Augusto Klappenbach

Filósofo y escritor

Cuando terminó la segunda guerra mundial, que provocó un enfrentamiento entre los países de Europa con un coste de vidas y bienes que destrozó el viejo continente, algunos dirigentes europeos —como Adenauer, Churchill, De Gasperi—, pensaron que era el momento de buscar nuevas bases de entendimiento entre las naciones europeas. Y para ello prefirieron comenzar por el comercio: en los años cincuenta se funda la Comunidad Europea del Carbón y del Acero entre unos pocos países, que fue el embrión de los acuerdos más ambiciosos que habrían de seguirle, como el Tratado de Roma que consagra la Comunidad Económica Europea o Mercado Común, antecedente inmediato de la actual Unión Europea, veintisiete naciones que comparten una amplia legislación común y muchas de ellas la misma moneda.

Cuando los tratados comerciales iniciales maduraron hacia la actual unión política, muchos pensamos —ingenuamente— que esto inauguraba un modelo único en el mundo por su amplitud y contenidos, que podía dar lugar a una Europa confederal que terminara una vez con rivalidades etnocéntricas y guerras fratricidas y generara una mayor igualdad social entre los países. Nos equivocamos, como siempre: el carácter comercial del los orígenes de la Unión ha vuelto a imponerse sobre las decisiones políticas. O mejor dicho: las decisiones políticas han adoptado como modelo los intereses comerciales, subordinando a ellos los objetivos políticos de la Unión.

Pero con una diferencia con el pasado: si en los comienzos los tratados comerciales se referían a la economía real, ocupándose de bienes tan concretos como el carbón y el acero, en la actualidad el protagonismo ha pasado a abstractas transacciones financieras gestionadas por especuladores cuyo anonimato los convierte en invulnerables frente a cualquier legislación y cuyo poder llega a poner y quitar gobiernos y modificar constituciones, como ha sucedido en nuestro país. Pero lo realmente grave de esta situación consiste en la sumisión del poder político frente a estos intereses. Los bancos alemanes y otras entidades financieras, que han tenido buena parte de responsabilidad en la crisis, han conseguido que el gobierno de Alemania —entre otros— represente sus intereses ante la Unión Europea, haciendo cierta la afirmación de Marx, que consideraba al Estado como representante político de los intereses del capital.

Esta defensa de la Sra. Merkel y sus aliados de los intereses de la banca no sería excesivamente preocupante si no fuera porque la legislación de la Unión Europea les concede suficiente poder para imponer sus decisiones a los demás países, y sobre todo para bloquear políticas que hagan posible el crecimiento que necesitan las naciones más débiles. Resulta sintomático el hecho de que Grecia, el país del que ha surgido la cultura europea, esté al borde de la ruina. Está dentro de la lógica del sistema capitalista que los mercados financieros tengan miras cortas: a un acreedor lo único que le interesa es que los deudores dispongan de fondos suficientes para saldar sus deudas en los plazos estipulados. Sería impensable que un especulador se preocupara por el crecimiento sostenible a largo plazo, el problema del paro, la sanidad, la educación o la política científica. Pero que la jefa de gobierno de la nación más poderosa de Europa se convierta en intérprete de los intereses financieros de sus bancos y sea capaz de bloquear el crecimiento de muchos países para salvar las ganancias de una economía improductiva a costa del bienestar de millones de ciudadanos, constituye un hecho que pone en cuestión el mismo concepto de la Unión. Sus declaraciones, afirmando que “no habrá eurobonos mientras yo viva”, se parecen más a una frase pronunciada por un monarca absoluto que por uno de los veintisiete gobernantes de la Unión.

El problema de fondo radica en la alternativa entre política y economía. Aristóteles decía que la finalidad de la política —inseparable de la ética— se orientaba a “vivir bien” otorgándole por ello un papel privilegiado entre las ciencias. La economía forma parte, sin duda, de este bien vivir, en cuanto es la que regula, según su etimología, “el gobierno de la casa”. Pero para cumplir su función debe estar subordinada al bienestar general que busca la política. Y supongo que nadie en su sano juicio puede pensar que la gestión actual de la actividad financiera tiene como finalidad asegurar el “vivir bien” de la mayoría de los ciudadanos: los intereses de esos mercados afectan a un contado número de personas, cuyo poder y riqueza ha ido aumentando a medida que una economía abstracta, que solo maneja símbolos, ha desplazado el intercambio de bienes y servicios que constituía su función original. La política ha acompañado este desplazamiento, aceptando la prioridad de las finanzas por encima de los intereses concretos de los ciudadanos: si es necesario estos deben hacer sacrificios para que cuadren las cuentas de un reducido número de especuladores.

Esta pérdida de protagonismo de la política ha sido gestionada por una clase dirigente de vuelo bajo, preocupada por su futuro inmediato e incapaz de pensar en un proyecto a largo plazo para Europa y mucho menos para el mundo. Basta recordar nombres como Churchill, Adenauer, De Gasperi u Olof Palme para advertir el vacío de talento que predomina hoy entre los dirigentes europeos. Un vacío que hasta admitió a un personaje como Berlusconi al frente de una de las naciones más importantes de esta pobre Europa. Es evidente que la grandeza de esos antiguos políticos no constituye por sí misma una garantía de acierto en sus decisiones, pero también es evidente que la mediocridad actual es casi una garantía de fracaso.

Se repite hasta la saciedad que los problemas de Europa solo se pueden solucionar con “más Europa”. Sin duda es verdad. Pero para que esta solución sea eficaz es necesaria una profunda revisión de la legislación europea, para que sea capaz de dirigir la gestión de las finanzas y no se limite a complacer a los mercados para ganarse su confianza. No faltan propuestas concretas de razonables economistas en este sentido: la creación de una potente banca pública, los impuestos a las transacciones financieras, una agencia de riesgos europea, la lucha contra los paraísos fiscales, el control de la evasión impositiva, la emisión controlada de eurobonos. Algunas de ellas discutibles y difíciles de aplicar, sin duda, pero que indicarían que la política no está dispuesta a ser esclava de la economía, y mucho menos de la economía financiera actual.

¿Qué significa en la actualidad el mantra de “más Europa”? ¿Seguir cediendo competencias nacionales, como la política fiscal, a los intereses de los bancos y gestores financieros para que sus inversores vuelvan a confiar en nosotros? Nada sería más deseable que una Europa unida, a la cual los países que la integran pudieran ceder sus competencias nacionales en la seguridad de que los objetivos políticos comunes tienen prioridad sobre los intereses de algunos especuladores. Y que desapareciera el derecho de los países más poderosos económicamente a imponer sus decisiones al resto. Aunque nada justifica actualmente este optimismo, creo que merece la pena seguir intentándolo.