Lluís Rabell

Vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Vecinas y Vecinos de Barcelona (FAVB)

Entre incredulidad y confusión, la polémica acerca del macro-proyecto del magnate Sheldon Adelson va abriéndose paso entre la ciudadanía. La opinión pública todavía está lejos de captar la extrema nocividad que, para la justicia social y medioambiental, representa la propuesta de Eurovegas. El gobierno autonómico, junto a poderosos grupos de presión mediáticos y empresariales, hacen gala de servilismo y demagogia. Servilismo hacia el –supuesto– maná inversor americano; demagogia hacia una ciudadanía traumatizada por el desempleo, blandiendo la promesa de miles y miles de puestos de trabajo.

En realidad, ni lo uno, ni lo otro. Lo que resulta indiscutible –y que nadie se atreve a negar– es que, si Eurovegas acaba recalando en el Delta del Llobregat, su construcción arrasará una comarca excepcionalmente fértil y un acuífero estratégico para la conurbación barcelonesa. Con ello, habría razones más que suficientes para que un gobierno democrático, responsable del patrimonio del país, vetase tajantemente el proyecto. Pero sus consecuencias van mucho más allá, y tal vez eso ayude a entender la actitud entreguista de nuestras elites económicas y la casta política afín.

En realidad, Eurovegas conecta con una vieja ensoñación de la burguesía barcelonesa: un modelo de ciudad liberal esbozado en los años del desarrollismo tardo-franquista, adaptado durante los años “olímpicos” a los parámetros de la globalización, y hoy reformulado en el contexto de la crisis. Es lo que se ha dado en llamar “la ciudad Copacabana”: una urbe post-industrial, orientada hacia la promoción del ocio, el turismo y los negocios, con un frente marítimo emblemático y lujoso, y una trama monumental atractiva para los visitantes. En su época, ese espejismo se conoció como “el Plan de la Ribera”. La crisis de los años setenta, así como las fuertes demandas vecinales que marcaron el fin de la dictadura, contrariaron su realización. Sin embargo, la sombra del “Plan” siguió flotando sobre las realizaciones de los ayuntamientos democráticos. La propia transformación del 92, bajo el impulso de Pasqual Maragall, con la construcción de la Villa Olímpica o el puerto deportivo, se inscribía plenamente en esa lógica.

Hoy, en plena debacle de la economía del tocho, el viejo fantasma vuelve a recorrer el litoral barcelonés. La ciudad no es sólo un ámbito de acumulación capitalista, sino que deviene ella misma mercancía. La parte central del puerto está hoy en plena fase de privatización, destinado a convertirse en un amarre exclusivo de yates. El alcalde Trias no deja de insistir en su idea de levantar un nuevo barrio residencial al pié de Montjuïc. Al tiempo que decrece la actividad productiva, la apuesta por una oferta turística masiva se convierte en el único horizonte económico que vislumbran las autoridades. La ciudad se convierte progresivamente en vitrina y en parque temático. Paralelamente, las restricciones presupuestarias paralizan la realización de equipamientos, se degradan los servicios públicos, crecen las desigualdades sociales – la distancia entre Distritos, por cuanto a esperanza de vida se refiere, se mide ya en años… La crisis y las políticas de austeridad minan la cohesión de la ciudad y la desvertebran. Finalmente, esa deriva neoliberal conlleva una gestión cada vez más restrictiva de la ocupación del espacio público, criminalizando disidencias y tratando como problemas de “civismo” manifestaciones de miseria social, como la pobreza o la prostitución.

Levantar una nueva Meca del juego a las puertas de Barcelona no sólo se sitúa en esa perspectiva regresiva, sino que aparece como un motor de arrastre de la economía especulativa. Un proyecto en las antípodas de la ciudad justa y solidaria que, históricamente, han defendido el sindicalismo y el asociacionismo vecinal de Barcelona, y hoy reivindican movimientos como el 15-M. La opacidad de las negociaciones en curso constituye en sí misma un insulto a la ciudadanía, una rotunda negación de la democracia participativa. Las exigencias formuladas por “Las Vegas Sands” van en el sentido de obtener de las autoridades un auténtico territorio de excepcionalidad jurídica donde no rijan las normativas medioambientales, de derechos laborales, de contratación de mano de obra extranjera, fiscales, de salud pública o de urbanismo actualmente en vigor. Sin contar con las costosas infraestructuras, a cargo del erario público, destinadas a facilitar los accesos al complejo de casinos, hoteles, franquicias y campos de golf proyectados.

¿Semejante desastre a cambio de “puestos de trabajo”? ¿Cuántos, por cuánto tiempo, de qué y en qué condiciones? ¿Habrá que recordar a algunos vendedores de elixir que Nevada encabeza el ranking del paro en Estados Unidos? Actualmente, en la zona fronteriza de la Junquera, que cuenta con el mayor prostíbulo de Europa, son las mafias proxenetas quienes hacen reinar su particular “orden social”. ¿Qué impacto no tendría en el crecimiento de las industrias del sexo y la explotación de las mujeres la realización de Eurovegas? Y, en fin, las conocidas aventuras asiáticas de Adelson, ¿no deberían acaso encender todas las alarmas? Las famosas “inversiones” pueden perfectamente materializarse a través de préstamos bancarios a la compañía que levanta el complejo en cuestión… avalados por el gobierno del país que “se beneficia” del proyecto. Si el invento sale mal, Adelson se va… y nos quedamos sin Delta y con deudas.

¡Basta ya de burbujas! Frente a la economía de casino y sus estragos, hay que reivindicar una ciudad democrática y aliada de su entorno natural. Semejantes proyectos depredadores nos recuerdan que, nunca como hoy, los derechos sociales, los avances en la igualdad de género y la justicia medioambiental han estado tan profundamente imbricados. Y, desde luego, como se grita en las protestas: “Eurovegas, ni aquí, ni en ninguna parte”. Un saludo fraternal al movimiento vecinal madrileño con quien compartimos, una vez más, anhelos y lucha por el futuro.