En mi corta labor asociativa, he tenido el placer de conocer a grandes luchadores con historias tristes que deberían haber conmocionado a nuestros 'compañeros' del Cuerpo Jurídico, pero no es así; casualmente el Cuerpo Jurídico Militar no se pone del lado del débil,sino del lado del corporativismo, del "ilustre apellido" o del Ministerio de Defensa, aun siendo ellos en muchos casos el origen de ciertas injusticias.

Son muchísimos casos los que me vienen a la memoria, pero hablaré brevemente de los que conozco, procurando ser siempre fiel a las pruebas que yo mismo he visto y no sólo a las versiones escuchadas.

El cabo Marcos Soto, firmante de un manifiesto antifranquista en el que expresa su sentimiento y deseo de mantener viva la democracia y la Constitución Española, ha sido expedientado varias veces con falta grave por expresar unos ideales como cualquier español de a pie puede hacer partiendo de la libertad de expresión y sin ofender en ningún momento a las Fuerzas Armada. Mientras, oficiales y generales firman manifiestos exaltando la figura del dictador Francisco Franco, y no sólo no han recibido señal alguna de sanción, sino que algunos son "fichajes" de ciertos partidos políticos.

El teniente de infantería de Marina José Manuel Candón Ballestero, especialista en desactivación de explosivos, sigue sin obtener resultado alguno de sus peticiones ocho años después de la tragedia donde perdió a cinco compañeros suyos y él mismo quedó con graves secuelas. Ha presentando pruebas e informes de peritos de la Guardia Civil, del Ejército de Tierra y particulares de reconocido prestigio que demuestran que las minas contra-carro que aquel día estallaron se encontraban en 'Estado 40'. Es decir, clasificados inútiles y con expediente abierto para desmilitarizar. Todos estos explosivos se entregados bajo la firma de un general y con el beneplácito del polvorín de El Viso, dicho sea de paso.

El capitán Pedro Palazuelos contó contaba en la cadena pública vasca ETB cómo después de 30 años de servicio a las Fuerzas Armadas todo se vuelve en su contra tras denunciar casos de corrupción en el acuartelamiento de Soietxe; allí, las empresas privadas campan a sus anchas, y los que firman esos contratos —y presuntamente engordan facturas— salen impunes una vez más. Estas "irregularidades" iban desde los procedimientos de contratación a los consumos de combustible, pasando por la contrata del bar de mandos, los servicios en el acuartelamiento, e incluso a sabotajes de instalaciones por parte de personal de mantenimiento. Todas estas irregularidades podrían haber salpicado al jefe de Unidad. Pero al final se saldó con un capitán expulsado del Ejercito por "inadaptación a la unidad", y los sospechosos corruptos condecorados o ascendidos en la mayoría de los casos.

El teniente Luis Gonzalo Segura se limitó a denunciar la corrupción dentro de las Fuerzas Armadas. Debería haber sido condecorado por sus denuncias pero, al contrario, fue expulsado del Ejercito para no ensuciar los "apellidos ilustres" que, además, no han recibido castigo alguno. Hoy tiene que buscarse la vida como puede sin cesar en su empeño de continuar denunciando las tropelías que muchos de nosotros no hemos tenido el valor de denunciar, pero que poco a poco van saliendo a luz.

El paracaidista Alejandro Clemente, nuestro luchador, se encuentra en una cama ortopédica y alimentado por un tubo de plástico directo al estómago desde el año 2007 y todavía no ha recibido la atención que le corresponde por parte del Ministerio de Defensa. Según el blog 'La Toga Castrense', el pasado 4 de julio la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo dictó sentencia desestimando el recurso de casación interpuesto por la acusación particular, contra la sentencia absolutoria del Tribunal Militar Territorial I de Madrid, de fecha 28 de noviembre de 2016, en causa seguida por delito “contra la eficacia del servicio” (imprudencia) con resultados de lesiones muy graves producidas a un soldado paracaidista en acto de servicio. El encargado de hacer los cálculos del salto paracaidista ese día fue absuelto y Defensa, como responsable civil subsidiario, nunca ha sido condenado.

Sebastián Ruiz, el padre de uno de los fallecidos en el siniestro de un 'Súper Puma' del Servicio Aéreo de Rescate (SAR) en 2014, denunciaba en medios de prensa las condiciones de seguridad en las que trabajan los pilotos y las trabas que la comisión del Ministerio de Defensa pone en las investigaciones, con el objetivo de "impedir que la responsabilidad llegue a los de arriba". No cesa en su empeño de "limpiar la memoria" de su hijo en los tribunales. El Ejército mantiene que el siniestro en el que perdió la vida el teniente Ruiz fue responsabilidad de los pilotos (él era copiloto aquel 19 de marzo).

A las familias de estos compañeros aún no se les ha concedido el beneplácito de un informe del accidente. El padre del sargento Jhonander Ojeda asegura que fueron disuadidos para que no reconocieran los restos de sus familiares, aún quedan en el fondo del mar restos de ellos y del aparato que tristemente cayo ese día. El padre de este sargento, se enfureció un año más tarde al saber que el Ejército iba a condecorar a los forenses, después haber escatimado una medalla a Jhonander tras sobrevivir a un primer accidente en 2014.

El infante de Marina Juan Carlos Escudero, con una minusvalía reconocida por la Junta de Andalucía de un 42% y por parte del Ministerio de Defensa un 5%, a día de hoy se encuentra sin ayuda de ningún tipo por parte de los que él consideraba "los nuestros". Ha tenido que recurrir a la venta de pañuelos desechables en los semáforos para poder subsistir hasta que la Seguridad Social se hizo cargo de él después de varios años de penurias.

La artillera V. C. A., a la que injustamente se archivó su caso relacionado con una baja médica tras sufrir acosos laborales de un superior, vio cómo no se aceptaban a trámite sus pruebas donde se demuestra su inocencia y por tanto la culpabilidad y responsabilidad de una teniente coronel que, “casualmente,” comparte apellido con infinidad de oficiales.

Nos sorprende ver como se archiva el caso del Juan Sebastián Elcano en el que se encuentran hasta 237 kilos de cocaína después de 'supuestamente' intentar culpar sólo a dos tripulantes; parece que no interesa seguir investigando, no sea que se abra la caja de los truenos y caigan más aparte de los integrantes de la ninguneada escala de Tropa y Marinería.

Un cabo del ejército de tierra, anónimo por miedo a represalias, empezó su calvario hace tres años, y desde entonces llegó a cambiar dos veces de destino para intentar parar el acoso psíquico y psicológico de los oficiales con los que trata a diario. Como ya no podía más, ha tenido que recurrir a la ayuda psicológica e incluso interponer tres partes a dichos oficiales, los cuales no han servido de nada. Su último recurso ha sido denunciar en el Togado de Madrid, pero —me cuentan— tanto la fiscal como la abogada del estado desde un principio le han prejuzgado a él sin ni siquiera tener conocimiento de los hechos. Así que, una vez más, creo que quedaré decepcionado de la jurisdicción militar.

Qué decir del sangrante caso del tristemente famoso Yak-42: el perdón pedido por parte del Ministerio de Defensa a las víctimas por parte de María Dolores de Cospedal no es suficiente cuando algunos de los responsables de la tragedia fueron condecorados y ascendidos y el entonces Ministro de Defensa, Federico Trillo, recompensado con un puesto en una embajada.

Finalmente, el caso de este que suscribe: sin más pruebas que recortes de periódico y vídeos en redes sociales, y aludiendo “probabilidad” en los hechos acontecidos por parte del Ministerio de Defensa en mi posible falta, he sido sancionado con 12 días de sueldo y falta grave por “romper la neutralidad política”, mientras otros llegan incluso a aparecer en listas electorales estando en activo y no ocurre nada al respecto.

Como pueden ver, no se trata de casos aislados sino de un modus operandi utilizado por el Ministerio de Defensa en el que el más débil es ninguneado. Mientras, se alargan los casos mediante recursos en los que los acusadores ni pagan costas, ni aun condenados son sancionados. Y la salud y la economía del más débil hace que muchas veces se rindan.

Jamás entenderé que pinta la Justicia militar en tiempos de paz y más cuando actúa de una manera tan parcial y, por tanto, muy lejos de que su propio nombre indica. Como leí recientemente en un artículo publicado por el oficial de la Armada retirado Arturo Maira, queda constatado que sólo se utiliza de arriba abajo y nunca, por supuesto, haciendo referencia a la palabra "Justicia".

Gracias a las redes sociales y al empeño de unos valientes, ahora podemos decir que todos estos casos salen a la luz y que unos cuantos luchadores cada día estamos más unidos y contamos con el apoyo unos de otros. Sabemos que tarde o temprano #CaeranLosDesleales y que ese día, al fin, podremos hablar de que es justa la Justicia militar.

Jenner López Escudero, Presidente de 45 Sin Despidos, un cabo temporal.