Hay cuestiones políticas en las que la diferencia entre lo que se dice y lo que se hace es tan abismal que no pueden dejar de parecer una tomadura de pelo. Eso da resultado un tiempo, no puede sostenerse eternamente. Una de esas cuestiones es la de la explotación reproductiva donde toda la izquierda dice estar en contra pero se dan pocos pasos. Es el momento de hacer algo efectivo en contra de esta práctica. Después de estar en la política institucional puedo entender que a veces no se hacen cosas porque no se puede o porque no te dejan; porque aunque un ministerio quiera hay otros (del mismo gobierno o incluso del mismo partido) que no quieren pero si eso es así hay que explicarlo. La distancia entre el decir y el hacer no puede ser abismal y no puede serlo siempre.

Desde que comenzó la invasión de Ucrania hemos podido ver distintos mensajes en las redes sociales procedentes tanto de agencias como de personas individuales quejándose de la situación en la que esto dejaba a las familias que habían recurrido a los vientres de alquiler en dicho país. Ucrania es, desde hace tiempo, protagonista de las críticas de quienes combatimos la explotación reproductiva porque ésta se da allí con toda naturalidad, convertida ya en un negocio boyante al que no se le ha puesto ninguna cortapisa legal y porque, además, las condiciones en las que esta práctica se realiza son especialmente terribles.

Una asociación que dice dedicarse a la protección de la infancia nacida en Ucrania y Georgia gracias a esta práctica, decía sentir gran preocupación por las cogestantes. ¿Cogestantes con quién? ¿Quién gesta con ellas, a la vez que ellas? Usar esa palabra inexistente para una acción imposible no es sino una manera para tratar de normalizar la expropiación. El artículo en donde se habla de “cogestantes” y donde esta asociación nos cuela un publirreportaje exige al gobierno que haga algo por las familias (las españolas) que han pagado por explotar a esas mujeres ucranianas. El diario El País en cuestión es el mismo que, en otras ocasiones, ha publicado artículos muy críticos con esta práctica y con la manera en que se hace en Ucrania. Pero en este artículo, cualquier atisbo de crítica ha desaparecido. No es extraño que lleguemos a pensar que hay dinero invertido en ese medio por algún lado o, de lo contrario, no se entiende el cambio radical en la perspectiva de una noticia como esta, casi de un año para otro. Lo mismo cabría decir de las televisiones que estos días dan voz a “madres y padres” que lloran aquí, lejos de la guerra, por unos bebés que han considerado una mercancía y que han encargado a un país donde es legal hacerlo y donde se hace barato. Aluvión de reportajes en todos los medios, sin una sola crítica, con un solo punto de vista, no vaya a ser que se estropee el negocio.

La guerra ha servido también para que algún partido como el PdeCat aproveche para pedir que se regule. Con una población que tiene al 33% por debajo del umbral de la pobreza, aprovechar una coyuntura como una esta para pedir que se legalice algo que va contra los Derechos Humanos es especialmente repugnante. Es evidente que está existiendo presión para utilizar el momento de la guerra y la situación de excepción para dar un paso hacia la regulación. Yo creo que es el momento para exigir que se ilegalice plenamente; que se ilegalice quiere decir que el hecho de recurrir a esta práctica tenga consecuencias que disuadan a los futuros explotadores de mujeres de recurrir a ella.

Por lo que sabemos, el Ministerio de Igualdad tiene previsto considerar la explotación reproductiva como una forma de violencia contra las mujeres así como prohibir las ferias comerciales que ofrecen abiertamente esta práctica. Son pasos importantes. Pero todas sabemos que el paso fundamental sería revocar la posibilidad de inscribir a los bebés en el registro civil de manera sencilla. No se puede seguir criticando los vientres de alquiler y no exigir al Ministerio de Justicia que derogue la instrucción que permite la explotación de mujeres pobres en otros países. Lo que no se puede hacer aquí no debería poder hacerse tampoco fuera o, al menos, no debería validarse aquí. Otros países tienen cerradas estas inscripciones, así que no es imposible. No podemos normalizar el mercado de la explotación reproductiva, sino que hay que combatirlo de manera más decidida.

Desde los poderes públicos se pueden hacer muchas más cosas. Pero una de las más importantes, junto con la derogación de la Instrucción, es deslegitimar socialmente esta práctica. Hay que presionar a los medios (presionar con convenios de Igualdad no es censurar) para que no se conviertan en vías de transmisión de los publirreportajes del lobby de la explotación reproductiva. De la misma manera que se firman convenios (previstos en las leyes) para ofrecer información ajustada sobre la violencia machista o sobre la igualdad, este asunto debería estar incluido. No puede ser que sigamos siendo casi exclusivamente las feministas las que llevemos el peso de criticar esta forma de explotación. Es difícil de asumir que siendo una práctica que está a punto de ser considerada legalmente como una forma de violencia contra las mujeres, estando prohibida en España y en casi toda Europa, los medios sigan presentándola socialmente como normal y sigan dando voz a historias que buscan normalizarla. Es una cuestión de derechos humanos de las mujeres, pero también de la infancia. Los bebés ni se compran, ni se venden, ni se encargan por contrato. Las mujeres no pueden poner precio a su capacidad reproductiva porque eso supone abrir la puerta a un mercado en el que las más pobres se verán obligadas a entrar. Cerremos la puerta ya a esta barbarie.