la incógnita del referéndum

El resto de países de la periferia europea no están mucho mejor. A finales de 2016, Italia tiene una deuda pública del 135,4% sobre el PIB. El Belpaese, estancado económicamente desde hace una década, se enfrenta a una situación de doble crisis. Por un lado, su sistema bancario se encuentra en condiciones precarias y podría necesitar ayudas públicas, con el caso del Monte dei Paschi de Siena, el banco más antiguo del mundo, en una situación extremadamente crítica. Por otro lado, la situación política está que arde. El 4 de diciembre se llevará a cabo un referéndum sobre la reforma de la constitución italiana impulsada por el Gobierno de Matteo Renzi. La situación es aún extremadamente incierta: los sondeos otorgan de momento una victoria para el “no” en el referéndum, pero falta todavía más de un mes y la propaganda desplegada por Renzi es abrumadora. El joven primer ministro italiano, que ha transformado la consulta en un referéndum sobre su persona, ha conseguido el apoyo a la reforma de la constitución de la mayoría de los jefes de Estado europeos y, recientemente, también del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una reunión celebrada en Washington.

La victoria del heterogéneo frente del “no”, que va desde el Movimiento 5 Estrellas a la Liga Norte, pasando por el decadente berlusconismo, lo que queda de la izquierda y hasta sectores del mismo Partido Democrático (PD), capitaneados por el ex presidente del Consejo Massimo D’Alema, podría obligar Renzi a dimitir. Si esto sucediera nadie sabe qué puede acontecer en Italia en los próximos meses. La victoria del “sí” permitiría en cambio a Renzi llegar hasta el final de la legislatura, en 2018, o bien convocar unas elecciones anticipadas con el objetivo de conseguir una amplía mayoría, que sería facilitada además por la nueva ley electoral que, asociada a la reforma de la constitución, transformaría Italia en un país con una sola Cámara y con un ejecutivo fuerte. El resultado del referéndum resulta, pues, crucial para el futuro de Italia, pero también para el de Europa.

Portugal, luz y sombras

Portugal, con una deuda pública que ronda el 129%, se encuentra también en una situación precaria, aunque menos problemática que la de Grecia o Italia. El tipo de interés de su deuda ha subido en los últimos meses, por la incertidumbre de la decisión de la agencia de calificación de riesgo canadiense DBRS que se conoció el pasado viernes 21 de octubre. DBRS era la única de las cuatro grandes agencias de calificación que aún mantenía la calificación del bono portugués por encima de la de high yield -popularmente bono basura-. Si DBRS hubiera rebajado la calificación, la deuda pública portuguesa habría dejado de ser elegible para el programa de compra de bonos del BCE, lo que podría haber llevado al país a una nueva situación de riesgo de quiebra y a un nuevo rescate de la troika. Finalmente DBRS decidió no modificar la calificación del bono portugués, por lo que su gobierno obtendrá de los mercados unos meses de margen.

Parte del problema de solvencia proviene del sistema bancario, el cual no vive uno de sus mejores momento. En los próximos meses se deberá encarar el agujero negro abierto hace dos años por el Banco Espíritu Santo (BES) –rescatado en 2014 con 4.900 millones de euros– con la necesidad de la complicada venta del Novo Banco –una entidad que se quedó con los activos del BES–, la difícil gestión de la OPA de Caixabank sobre el 100% del Banco Português de Investimento (BPI) y los posibles problemas del mayor banco público luso, la Caixa Geral de Depositos (CGD), tras una inyección de capital de 4.600 millones de euros para evitar su quiebra.

Sin embargo, la situación política portuguesa es, por otros lados, una de las menos problemáticas en el sur de Europa. El gobierno socialista presidido por António Costa, apoyado por el Bloque de Esquerda (BE) y el Partido Comunista Português (PCP), sigue unido desde su elección en noviembre de 2015 y, aunque haya ciertas tensiones, no faltan el diálogo y la capacidad de llegar a compromisos. Un diálogo que se ha mantenido constante también con las instituciones europeas y que ha permitido a Costa aprobar unos presupuestos expansivos, tanto los de 2016 como los de 2017, que deben obtener ahora el visto bueno de Bruselas. De hecho, según Eurosondagem, la ciudadanía se muestra mayoritariamente satisfecha con el gobierno y hasta los sindicatos se han manifestado en más de una ocasión a favor de las medidas aplicadas por el ejecutivo que ha conseguido revertir parte de los recortes impuestos en la precedente legislatura por el gobierno de derechas de Passos-Coelho.

España, un bloqueo interminable

España por su parte supera ya el 100% sobre el PIB, un nivel que no sobrepasaba desde 1909. Su crecimiento por encima de la media europea en los últimos dos años (3,2% en 2015 y 3,1% previsto para 2016) solo puede ser atribuido al déficit público que supera la media europea en la misma proporción, además de los bajos precios del petróleo, de que España es una gran importadora, el quantitative easing del BCE y el crecimiento del turismo, gracias a la inseguridad de otras metas mediterráneas, como Egipto, Túnez y Turquía.

El gobierno español se ha estado beneficiando en los dos últimos años del favoritismo del que goza con la troika, lo que le ha permitido frenar la reducción del déficit en el 2015 para encarar así favorablemente las elecciones del diciembre del mismo año. Desde entonces, como bien se sabe, el país se encuentra sin gobierno y las medidas de consolidación fiscal están paradas. Parece probable que antes de finales de mes Rajoy sea investido presidente, gracias a la abstención del PSOE, y que un PP en minoría en el Congreso dirija el país en los próximos años. A partir de ese momento es probable que la exigencia de reformas pro-mercado y de recortes del sector público de la troika vuelva al primer plano, para intentar compensar los dos años pérdidos. Las cifras que han circulado van de los 5.000 a los 10.000 millones de euros de posibles recortes para 2017. Sin embargo, el escenario que se presenta es altamente inestable, dado que el gobierno necesitaría no solo a Ciudadanos, sino también a PSOE u otros grupos como el Partit Demòcrata Europeu Català (PDECAT), es decir la antigua Convergència Democrática de Catalunya (CDC), con los que tiene conflictos abiertos que hacen difícil entrever que haya entendimiento. Así pues, la legislatura, en que las Cortes ganarán protagonismo, podría ser breve y el país podría volver a las urnas en menos de dos años.

Europa vive la crisis más honda de su historia. Los próximos meses serán cruciales para determinar el rumbo que tomarán las cosas. La posible inestabilidad en los países del sur del Viejo Continente podrá echar aún más leña al fuego: el momento álgido será el referéndum italiano del próximo 4 de diciembre, que, no por casualidad, se celebra el mismo día de la repetición de las elecciones presidenciales austríacas, en que no es para nada descabellada la victoria del candidato de la extrema derecha, Norbert Hofer. Si a esto le añadimos las elecciones francesas y alemanas de la primavera y el otoño de 2017, donde el Front National y Alternative für Deutschland, respectivamente, pueden conseguir resultados espectaculares, podemos entender como la situación es potencialmente explosiva. A esto añádese, para más inri, la situación en que se encuentran países como Polonia y Hungría, gobernados por partidos que abanderan un populismo xenófobo y anti-europeísta, las consecuencias del Brexit –a finales de marzo Theresa May activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa para salir de la UE– y la crisis de los refugiados, a la cual no se ha querido nunca dar una respuesta. Europa, lo decimos con realismo y no para crear alarmismo, está al borde del abismo.