Expolio nacional o expolio social en Catalunya (y en España)

Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra, y ex Catedrático de Economía. Universidad de Barcelona.

Una de las características del Estado del Bienestar en Cataluña (que incluye las transferencias públicas como las pensiones, así como los servicios públicos como sanidad, educación, vivienda social, servicios sociales, escuelas de infancia - mal llamadas guarderías - , servicios domiciliarios para las personas con discapacidades, servicios de prevención de la exclusión social, entre otros) es el de estar poco financiado. El gasto público social por habitante (que cubre aquellas transferencias y servicios públicos) es de los más bajos de la Unión Europea de los 15 (UE-15), el grupo de países con un semejante nivel de desarrollo económico al de Cataluña y al del resto de España. En realidad, Cataluña se gasta en los servicios públicos del Estado del Bienestar (sobre los cuales tiene la mayor responsabilidad) mucho menos de lo que debería gastarse por su nivel de desarrollo económico. Su PIB per cápita es más alto (un 110%) que el promedio de la UE-15. Y, sin embargo, el gasto público social por habitante no es el 110% del promedio del gasto público social por habitante de la UE-15 sino solo el 72%, lo cual quiere decir que Cataluña se gasta en su Estado del Bienestar aproximadamente 19.000 millones de euros menos de lo que debería. Ni qué decir tiene que esta cifra es una mera estimación, pues la cifra total depende no solo del nivel de desarrollo económico, sino de otros factores como la estructura demográfica, entre otros. Pero aún así, tal cifra es válida para dar una estimación del nivel de gasto público social que Cataluña debería tener de más.

Una consecuencia de este bajo gasto público social es la polarización por clase social de los servicios del Estado del Bienestar, en que el 20% o el 30% de la población en Cataluña con mayores ingresos utiliza (en sanidad, por ejemplo) los servicios privados, mientras que la mayoría de la población (las clases populares) utiliza los servicios públicos. Otro tanto ocurre en el sistema educativo, en el que los niños de las familias con ingresos más altos van a la escuela privada (que recibe cuantiosos subsidios bajo el nombre de “conciertos”) y los de las clases populares van a las escuelas públicas.

¿Es el déficit fiscal la causa del déficit social de Cataluña?

El argumento más utilizado por personalidades provenientes del movimiento independentista, tales como el presidente Artur Mas de la Generalitat de Catalunya, el sr. Oriol Junqueras, presidente de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), y muchos otros portavoces de tal movimiento, es que el déficit fiscal entre lo que Cataluña envía en impuestos y cotizaciones sociales al Estado Central y los fondos que recibe de él (y que cuantifican en una cifra alrededor de 16.000 millones de euros al año, cantidad que equivale, más o menos a un 8% del PIB catalán) es la causa de la subfinanciación de su Estado del Bienestar. Es decir, el estado central se queda con tanto dinero que Cataluña no puede tener el Estado del Bienestar que se merece. De ahí que tales portavoces independentistas hablen frecuentemente en tono belicista del expolio de Cataluña por parte de España.

De esta interpretación del retraso social de Cataluña se deduce que su manera de resolver este enorme déficit de gasto público social sea consiguiendo la independencia para Cataluña, es decir la separación de Cataluña del estado español, argumentando, además (y a fin de reforzar su argumento), de que tal déficit fiscal es mucho mayor del que ocurre en otros países de semejante nivel de desarrollo económico. En realidad, se refieren a este déficit fiscal o “expolio” como el mayor existente hoy en el mundo desarrollado, dato que - tales autores subrayan - puede fácilmente demostrarse viendo las balanzas fiscales que los estados de tales países publican periódicamente.

Esta atribución del enorme déficit social de Cataluña al déficit fiscal existente entre esta Comunidad Autónoma y el Estado Español es ampliamente promovida en los mayores medios de información en Cataluña y, muy en especial, por los medios públicos de la Generalitat de Catalunya como TV3 y Catalunya Ràdio (ampliamente controlados por el partido gobernante de la Generalitat de Catalunya, CDC, Convergència Democràtica de Catalunya, y por su aliado ERC) y por la dirección de los mayores movimientos sociales independentistas tales como la ANC (Assemblea Nacional Catalana) y el Òmnium Cultural. Y como es de esperar, tal argumentación tiene una enorme capacidad de movilización popular, lo cual explica, en parte, las movilizaciones multitudinarias existentes a lo largo del territorio catalán en favor de la independencia. En realidad, es muy difícil para personas que cuestionan tales tesis tener acceso a los medios de comunicación públicos de la Generalitat de Catalunya.

¿Es el supuesto “expolio” tan grande como se presenta?

La evidencia científica y empírica existente hoy en día cuestiona, sin embargo, la tesis sostenida por la mayoría del movimiento independentista de que el gran déficit social que existe en Cataluña sea causada primordialmente por el déficit fiscal entre el estado español y Cataluña. En realidad, el déficit social que Cataluña tiene (es decir, la diferencia entre el gasto público social por habitante y el que debiera tener por su nivel de desarrollo económico) es mucho mayor que el déficit fiscal (tanto el déficit fiscal hinchado - presentado por la mayoría de portavoces del movimiento independentista - como el déficit fiscal real, que es mucho menor del que ellos presentan). En realidad, este énfasis en el argumento del expolio fiscal como causa del déficit social oculta el hecho de que la mayor causa del déficit social en Cataluña no es primordialmente el déficit fiscal – aceptando su existencia que debe corregirse - , sino el déficit de ingresos a la Generalitat de Catalunya, resultado de las políticas fiscales y tributarias y de las prioridades presupuestarias de las autoridades de la Generalitat de Catalunya (así como su tolerancia hacia el fraude fiscal), en colaboración y aliadas con las políticas públicas del estado español (que han ayudado a configurar), todo ello resultado del enorme dominio que las fuerzas conservadoras y neoliberales (que a nivel popular se conocen como las derechas) catalanas han tenido sobre las instituciones del gobierno de la Generalitat de Catalunya durante la mayoría (el 80%) del periodo parlamentario (1980-2015) en Cataluña, y su influencia en las Cortes Españolas, aliadas con los partidos gobernantes en el estado español, y muy en especial con los partidos de derechas de ámbito español, como ha ocurrido durante la mayoría de años de la Gran Recesión. Políticas fiscales y de gasto público seriamente regresivas han sido aprobadas primordialmente por las derechas catalanas no solo en el Parlament de Catalunya, sino también en las Cortes Españolas (en alianza con las derechas españolas), tesis que he mostrado detalladamente en otro artículo (“L’estat de la Catalunya social”, que se publicará el 4 de septiembre en el periódico catalán Crític).

¿Cuán grande es el supuesto “expolio”? ¿De dónde vienen las cifras citadas por el Sr. Mas y el Sr. Junqueras?

El déficit fiscal es – según el método llamado “monetario” de calcularlo - la diferencia entre lo que Cataluña paga en ingresos y cotizaciones sociales al estado español y lo que recibe en todo tipo de transferencias y gastos. Así, en el año 2009, el flujo de dinero de Cataluña al estado español (en ingresos y cotizaciones) fue de 46.195 millones de euros, y el que fue en la otra dirección, del estado español a Cataluña, de 45.403 millones de euros. El déficit fiscal fue pues, de 792 millones (46.195-45.403), una cantidad que es relativamente menor. Ahora bien, a esta cantidad habría que sumársele 15.618 millones, que corresponderían al 19% del déficit público de todo el estado (que era de 81.113 millones) que corresponderían a la parte catalana de tal déficit. El 19% eran, pues, 15.618 millones que Cataluña debía al estado español. De ahí que hubiera que sumar estos 15.618 millones a los 792 millones anteriores, apareciendo así los famosos 16.000 (16.410) millones de euros expoliados de Cataluña por parte del estado español.

Ahora bien, este número tiene problemas serios, como han mostrado Josep Borrell y Joan Llorach en su libro Las cuentas y los cuentos de la independencia (Editorial Catarata. 2015), del cual derivo gran parte de los datos presentados en este artículo. Uno de ellos es que no incluye los servicios comunes que el estado español provee a Cataluña en territorio no catalán y que van desde la diplomacia a infraestructuras de transporte, el ejército y otros gastos que, según estimación del Sr. Mas, suman alrededor de 3.000 o 4.000 millones de euros y que deberían descontarse de estos 16.410 millones de euros. En realidad, es más que probable que el número real sea mucho mayor, tal como muestran Josep Borrell y Joan Llorach.

La construcción del “supuesto expolio”

Pero el mayor problema con esta cifra es que no es representativa del déficit fiscal durante todo un ciclo económico. Los Sres. Mas y Junqueras han escogido el año en el que este déficit fiscal fue mayor en los últimos años, el año 2009. Pero el déficit fiscal - el balance entre el flujo de dinero hacia el estado procedente de Cataluña y en dirección opuesta - depende en gran parte del estado de la economía. Cuando la economía crece rápidamente (como durante los años de la burbuja inmobiliaria) los ingresos al estado central procedentes de Cataluña vía impuestos son, por lo general, mucho más elevados que en momentos de escaso crecimiento o de recesión. De ahí que frecuentemente el déficit fiscal en momentos de gran expansión sea mucho mayor, pues el flujo de dinero de Cataluña al estado central es mucho mayor durante la expansión que en circunstancias normales.

En cambio, en momentos de escaso crecimiento o incluso de recesión, los ingresos al estado central procedentes de Cataluña son menores, mientras que los gastos con fondos procedentes del estado central – sobre todo gastos sociales (como por ejemplo, en seguro de desempleo) – son más elevados. De ahí que, en estos años, el déficit fiscal no solo baje sino que desaparezca y se convierta incluso en plusvalía. Cataluña recibe, en momentos de recesión, más de lo que envía al estado español. De ahí la importancia de no centrarse solo en un año sino en un periodo más largo. Así, por ejemplo, si cogemos el promedio del déficit fiscal durante todo el periodo 2005-2010, veremos que no es el 8% del PIB sino el 5’7% del PIB. En realidad, esta cifra es incluso mucho menor, pues en el cálculo del déficit fiscal no se han incluido los gastos del estado que benefician a Cataluña pero que no están físicamente en Cataluña y que Cataluña tendría que realizar si fuera independiente. El déficit fiscal es, pues, mucho menor de lo que el Sr. Mas y el Sr. Junqueras muestran. En realidad, según la última cifra, la propia Generalitat de Catalunya ha calculado que el déficit fiscal para este año 2015 será equivalente a un 1,5% del PIB, o sea 3.000 millones, que es una cifra, repito, mucho menor que el déficit social, que es de 19.000 millones.

¿Es este supuesto “expolio” el mayor existente en el mundo?

Para contestar a esta pregunta debemos mirar qué pasa en otros países. Y lo primero que hay que señalar es que, en contra de lo que dicen los señores Mas y Junqueras, no hay estado en el mundo que publique tales balances fiscales, es decir, que ni el estado federal de EE.UU., ni el estado federal alemán (por citar dos de los casos que utilizan más frecuentemente estas dos personalidades) publican los balances fiscales. No estoy indicando ni que debieran hacerlo o no debieran hacerlo. Estoy solo constatando que lo que dicen tales señores no es cierto. Lo cual no quiere decir que estén mintiendo, sino que están pésimamente informados. Y la bien conocida falta de actitud crítica de los medios de información de Cataluña explica que estos errores se reproduzcan y multipliquen. Merece especial aplauso el diario ARA, que fue de los pocos rotativos que les corrigieron. El corresponsal en Berlín de tal diario señaló que, en contra de lo que tales señores decían, el gobierno alemán no publicaba tal información.

Gobiernos regionales o estados en países federales, o instituciones privadas o centros académicos, publican de vez en cuando estudios específicos de los balances fiscales. Y por cierto, en uno de estos estudios de la Tax Foundation de EE.UU. (una fundación privada), los déficits fiscales de muchos estados, en EE.UU., eran mucho mayores que el citado por los señores Mas y Junqueras para Cataluña, supuestamente -según ellos - “el mayor del mundo”. Y en el estudio italiano Fiscal Federalism in Italy, publicado por la presidencia del Véneto, los déficits fiscales eran del 11’5% en Lombardía, 10’3% en Véneto, 10’1% en Emilia Romagna, 8’1% en Cataluña y 7’6% en Estocolmo, Suecia.

¿Existe un problema? Sí, hay un déficit fiscal que debe corregirse pero no es la mayor causa del subdesarrollo social de Cataluña

Todo lo dicho hasta ahora cuestiona el argumento de que el déficit fiscal sea la mayor causa del déficit social. Pero la información existente no niega que haya un déficit fiscal (que aunque sea mucho menor del enumerado por dirigentes independentistas debiera corregirse), que también ocurre en otras Comunidades Autónomas, muy maltratadas también por el Estado Central como son Valencia e Islas Baleares, entre otras. Ni qué decir tiene que, como consecuencia del compromiso redistributivo del estado, las regiones más ricas deben aportar al conjunto del estado más que el promedio de todas CCAA. Hay, por lo tanto, un componente de tal déficit fiscal que debería considerarse lógico, aceptable y razonable por parte de aquella población que se considera parte de España. Pero lo que es motivo de discusión es el criterio que sigue tal distribución. Y en España, tal criterio es excesivamente opaco, arbitrario, y fuente de continuos conflictos y tensiones. En realidad, el estado español es muy poco redistributivo (lo cual ocurre también e incluso con mayor intensidad, en la Generalitat de Catalunya dentro de Cataluña). Como consecuencia, Cataluña y España están entre las entidades más desiguales existentes hoy en el mundo capitalista desarrollado. La evidencia de ello es clara y contundente.

En Cataluña, el criterio de distribución de recursos aplicado por el Estado Central a Cataluña es injusto, como lo es para otras CCAA. Un pensionista catalán, por ejemplo, al recibir la misma pensión, por ejemplo que un pensionista extremeño, recibe en realidad menos dinero pues al ser el coste de vida mayor en Cataluña que en Extremadura, el dinero que le llega al catalán tiene menor capacidad adquisitiva que el extremeño. Otro tipo de injusticia, que también se da con otras CCAA, es una discriminación, de claro carácter político (y que se da con mayor intensidad durante los gobiernos del Partido Popular) en la aplicación de inversiones en infraestructuras, como es el caso del corredor Mediterráneo, que ha gozado de muy poca prioridad en el establishment político-mediático basado en la capital del Reino (que no es lo mismo que el Madrid popular con el cual no hay que confundirlo).

Otro objeto de discriminación es la escasa flexibilidad en la aplicación de normativas con la consiguiente uniformización de un país, que goza de una enorme diversidad que el estado central es resistente a aceptar. Todavía otro es el dominio cultural y lingüístico del estado central que asfixia a las llamadas “periferias” y, para mayor INRI en el caso catalán, el estado central ha ignorado sistemáticamente los propios criterios de distribución de recursos establecidos por el Estatut de Catalunya, aprobado por el Parlament de Catalunya primero, y por las Cortes Españolas después, (tras ser “cepillado”) creando una enorme y justa frustración en Cataluña.

De ahí la lógica demanda de mayor autonomía financiera por parte de la mayoría de partidos políticos catalanes, sin que con ello, se implique un menor compromiso con la solidaridad hacia toda España. El supuesto, ampliamente entendido en España, que a mayor concentración de autoridad fiscal en el Estado central, mayor redistribución de recursos, queda claramente falseada por la propia realidad española, donde el estado central, que continua siendo altamente centralizado, continua también teniendo una de las mayores desigualdades en el mundo occidental. Suecia, por el contrario, es uno de los países más descentralizados en política fiscal y es, a la vez, uno de los países con menos desigualdades. En España, la derecha española ha utilizado el argumento de atender a la justicia social para sostener un Estado que beneficia primordialmente los intereses que ella representa. Y en Cataluña, las derechas han utilizado el argumento del “expolio fiscal” para ocultar el expolio social que ocurre dentro de Cataluña así como en España.

¿Qué está pasando en Cataluña?

La Generalitat de Catalunya, gobernada durante la mayoría de años vividos en democracia por un partido liberal (en realidad, neoliberal CDC) y de un partido cristianodemócrata (hasta hace unas semanas, UD) ha estado bajando durante la Gran Recesión los impuestos en el Parlament de Catalunya y en las Cortes Españolas, a la vez que recortando el gasto público social, gasto que no ha sido preferente para la opinión liberal gobernante en Cataluña, que siempre ha favorecido a los servicios privados sobre los públicos. Esta es la realidad que se esconde tras el argumento del expolio fiscal. La cruda realidad es que el gasto público social por habitante, que está por debajo del promedio de la UE-15 y muy por debajo del nivel de riqueza que Cataluña tiene, se debe, en gran parte, al enorme dominio que los partidos liberales (CDC) y conservadores (Unió Democràtica de Catalunya, UDC) han tenido sobre las instituciones de la Generalitat de Catalunya desde que se estableció la democracia en Cataluña y España. Ha sido, y es, pues, el gran dominio de las derechas sobre la Generalitat de Catalunya, que en alianza con las derechas españolas han tenido gran influencia sobre los aparatos del estado central (responsables también del enorme retraso social de España), es el responsable del gran retraso social en Cataluña. Esta realidad está hoy oculta en Cataluña, donde existe una casi abierta dictadura mediática que no permite la exposición de las tesis expuestas en este artículo.

Por paradójico que parezca, ninguno de los argumentos presentados en este artículo va en contra del independentismo sino contra los argumentos del supuesto “gran expolio”, que no son sostenibles. Entiendo y comparto el enfado de la gran mayoría de la población catalana (que es mucho más extensa que la que apoya la independencia) frente a las políticas del estado central, responsables del enorme retraso social de España, incluyendo Cataluña (España continua hoy siendo uno de los países con el gasto público social por habitante más bajo de la UE-15) y su falta de reconocimiento de la plurinacionalidad del estado español. Ahora bien, lo que los independentistas ignoran ahora es que los datos muestran que el gran retraso social de Cataluña se debe primordialmente al enorme dominio que las derechas (partidos y movimientos de sensibilidad conservadora y neoliberal) han tenido sobre los aparatos de la Generalitat de Catalunya y también sobre el estado central. En otras palabras, la alianza de las derechas catalanas, basadas en el establishment político-mediático catalán, con las derechas españolas, basadas en el establishment político- mediático de la capital del Reino, ha sido la causa del sub desarrollo social de Cataluña y también de otros pueblos y naciones de España. Lo ocurrido durante la Gran Recesión es un claro ejemplo de ello.

De ahí que la captura del liderazgo del movimiento independentista por las derechas catalanas (o sea el partido gobernante, CDC) haya sido percibida, con razón, por la mayoría de las fuerzas de izquierda catalanas, como un intento de utilizar el tema independentista por parte de CDC, para evitar el debate sobre el enorme deterioro de la situación social de Cataluña (posponiendo tal debate para una vez conseguida la independencia). Pero las izquierdas españolas deben entender que tal captura del liderazgo del movimiento independentista por las derechas ha sido facilitado en gran manera por la negativa del estado español (negativa expresada por los dos partidos mayoritarios que controlan tal estado) a reconocer el carácter plurinacional del estado español, oponiéndose a que la población que vive en Cataluña pueda expresar su opinión a través de una consulta popular o referéndum. Y esta es la razón del gran crecimiento del independentismo, que utilizando el argumento del expolio (que tiene gran capacidad de movilización) oculta que el problema real en Cataluña y España es el expolio social, es decir, el beneficio que las derechas tanto en Cataluña como en España (y los intereses financieros y económicos que representan) adquieren, en contra del deterioro del bienestar de la población catalana y de todas las otras poblaciones de los distintos pueblos y naciones de España. Así de claro.